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Con el lema “Honestidad y Eficiencia”, que el ministro de Justicia Gustavo Beliz confesó imaginar pintado en las puertas de los patrulleros, el gobierno nacional lanzó ayer un voluminoso programa de reformas en la Federal. Beliz hizo el anuncio ante toda la cúpula policial y 500 cadetes de la Escuela de Suboficiales. Se trata de 40 puntos a cumplir a corto, mediano y largo plazo. Los comisarios deberán elevar en el término de 30 días un mapa del delito tipificado en su zona y un plan para combatirlo. Será la gente, mediante una encuesta de hogares, la que determine si el objetivo se cumple. Habrá premios por lo que se definió como “productividad” y las comisarías deberán cumplir con la norma ISO de la eficiencia. Dos mil policías serán agregados a la prevención en la calle. Crearán una superintendencia de Derechos Humanos. Entre las sorpresas del plan, se anunció que las comisarías deberán hacer público el listado de sus integrantes, que se cuadruplicará su caja chica y que deberán hacer un balance público de sus gastos. “Que sigan comiendo pizza, pero que la paguen”, confió una fuente del Gobierno.
La presentación del plan de 40 puntos tuvo lugar ayer, durante la mañana, en la Escuela de Suboficiales de la Federal, en Chacarita. Ante 400 jefes policiales, y con la presencia del jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra; del secretario de Seguridad, Norberto Quantín; de los subsecretarios de Seguridad y Justicia, José María Campagnoli y Pablo Lanusse, y de Seguridad Deportiva, Javier Castrilli, Beliz anunció y detalló el programa de reformas. Prácticamente durante una hora, el ministro bajó la línea de la “Honestidad y la Eficiencia” y reconoció que aspira que el lema aparezca pintado en las puertas de los patrulleros.
A diferencia de la estrategia inicial fijada por Felipe Solá en la provincia, los cambios fijados por el gobierno nacional no atacan objetivos delictivos sino cuestiones relativas a la eficiencia. “Apuntamos a una mayor transparencia de la gestión policial”, dijo a Página/12 el subsecretario Campagnoli. Y los 40 puntos parecen tender en esa dirección. Acercar la policía a la gente mediante hechos y efectos que no necesariamente implican una modificación estructural. Pero de trasponer el gesto discursivo y transformarse en hechos, podrían modificar la imagen del hasta ahora bizarro lema de “Al servicio de la comunidad”. “La impunidad –dijo Campagnoli– genera inseguridad en la gente. Los procedimientos no salen o se llega tarde. Todo eso tiene que ver con su eficacia. Se trata de potenciar y mejorar la calidad del servicio de policía.”
Para mejorar su funcionamiento, las comisarías recibirán el cuádruple de su caja chica. Hasta ahora recibían la friolera de 250 pesos mensuales para gastos menores, sin contar la nafta y demás gastos fijos. De algún modo, se tiende a evitar el acostumbrado “mangazo” de favor. Pero tendrán la obligación de hacer público cada 30 días un balance donde se explique en qué consistieron los ingresos y los egresos. Los comisarios serán responsables del balance, para lo que contarán con apoyo de personal del Departamento Central. También deberán hacer público el listado de integrantes de la comisaría, los adicionales que realiza y cobra cada uno, como también las asignaciones extraordinarias. Campagnoli reveló que la publicación se hará a través de una página web en Internet.
