Sábado, 8 de junio de 2013 | Hoy
SOCIEDAD › RAúL ZAFFARONI, EN EL CIERRE DEL CONGRESO INTERNACIONAL CONTRA LA TORTURA
Para el ministro de la Corte, si bien las policías son el agente principal de la tortura, no actúan solas: los medios hegemónicos, dijo, construyen la agenda para que los legisladores, “irresponsablemente”, sancionen leyes penales.
Para el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni, la responsabilidad por la aplicación de torturas, en la actualidad, no es exclusiva de las fuerzas de seguridad sino que, además, existen responsabilidades judiciales, políticas, legislativas y de los medios de comunicación. “El agente principal de la tortura, en nuestra región, son nuestras policías, que no actúan solas: operan dentro de determinados marcos de poder contra personas que son estereotipadas a través de construcciones sociales de la realidad que hacen los medios de comunicación, fundamentalmente la TV. En nuestro país se fabrican los adolescentes de barrios precarios, que son las principales víctimas de maltratos”, enfatizó el juez. Lo manifestó anoche, en el cierre del primer Congreso Internacional contra la Tortura, que se llevó a cabo desde el jueves en la Biblioteca Nacional.
En cuanto a la responsabilidad legislativa, Zaffaroni enfatizó: “Se fabrican irresponsablemente leyes penales, a partir de una agenda marcada por los medios masivos que están al servicio de sectores hegemónicos que concentran la renta”.
“Estamos en una situación penal anárquica, insegura y confusa. Tenemos en nuestras manos los escombros de lo que fue un respetable Código Penal. Esto es consecuencia de la construcción social de los medios masivos, que no es ingenua”, sentenció.
El ministro de la Corte compartió la conferencia de cierre con el magistrado español Francisco Muñoz Conde, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, y con Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación, anfitriona del encuentro. Julián Langevin, defensor oficial ante la Corte Suprema, fue el moderador del panel.
“En todo proceso de concentración de renta, en que se pretende una distribución y no se logra, necesariamente los que se quedan con la menor renta se sienten incómodos. Se mueven, hay que controlarlos. El control se vuelve represivo y en ese marco tenemos que enfrentar la manifestación más cruel de la violencia institucional, que es la tortura”, subrayó el juez de la Corte.
El auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional estaba colmado. Había jueces, fiscales, defensores y penalistas, todos convocados por la presencia del ministro de la Corte. “A doscientos años de la abolición de la tortura en la Asamblea del año XIII seguimos hablando de tortura porque existe –continuó Zaffaroni–. Los juristas que nos precedieron usaban eufemismos. Decían que no se podía practicar la tortura más de veinte minutos, entonces los torturadores interrumpían la sesión para luego volver a empezar. Hoy seguimos usando eufemismos. La incomunicación (de un detenido), por ejemplo, es ocasión para la tortura. No la legalizamos, pero usamos el eufemismo.”
Luego de hacer un rápido repaso por el origen de la práctica de la tortura, Zaffaroni se refirió a la situación del sistema penitenciario. “Nuestras cárceles latinoamericanas sufren un mal endémico que es el hacinamiento y que tiene que ver con que las cifras dominantes son de presos que no están condenados”, afirmó.
El ministro de la Corte intentó explicar por qué se tortura en las cárceles. “Hay una tortura carcelaria que se deriva de una extrema sobrevaloración de la disciplina. Se tienen que evitar la fuga y los motines a cualquier precio”, dijo el magistrado.
“Luchamos contra aquellos que dicen que nos defienden y lo que buscan es que haya más poder represivo para tener una inseguridad absoluta frente a ellos como sector hegemónico”, concluyó.
El panel de cierre se extendió durante más de dos horas en las que los expositores hablaron de derecho romano imperial pero también de las prácticas de violencia institucional actuales, con ejemplos claros y concretos. Las palabras finales estuvieron a cargo de Stella Maris Martínez, quien anunció que el cierre de la campaña contra la tortura, que empezó en marzo de este año en la ex ESMA, será en noviembre en la provincia de Tucumán.
“Aunque aún falta mucho, tenemos que seguir luchando de manera firme contra la supervivencia de la tortura: hemos dado un gran paso cuando dejamos de ver a la tortura como un problema de derecho penal y lo consideramos un problema de derechos humanos”, sostuvo Martínez.
El congreso, que se inició el jueves, superó en expectativas a sus organizadores. Se inscribieron 700 personas, pero los salones estuvieron repletos en cada charla, incluso en los paneles que se hacían de manera simultánea.
La jornada de ayer comenzó a las 9.30, con un panel sobre dictadura y tortura. En el salón principal hablaron el juez federal Daniel Rafecas, el magistrado de la Audiencia Nacional de Madrid del fuero penal Ramón Sáenz Valcárcel y los abogados Pablo Salinas y Ana Oberlín.
En su exposición, Oberlín incorporó el tema de la violencia sexual en centros clandestinos de detención y la necesidad de diferenciar, a nivel judicial, los crímenes de género de la dictadura de la tortura.
“Este encuentro habla de un país que tiene memoria y demuestra, también, que estamos mucho mejor que hace diez años”, dijo al abrir su disertación el procurador penitenciario, Francisco Mugnolo.
Por su parte, Mario Juliano, juez penal de Necochea, habló de situaciones de tortura concretas y recurrió a un video documental para hablar del aislamiento como práctica de tortura. Esta técnica también fue mencionada el jueves por Juan Méndez, relator sobre la tortura para las Naciones Unidas, en la conferencia inaugural del congreso.
“Hay que limitar al extremo las condiciones de detención crueles, inhumanas y degradantes que conducen a la depresión, a las alucinaciones y otras problemáticas”, dijo el juez, que integra la organización Pensamiento Penal. También se refirió a la inconstitucionalidad de la pena a prisión perpetua, posición que expresara recientemente en un fallo. “Es cruel, inhumana y degradante. ¿En qué lógica puede caber que podamos condenar al autor de un delito común con la misma carga que un delito de lesa humanidad?”, se preguntó.
A su turno, Claudio Nash, director del Centro de Derechos Humanos de Chile, celebró la realización del congreso: “Como chileno había sobrevivido bien a que ustedes tuvieran Papa, reina, pero ya no puedo sobrepasar la envidia que me genera que ustedes tengan este congreso”, sostuvo, despertando risas entre el público.
El Congreso Internacional contra la Tortura forma parte de las actividades de la Campaña Nacional contra la Tortura, iniciada en marzo en la ex ESMA con el objetivo de sensibilizar a la sociedad frente a prácticas degradantes que aún existen y de mejorar los mecanismos institucionales de prevención y sanción.
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