La policía antinarcos de Reconquista, Santa Fe, quedó acéfala. Dos jerarcas y dos oficiales principales quedaron sin paraguas judicial después de que el juez federal local Aldo Alurralde dispusiera su detención e indagatoria, acusados por torturas. La orden del juzgado surgió luego de que la fiscalía federal local, con la asistencia de la flamante Procuraduría Contra la Violencia Institucional, reclamara por segunda vez sus detenciones al mismo Alurralde, que citaba a los polis como testigos de los golpes que ellos mismos daban al narcotráfico local. El último operativo, indicado y ejecutado por los antinarcos y admitido por el mismo juez, hizo temblar los pilares del cartel de Reconquista: fueron secuestrados 100 gramos de cocaína. Al menos es la cifra que los polis anunciaron a los cuatro vientos. No hay constatación de otra cantidad (para más, en kilos; o para menos, como raviol plantado), ya que esa información depende de los propios interesados en visibilizar ínfimos resultados como éxitos, e invisibilizar los mecanismos utilizados para lograrlos. El último golpe, el que motivó el pedido del fiscal, Roberto Salum, como informó Página/12 el lunes pasado, en realidad no consistió en un golpe sino en unos cuantos, evidenciados en multitud de fracturas y marcas en los cuerpos y la psiquis de los dos sospechados de dealers. El jueves pasado, Alurralde, a tres días de hecha pública la evidencia de fracturas, ordenó detener a sus cuatro operadores/testigos e indagarlos. El médico policial que intervino no fue siquiera citado. El caso de Reconquista cumple su papel de metáfora o, mejor, de metonimia: es una parte del todo, un excelente modelo de cómo funciona el sistema de persecución policial a la venta de drogas, incluido el soporte funcional de la Justicia, el aporte mediático de la difusión de éxitos, y las múltiples reacciones de la sociedad frente al negocio. La publicación de este diario, que lo único que hizo fue visibilizar lo que se mantenía invisible, desató la división de la sociedad de Reconquista en dos grandes grupos preexistentes bajo la superficie: los indignados por la brutalidad policial y los que reclaman que pasen por las armas a los dos sospechados y al resto de los brujos de Salem que se encuentren en el camino. Las secciones de lectores de los medios locales desataron cadenas de insultos y odios más que de intercambio de opiniones, hasta la habitual muletilla propolicial: “Defienden los derechos humanos de los delincuentes y no los nuestros”.

El operativo 100 Gramos tuvo lugar el 25 de marzo pasado, aunque sus causas se venían acumulando en territorios y libretas policiales. Como lo sugiere la carátula del expediente 062/12, abierto en el Juzgado Federal de Alurralde, “BOD IX s/solicita intervención telefónica (Pta. Inf. Ley 23.737)”, la Brigada Operativa Departamental IX (BOD IX) pidió al juez (y no al revés) escuchas telefónicas que según la usanza policial o bien ya habían sido realizadas y buscaban blanquear, o fueron solicitadas para regular las riendas de la distribución en el barrio, como sanción a los que pretenden un negocio en autonomía. El pedido, como lo indica el número del expediente, se realizó el año pasado y es probable que en la BOD ya hubiera conocimiento de los dos detenidos y hasta contacto previo con ellos.

Esa noche, no uniformados de la BOD IX y la Sección Inteligencia Zona Norte, de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones de la policía santafesina, detuvieron a Gustavo Cernadas y Angel Ramírez. Los testimonios recogidos por el fiscal federal Roberto Salum entre vecinos son descripciones terroríficas de la tremenda paliza sufrida por los dos detenidos, esposados, con las manos por la espalda, pateados sobre los adoquines, golpeados con las culatas, a tal punto que varios testimonios citan que desde la vereda los vecinos gritaban que no les pegaran más.

Tanto Ramírez como Cernadas reconocieron a cuatro de los agresores: el jefe de Inteligencia de Zona Norte, Daniel Musante; el jefe de la BOD IX, Sergio Senn, y los oficiales principales Luciano Martínez y Germán Arce. También denunciaron que en la sede policial fueron revisados por el médico policial, identificado por la fiscalía como Alejandro Daveau, quien no los revisó y los hizo pasar por intactos.

El 19 de abril, después de una minuciosa recolección de pruebas, Salum pidió a Alurralde la detención e indagatoria de sus cuatro colaboradores y del médico. La respuesta del juez fue que “se proveerá oportunamente”, lo que en términos coloquiales vendría a significar provisión para el Día del Arquero. Días después, Abel Córdoba, titular de la Procuraduría Contra la Violencia Institucional (Procuvin), en conjunto con Salum, reiteraron a Alurralde la urgencia de las detenciones.

El lunes pasado, la reiteración del reclamo fiscal fue publicada en este diario. Tres días después, el jueves 2 de mayo, Alurralde decidió conmemorar a los arqueros y ordenó detener con uniformados de la delegación local de la Federal a los cuatro polis santafesinos, e indagarlos en presencia de Salum. Las versiones de cada uno de los detenidos hacían piruetas en torno de las necesidades de dar golpes para acabar con el flagelo de las drogas, tratando de esquivar los detalles sobre las características de esos golpes.

El médico Daveau por el momento quedó exento de la conmemoración. Alurralde debe considerar que no hizo nada.

De eso lo acusan.

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