Un grupo de médicos en El Salvador le practicó una cesárea a Beatriz, la joven que tenía un embarazo de un feto anencefálico (sin cerebro) y que había solicitado un aborto terapéutico para poder salvar su vida. La joven de 22 años padece lupus e insuficiencia renal y el avance de la gestación ponía en peligro su vida. Luego de la intervención, los médicos informaron que Beatriz, quien fue esterilizada a petición propia, se recupera satisfactoriamente aunque todavía se encuentra en un período de alto riesgo. El feto, como se había previsto, falleció a las cinco horas.

El caso de Beatriz (nombre ficticio para proteger la identidad de la joven), a quien un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le negó un aborto terapéutico, acaparó la atención mundial y a su favor se movilizaron embajadas y decenas de organismos internacionales de derechos humanos.

La joven, madre de un niño de un año, fue diagnosticada con lupus eritematoso discoide, una enfermedad que debilita el sistema inmunológico, ante lo cual y argumentando el riesgo para su vida pidió permiso para abortar, algo que en El Salvador puede ser penado con 50 años de cárcel. El pedido de aborto terapéutico tuvo en cuenta además que la niña en gestación sufría una malformación denominada anencefalia, que consiste en la ausencia total o parcial de cerebro. Pero luego de dos semanas de análisis, la Sala de lo Constitucional de la Corte desestimó el miércoles de la semana pasada en fallo dividido el amparo. El Salvador es uno de los cinco países latinoamericanos –junto a Chile, República Dominicana, Nicaragua y Honduras– donde el aborto está criminalizado en todos los casos, incluso cuando corre peligro la vida o la salud de la mujer, como en el caso de Beatriz.

Un día después de conocerse la decisión del máximo tribunal de El Salvador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un fallo histórico, ordenó al Estado salvadoreño garantizar “de manera urgente” la interrupción del embarazo. Fue la primera vez que la CIDH, con sede en Costa Rica, se pronunció sobre un caso en relación con un aborto. Con esta resolución, el fallo de la Sala Constitucional quedó sin efecto. “Debido a las condiciones de salud de la madre, este embarazo atenta contra su vida, hecho que amerita que se tomen medidas extremas y urgentes para salvaguardar su salud”, subrayó la Corte regional. Amnistía Internacional (AI) había calificado de “vergonzosa y discriminatoria” la decisión de la Corte salvadoreña. “Haber sometido a Beatriz a este largo proceso, demorando durante siete semanas la adopción de una decisión que afecta a una persona, cuya vida corre un riesgo inminente, es algo cruel, inhumano y degradante”, denunció AI. Incluso, días atrás, Naciones Unidas (ONU) en El Salvador se pronunció exhortando a las autoridades competentes a tomar las medidas necesarias posibles para proteger el derecho a la vida de la joven.

El jueves pasado, Beatriz reveló que los médicos del Hospital de Maternidad en San Salvador le anunciaron que sería sometida a una cesárea esta semana. “Me siento muy bien, porque ya me lo van a hacer. Me lo dijeron los médicos, que la otra semana me van a hacer la cesárea”, afirmó la joven en su momento. Por lo avanzado del embarazo –se encontraba en la semana 27–, la ministra de Salud de El Salvador, María Isabel Rodríguez, aclaró que no se trataría de un aborto, sino de un parto inducido.

Tras la operación a la que fue sometida, Beatriz se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Maternidad estatal de San Salvador. El director de ese centro, Roberto Sánchez, indicó en una rueda de prensa que la paciente ha tenido “una respuesta bastante buena” a la intervención. “Aunque se encuentra estable y bajo una vigilancia estrecha, la joven aún está en un período de alto riesgo por la situación posoperatoria y los problemas derivados del lupus que padece”, señaló la jefa de la UCI, Xochilt Sandoval.

La ministra salvadoreña de Salud expresó, por su parte, su satisfacción porque hubo “un resultado con final feliz” y agregó que la paciente solicitó ser esterilizada y se actuó “conforme a sus deseos”.

El asesor jurídico del Ministerio de Salud, Carlos Castillo, sostuvo que la legislación de su país “es bastante rígida” en lo referente al aborto y dijo coincidir con el fallo de la Sala de lo Constitucional respecto de que “debería existir un procedimiento extrajudicial” que permita a los médicos actuar “sin responsabilidad penal” en ciertos casos. Sin embargo, Castillo afirmó que “el equipo médico estuvo dispuesto incluso a someterse a un proceso judicial”.