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El gabinete del gobernador Felipe Solá se encuentra dedicado a full a resolver el problema que más reclamos públicos desata: la inseguridad. Trabajan sobre cuatro grandes ejes: desarmaderos, venta de alcohol a menores, desarme de la población y análisis patrimoniales a los capangas de la Bonaerense (ver aparte). El paquete de decisiones saldrá por decreto en las próximas horas. Todos los desarmaderos del territorio provincial deberán cumplir con una rigurosa reglamentación: los que no lo hagan, quedarán marcados como ilegales. Respecto de la venta de alcohol, fuentes gubernamentales desmintieron que se trate de una Ley Seca. “Los kioscos ya tienen prohibida la venta desde el ‘97”, señaló un funcionario. Ahora van a multiplicar la vigilancia, agravarán las sanciones y agilizarán el trámite para aplicarlas. Los comercios habilitados (supermercados y almacenes) deberán cumplir normas más estrictas. Las cifras que maneja Solá indican que casi la mitad de los homicidios en su provincia no tiene que ver con problemas de inseguridad sino con violencia familiar o riñas entre vecinos. Con esa idea, el fin de semana pasado se comenzó a hablar sobre un plan de desarme de la población.
El ojo del huracán quedó apoyado sobre los desarmaderos. Según aseguradoras y concesionarias, mensualmente se roban alrededor de 11 mil autos. Página/12 informó en su edición del domingo que la mitad de los autos robados pasa a manos de la pesada mafia de los desarmadores, protegida por policías y políticos municipales. Si el corte de un auto produce autopartes por un valor de 4 mil pesos, según estiman los especialistas, el negocio montado alrededor de los desarmaderos bordea los 270 millones de pesos. Y esto representa sólo la mitad del negocio que rodea al robo de autos. El robo automotor muestra además un índice de homicidios que se incrementa. “Es la principal causa de homicidio doloso en la provincia”, había señalado Marcelo Saín a este diario durante una entrevista exclusiva.
Los desarmaderos y las muertes por robo de autos estaban puestos en la mira pública, pero durante el último mes desataron puebladas y reclamos que hicieron tambalear unas cuantas comisarías, a unos cuantos comisarios y a la credibilidad pública del propio gobernador. El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Beliz, la semana pasada instó a Solá en una declaración durísima a “tomar el toro por las astas”, recordando la lectura de Saín cuando ocupaba el cargo de viceministro de Seguridad bonaerense. Ayer, Beliz volvió a la carga: “Debemos romper todo tipo de complicidad entre sectores políticos y la delincuencia”.
Según reveló una fuente oficial a este diario, “el rubro desarmaderos es absolutamente caótico. Es tal el marasmo que algunos fueron habilitados hace 40 años”. La idea es que se abra una especie de reempadronamiento, con un plazo a definir (se especula que será de entre 30 y 60 días). Todas las habilitaciones caducarán, pero permanecerán provisorias durante ese lapso. Pasado ese tiempo sólo quedarán habilitados los que hayan completado los nuevos requisitos: por un lado, se va a requerir habilitación en un registro policial. Por otro, deberán cumplir con una nueva habilitación municipal.
“Cuando pase el plazo –agregó el vocero–, los que no tengan la oblea de habilitación policial, los nombres de los dueños reales en la puerta, y la habilitación municipal, quedarán afuera. Y cada intendente será responsable de quienes están habilitados en su jurisdicción”.
–¿Cuál es la diferencia con lo que ocurre hasta ahora? –preguntó este diario.
–Antes había que embocar a un desarmadero con un auto antes de ser desarmado o con un block de motor con numeración. Y eso era difícil. Ahora, no hará falta. Con que no esté en regla quedará cerrado. Calculamos que mucho más de la mitad va a quedar afuera. Aprovecho para desmentir quese vaya a prohibir la venta de autopartes. Lo que pasa es que cada autoparte deberá tener un origen bien definido y legal.
Como explican los expertos, los desarmaderos operan generalmente sobre locales habilitados, con cuatro o cinco autos comprados legalmente y con factura, y una veintena o más cortados en partes de origen incomprobable. Por el momento, el decreto sobre desarmaderos pasa por un minucioso análisis jurídico.
Simultáneamente, el gobierno bonaerense trabaja sobre la prohibición de venta de alcohol a menores de edad. Las bases del decreto fueron tomadas de tres proyectos de modificaciones de leyes que la Subsecretaría de Atención a las Adicciones desarrolló durante el primer semestre y está por enviar al Congreso Nacional, y cuyas bases anticipa en forma exclusiva Página/12:
- La ley nacional contra el alcoholismo, en la que se acotará la publicidad de bebidas alcohólicas.
- La legislación tributaria, en la que se incrementará la carga impositiva sobre la cerveza (“es más barata que la leche”, señaló una fuente gubernamental).
- El Código Penal, en el que se quiere establecer como figura delictiva la venta de alcohol a menores.
Mientras estos proyectos de ley siguen su recorrido en el Parlamento, Solá analiza un decreto que se incorporará al plan de seguridad. “La venta de alcohol a menores en kioscos ya está prohibida desde el ‘97 –aclaró el subsecretario Claudio Mate–. Hasta ahora, el control es a través de inspectores, y la sanción es mínima. Se apunta a reordenar, dar mayor celeridad a la aplicación de multas. También, se van a exigir condiciones de venta más estrictas a los comercios habilitados (supermercados y despensas)”.
El fin de semana pasado empezó a plantearse otra pata del plan de acción: el desarme de la población. Según señaló un vocero “el 45 por ciento de los homicidios en la provincia no tiene que ver con los reclamos de inseguridad típicos (robos, asaltos) sino que se producen por violencia familiar o riñas entre vecinos”. Aún no se sabe si se organizará un plan canje de armas por alimentos, o se adoptarán otras formas. Pero se avanza abarcando las organizaciones comunales, educativas, iglesias, ONG. La idea es instalar la cultura de que un arma irremediablemente va en perjuicio del que la porta. “Un pibe con antecedentes no va a ir a entregar un fierro por 150 pesos en carne –sostuvo el vocero–, pero intentaremos que los que lo rodean lo empujen a hacerlo.”