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El Operativo Cóndor de coordinación represiva en el Cono Sur tiene su capítulo argentino y uruguayo, que ahora podrían cruzarse una vez más en una investigación. Un diputado oriental pidió a la Justicia argentina que determine si hubo un centro clandestino con calabozos en una de las sedes de la Embajada de Uruguay en Buenos Aires. El legislador Luis Wilfredo Puig Cardozo ya había presentado las fotos que probarían la existencia de estas celdas ante la Justicia de su país, pero como la denuncia no avanzó decidió volver a plantearla de este lado del Río de la Plata. “La reacción fue muy positiva, porque el juez se mostró dispuesto a investigar”, dijo el diputado a Página/12 tras su encuentro con el juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la investigación de los crímenes cometidos bajo la órbita del Cóndor. Este magistrado será quien determine si las autoridades de esa sede diplomática tuvieron tal grado de involucramiento en el plan por el cual los perseguidos en cada país del Cono Sur podían ser apresados en los países limítrofes durante sus exilios.

“Luego de presentarle fotos y documentos le explicamos al juez cómo nos enteramos de todo esto. Sabemos que la mayoría de los uruguayos víctimas del Cóndor estuvieron en el centro clandestino de Automotores Orletti, que comenzó a funcionar el 9 de junio de 1976. Sin embargo, hubo secuestrados desde 1974 y 1975, cuando se dio la clara participación de la Cancillería uruguaya, que emitió órdenes a las embajadas de todo el mundo, pero respecto de la argentina fue más preciso el monitoreo a los opositores, que derivó en hechos como la anulación de los pasaportes de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, que no pudieron salir del país, fueron secuestrados el 18 de mayo de 1976 y asesinados el 20”, relató Puig, diputado del Partido por la Victoria del Pueblo-Frente Amplio,

Según la denuncia –presentada ayer junto a la abogada Elizabeth Gómez Alcorta y a Lucho Ruiz, uruguayo exiliado desde 1975–, los calabozos funcionaron en el subsuelo del edificio del Consulado uruguayo en Buenos Aires, en la sede de avenida Las Heras y Ayacucho. “El hecho de que numerosos ciudadanos uruguayos fueran secuestrados en Buenos Aires por agentes del Estado uruguayo, siendo algunos de ellos posteriormente trasladados a Uruguay y otros desaparecidos en el vecino país, y la constatación de la existencia de centros clandestinos de detención durante este período, nos lleva a preguntarnos si en esta sede diplomática funcionó uno de estos centros”, dice la presentación.

El diputado Puig había tomado conocimiento de la existencia de tres celdas en el primer subsuelo de la sede consular por el testimonio de residentes uruguayos en Argentina. En una reciente visita junto a una delegación, constataron la veracidad de la denuncia y obtuvieron un registro fotográfico para presentar como prueba. “En octubre pasado las llevamos ante la Justicia uruguaya, pero nunca nos llamaron, así que propusimos hacer la denuncia en la Justicia argentina, en la causa que ya investiga el Plan Cóndor”, explicó Ruiz.

Por su parte, el diputado Puig mencionó los nombres de otras víctimas que pudieron haber pasado por esos calabozos, que se encuentran intactos y preservados. “Tienen rejas y unas gruesas planchuelas de acero, sabíamos que durante la dictadura entraban y salían detenidos de la embajada, que había un sector que llamaban ‘el hotelito’”, completó. La rápida respuesta que ponderaron los uruguayos en la actitud del juez se resume en el compromiso de contactarse con la Cancillería para poder realizar una inspección ocular en el lugar.

Los sobrevivientes ya habían denunciado que la embajada uruguaya había sido parte del circuito represivo del Cóndor, y hace dos años presentaron documentación ante la Justicia argentina para demostrar que funcionó como una trampa para los exiliados que acudieron a ella.