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“Disculpe, agente, pero me permito observarle que su conducta no está encuadrada en el protocolo de actuación sobre derechos humanos”, señalará el piquetero, y el integrante de la Guardia de Infantería, luego de reflexionar un instante, contestará: “¿Sabe que tiene razón?”. Un diálogo como éste sería la consecuencia extrema de una de las medidas que anunció ayer Gustavo Beliz: la creación, en la Policía Federal, de una Superintendencia de Derechos Humanos y Desarrollo Social. Este organismo establecerá un “protocolo de actuación” ante las protestas sociales.
“Tenemos expresa instrucción del Presidente de descriminalizar la protesta social”, explicó Beliz, ministro de Justicia y Seguridad. La superintendencia elaborará un protocolo al que deberá atenerse toda la fuerza. El titular sería uno de los actuales jefes de superintendencias de la Federal. El organismo absorberá la atención de la violencia familiar y contra la mujer, los casos de discriminación y la atención a la víctima.
Beliz formuló “una convocatoria a la responsabilidad de los actores”, ya que “queremos gestos recíprocos” por parte de quienes suelen efectuar manifestaciones callejeras, a quienes el funcionario solicitó “que obstaculicen lo menos posible la libre circulación”.
Luis D’Elía, de la Federación Tierra y Vivienda (FTV), expresó su “acuerdo” con “pacificar”, pero afirmó que “descriminalizar implica desprocesar a luchadores sociales y castigar a los asesinos de 13 piqueteros”. Jorge Ceballos, de Barrios de Pie, estimó “positivo que se descriminalice la protesta” y sostuvo que “nuestra responsabilidad es no dejar que los chicos mueran de hambre”. Juan Cruz Dafunchio, del MTD Aníbal Verón, sostuvo que “siempre hicimos nuestras protestas con responsabilidad”. Néstor Pitrola, del Polo Obrero, rechazó el anuncio, ya que “mientras preparan un acuerdo con el FMI, quieren institucionalizar la protesta”.