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A cuatro años de la muerte de Jonathan “Kiki” Lezcano y Ezequiel Blanco, ultimados ambos por un policía –pasado luego a disponibilidad–, ayer sus familiares, abogados y otros referentes contra la violencia institucional se reunieron en la Legislatura porteña. Los abogados Juan Manuel Combi y Adriano Agreda denunciaron el faltante de dos piezas fundamentales para reconstruir lo ocurrido con los jóvenes: sus ropas y las supuestas armas que portaban, según denunció el policía que los ultimó. “Se perdieron en las últimas inundaciones. Esa fue la única explicación que nos dieron”, contó una vocera de la Agrupación Kiki Lezcano. Durante la conferencia, también se sostuvo que este oficial pasado a disponibilidad recibía asistencia jurídica “de la familia policial”, más precisamente de Marcelo Emilio Pecorelli, denunciado por el Ministerio de Seguridad de la Nación por utilizar personal de la fuerza para defender a colegas en causas penales.

El 8 de julio de 2009, el agente de la Policía Federal Daniel Veyga disparó contra los dos jóvenes con su arma reglamentaria y luego aseguró, en un escrito ya que nunca se sentó delante de algún magistrado, que éstos querían robarle su auto y actuó en defensa propia. Según Veyga, Kiki y Blanco entraron en su vehículo, vieron su uniforme policial en la parte de atrás y quisieron matarlo. Un solo testigo, un vecino que pudo ver la supuesta tentativa de hurto, dijo oír tres disparos pero no presenció el hecho en sí.

La presentación espontánea del agente, varios testimonios de sus colegas intervinientes de la comisaría 52 de Villa Lugano y el testigo que oyó tres disparos (del arma del policía), le bastaron al juez Facundo Cubas para sobreseer a Veyga. La familia de los chicos recién halló los cuerpos dos meses después, Kiki fue enterrado como NN en una fosa de Chacarita y Blanco estaba en una morgue judicial. “Nunca los llamaron del juzgado para avisarles que habían muerto sus hijos. Y el mismo día en que accedimos a la causa, Cubas sobreseyó a Veyga”, recordó Agreda.

El sobreseimiento fue confirmado dos meses después por la sala séptima de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña. En 2011, luego de la aparición de un video que muestra la agonía de uno de los chicos y la falta de reacción del personal policial, la Casación Penal apartó a los anteriores magistrados y reabrió la causa. Ayer, Angélica Urquiza, madre de Kiki, pidió justicia acompañada por Pablo Pimentel, de la APDH de La Matanza; Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, y Pablo Ferreyra.

“Sabemos que la muerte de los chicos no se produjo como dijo Veyga. El problema ahora, después de sortear toda la maquinaria judicial, es llegar a saber qué es lo que realmente pasó”, concluyó Agreda.