El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió ayer sobre “lo poco que se ha logrado en estos cinco años en términos de mejorar las viviendas” de las familias afectadas por la contaminación de Riachuelo. El organismo se pronunció al cumplirse ayer un nuevo aniversario del fallo de Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que ordenó el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

En una declaración, el CELS sostiene que “resulta sustancial que el saneamiento del Riachuelo contribuya efectivamente a mejorar la calidad de vida y garantizar el derecho a la vivienda digna de los habitantes más vulnerables de la Cuenca”.

“Para ello –argumenta el organismo– es indispensable que la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) adopte un protocolo de actuación para las situaciones que requieren la relocalización de población, tal como lo vienen reclamando el CELS, junto al Cuerpo Colegiado de la sociedad civil, la Defensoría General de la Ciudad y numerosas organizaciones.”

Tal como publicó Página/12 el domingo, una de las asignaturas pendientes para el cumplimiento del fallo de la Corte es el traslado de las familias que viven en la ribera del Riachuelo, especialmente en la Villa 21-24, en Barracas, y en la Villa Inflamable, en Dock Sud, partido de Avellaneda. la Corte dictó su histórico fallo el 8 de julio de 2008.

“El establecimiento de protocolos permitiría establecer pautas mínimas de participación, adopción de consensos, acceso a la Justicia y especialmente estándares de derecho a la vivienda para definir la localización, calidad, accesibilidad y provisión de servicios que deben satisfacer las nuevas viviendas”, argumenta el CELS.

Para el organismo, “resulta fundamental que la Justicia, en el marco de esta emblemática causa, priorice la realidad y necesidades de los vecinos que ven vulnerados sus derechos en los procesos de relocalización por las múltiples deficiencias, demoras e incumplimientos de estándares mínimos de calidad en la construcción de nuevas viviendas”.

En ese sentido, consideró como “un hecho auspicioso la posibilidad de hacer oír su voz y demostrar su situación habitacional y ambiental que tuvieron vecinos y vecinas de villas y asentamientos de la Ciudad afectados por el proceso de saneamiento durante la inspección ocular judicial realizada el pasado jueves 4 de julio”.

Al respecto, el CELS recuerda que la Corte ordenó a fines del año pasado a los jueces a cargo de la ejecución de la sentencia, Sergio Torres y Jorge Rodríguez, que pusieran “especial énfasis en el cumplimiento de metas y objetivos que involucran en forma directa a la población en situación de riesgo”.

“El máximo tribunal aclaró que quienes invoquen la calidad de afectados deben poder participar y ser oídos en la causa. Del mismo modo, advirtió que debe preservarse el derecho de todas las personas relocalizadas a acceder, en los nuevos inmuebles, a los servicios públicos esenciales”, manifestó el organismo en su declaración. Las observaciones se refieren a las deficientes condiciones habitacionales en las que fueron relocalizadas muchas familias de la ciudad de Buenos Aires.