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Eduardo Moliné O’Connor, el supremo tenista, no parece estar dispuesto a entregar su poltrona de ministro de la Corte así como así. Al menos eso es lo que interpretaron los miembros de la Comisión de Juicio Político que ayer le formularon 10 cargos por mal desempeño en sus funciones. Sucedió que unos minutos antes de comenzar la reunión, el presidente del cuerpo, Ricardo Falú, recibió un escrito del juez Norberto Oyarbide solicitando información sobre la comisión en el marco de una causa que tiene a su cargo. Los diputados consideraron la sorpresiva aparición del juez como “una curiosa intromisión” en el proceso que se instruye contra Moliné. El caso del cortesano no fue el único punto que conversaron los legisladores. También comenzaron a discutir la estrategia a seguir con el resto de los magistrados y, según trascendió, los procesos incluirían a Augusto Belluscio, uno de los jueces que no integra la mayoría automática.
Según Falú, el oficio remitido por Oyarbide no identifica al denunciante y sólo saben el título de la carátula: “Perturbación del ejercicio de la función pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. Si bien el escrito se limita a solicitar la conformación de la comisión actual y la del año pasado, así como también el dato de quiénes fueron los que firmaron la acusación a los 9 cortesanos en 2002, ello no impidió que las especulaciones entre los legisladores se dispararan de inmediato.
No es la primera vez que Oyarbide hace su aparición en la comisión cuando se está debatiendo un proceso contra los cortesanos. El año pasado, el juez solicitó a los integrantes de la comisión no sólo sus datos sino incluso el número de sus teléfonos celulares. En esa oportunidad los diputados rechazaron de plano el pedido por considerarlo una “intromisión”. Justamente ayer, cuando Falú informó la novedad, la primera en recordar lo sucedido fue la arista Elisa Carrió. La chaqueña fue un poco más allá y destacó la “impunidad” que le garantizó el Senado al juez cuando llegó su juicio político a la Cámara alta. “Es una jugada mucho más compleja de lo que suponemos”, indicó Carrió.
La intromisión de Oyarbide generó el rechazo de todos los diputados. El más enojado fue el radical sanjuanino, Juan Minguez, quien tiró sobre la mesa la posibilidad de pedir un jury contra el magistrado en el Consejo de la Magistratura. Los legisladores se abocaron luego a la decena de cargos que se formularon en contra del supremo tenista a partir de las causas Meller, Magariños y Macri.
Una vez que se firmó lo que se conoce como capítulo de cargo, y que Moliné deberá responder personalmente o por escrito el próximo jueves al mediodía, Falú solicitó continuar el debate a puertas cerradas y sin asesores. La idea era acordar la forma en que continuarán trabajando una vez que el tema Moliné se haya superado. La intención es no continuar con procesos individuales y avanzar con dos o tres magistrados. Todo indica que la iniciativa de Falú respondió a un pedido de sus colegas del bloque. En el oficialismo entienden que más allá del consenso que hay en enjuiciar a todos los representantes del menemismo en la Corte, también es cierto que a la conducción de la bancada oficialista se le está complicando el disciplinamiento de la tropa. Los legisladores del PJ consideran que hay una especie de “exclusivo ensañamiento” contra estos magistrados menemistas y nada se dice del resto de sus miembros, algunos de los cuales son identificados como afines al radicalismo. En base a esta queja es que se está evaluando la posibilidad de incorporar a la lista de los jueces que enfrentarán un juicio político a Augusto Belluscio.