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A tono con el escenario inmediato que avizora la intendenta Mónica Fein, a partir de lo que provocara la catástrofe de calle Salta, el concejal peronista Osvaldo Miatello adelantó su intención de promover una exención por dos años del pago de la Tasa General de Inmuebles y del Derecho de Registro e Inspección para todos los damnificados por el estallido del martes pasado. Y abrió el debate para previsibles modificaciones que se introducirán a la reglamentación vigente para la construcción de inmuebles.

“Con el cuidado de no ser oportunistas tirando medidas al voleo, pero también para estar a la altura de las circunstancias, tratamos de ser lo más eficientes posible en lo que nos toca a cada uno, y por eso desde el Concejo discutimos un aporte que creemos puede ayudar. La TGI y el DREI son competencia específica del Concejo, por eso planteo aplicar una exención de ambas tasas para todos los afectados y por el término de dos años”, indicó el edil. Y agregó que su propuesta pretende extender esa eximición contributiva, “no sólo en la parcela afectada hoy, sino también para los damnificados que se vean obligados a alquilar una vivienda o un local comercial en otro lugar”. Miatello estimó que el padrón de residentes afectados por la tragedia serviría como base para instrumentar el proyecto.

“Primero nos hemos puesto a disposición del Ejecutivo, como lo pidió la intendenta, y está bien porque en estas emergencias cuanto más centralizada esté la toma de decisiones y la actuación, mejor. Que ella nos sienta a la oposición acompañándola en estas circunstancias, y luego empezaremos a ver qué nos corresponde aportar. Mi proyecto se puede enriquecer con otras iniciativas y creo que no tardará en salir aprobado”, amplió.

Miatello advirtió que el siniestro de Salta 2141 obligará a debates inminentes en el seno del cuerpo deliberante y del Ejecutivo municipal. A vuelo de pájaro, consideró: “Hay que trabajar con expertos para ver qué modificaciones introducir en el reglamento de edificación, como por ejemplo la obligatoriedad de contar con un sistema de alarma en cada edificio. Hay sistemas que quizá si hubieran estado podrían haber morigerado el número de víctimas, quizá, aunque no evitaran la explosión. Hay sistemas de alarmas de voz que permiten enterar a todo el edificio sobre lo que está pasando. Obviamente, un constructor puede oponerse, puede haber objeciones, pero vale la pena discutirlo”, señaló.

Por otra parte, el edil distinguió que para algunas cuestiones no se trata de acumular normativa sino, simplemente, cumplir con los controles previstos. No siempre ocurre. “Por ejemplo, es habitual que haya edificios ocupados pese a no contar con final de obra. Hace poco tuvimos una lección al respecto con la explosión de un calefón en un departamento de Ciudad Ribera y en la que murió una chica. Eso no tiene que ver con nueva legislación, sino con controlar debidamente”, dijo. Se refirió a la muerte de Mariel Cataldo, de 21 años, ocurrida en abril de este año, cuando el estallido del calefón en un piso 9 le causó quemaduras fatales.