Si esos ítems apuntan a la transparencia, otros están dirigidos a la eficiencia. La ciudad está dividida en siete circunscripciones policiales de las que depende un número variable de comisarías. Cada comisario estará obligado a desarrollar un mapa del delito. “Deberá figurar la modalidad delictiva –señaló Campagnoli–, en qué lugar y horario ocurren, con qué características. Se lo llama mapa duro. Lo deberán elevar a la circunscripción cada 30 días, con un plan plurianual (como mínimo de dos años) para enfrentarlo. Ese plan se evaluará y al comisario se lo proveerá de las herramientas para poder cumplirlo.” Las estadísticas que surjan serán trabajadas con la colaboración de las universidades. Ese mapa se contrastará con otro que surgirá de una compulsa entre los vecinos. “Son los mejores fiscales”, deslizó Campagnoli. La encuesta la realizará el Indec al modo de la Encuesta Permanente de Hogares. El contraste entre ambos mapas determinará si el comisario cumplió o no con sus objetivos. En caso de que cumplan, “se los premiará”, anunció Beliz. Fuentes ministeriales señalaron que “aún no está definido en qué consistirá el premio. En parte será económico y surgirá de un Fondo de Productividad que se pondrá en marcha a partir de los seis meses de aplicación del plan”.
Un tercer mapa consistirá en un seguimiento de las detenciones. La idea es que se transforme en una guía sobre el funcionamiento en fiscalías y juzgados, para desarticular el viejo adagio popular de doble filo: “Entran por una puerta y salen por la otra”. La policía suele detener sin pruebas (la clásica detención por portación de rostro), con lo que la Justicia deja libre al detenido rápidamente. Pero en los casos en que se detiene con pruebas, no siempre la Justicia responde consecuentemente o suele perderse en burocracias. “Vamos a rendir cuentas, pero que rindan cuentas todos”, sostuvo Campagnoli.
En cuanto a la prevención del delito, se decidió volcar mayor número de uniformados a la calle. Dos mil serán desafectados de tareas de custodia y serán enviados a cubrir rondas. Se apresurará la preparación de los 500 cadetes que ayer escucharon el discurso para lanzarlos a la vigilancia. En los próximos días, trámites como el de certificado de domicilio (ver aparte) serán desviados a los Centros de Gestión y Participación porteños, con lo que alrededor de mil policías podrán ser derivados a tareas de prevención. Al mismo tiempo, en acuerdo con el gobierno porteño, se abrirán 16 nuevas fiscalías contravencionales en los CGP. Beliz anticipó que la próxima semana se inaugurarán las fiscalías de Pompeya, La Boca y Constitución, y convocó a los fiscales a que recorran los barrios y se pongan en contacto con la gente. Se creará una Brigada Antinarcóticos, que trabajará en conexión con la Prefectura, Gendarmería y policías provinciales, y se duplicarán las brigadas de investigaciones sobre territorios concretos.
Para la semana que viene, el Gobierno se impuso avanzar sobre una ley de los desarmaderos. Tiene el apoyo de fabricantes de autos, concesionarias y comerciantes de repuestos. Tomarán como base la que ya tiene media sanción en el Congreso, presentada por la diputada Marita Percevall, del PJ mendocino. Entre sus tramos más importantes dice que la numeración de los motores de los vehículos deberá repetirse en distintas partes del auto.
Comenzarán en forma inmediata los operativos sorpresa en 50 puntos de la ciudad, se realizarán controles en escuelas y estaciones ferroviarias, y vigilancia en las plazas durante las 24 horas. Una alta fuente del Ministerio de Justicia aseguró a Página/12 que para reforzar las tareas de prevención policiales “se analiza la reincorporación de 500 gendarmes de la zona de Capital y Conurbano”.
Para no dejar con la boca abierta a la cúpula, también se anunció ayuda a las familias de policías caídos o discapacitados severos, que contempla la incorporación de un familiar como empleado en algún organismo del Estado. Y para los uniformados con buena conducta se abrirán créditos blandos en los bancos Nación y Ciudad de Buenos Aires. “Queremos que vivan en la Capital –señaló un técnico ministerial–. Muchos viven muy lejos, en el Conurbano, y terminan quedándose a dormir en la ciudad, generando muchos problemas.”
–¿Problemas de viaje?
–No sólo de viajes. También familiares. Tienen una familia acá y otra allá. Gastan el doble y los comen los nervios y el sueño.