[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Hace poco más de un año la Unidad de Información Financiera (UIF) empezó a congelar las cuentas de los integrantes de las Fuerzas Armadas prófugos de la Justicia por causas de delitos de lesa humanidad. Primero se hizo con las cuentas vinculadas con el marino Jorge Vildoza y en octubre se extendió a 51 militares, la mayor parte del Ejército. El congelamiento permitió la captura de 12 integrantes de las Fuerzas Armadas, en general detenidos al momento en el que iban a cobrar dinero. Esta línea abrió una pregunta entre los investigadores de la UIF acerca de cómo, a más de diez meses de los congelamientos, se sostiene el resto de los integrantes de la fuerza. La fuga de dos integrantes del Ejército desde el Hospital Militar volvió a poner en escena esa pregunta. El descubrimiento del fondo fiduciario a través del cual cobraba dinero uno de ellos, como abogado, de juicios a las Fuerzas Armadas alimenta la hipótesis de la existencia de una estructura financiera de envergadura encargada de sostener la supervivencia de estas fugas.

Dos áreas investigan la estructura financiera de los represores prófugos. La UIF, conducida por José Sbatella, y el Procelac, a cargo del fiscal Carlos Gonella y Pedro Biscay, como coordinador del área de fraudes económicos y bancarios. La UIF es el organismo encargado de disponer el congelamiento de fondos que luego confirma o rectifica un juzgado federal. En esta entrevista, Sbatella describe la investigación sobre el fideicomiso financiero llamado SJ2 que estaba integrado por el mayor retirado y abogado Jorge Antonio Olivera, que fue condenado en San Juan y se fugó del Hospital Militar, y por el capitán retirado Jorge Humberto Appiani, procesado por delitos de lesa humanidad y actualmente preso. Ese fondo con el que cobraban juicios a las Fuerzas Armadas y luego vendieron, estuvo conectado a otras estructuras, entre ellas una sociedad llamada Pemesa SA, encargada de colocar los títulos derivados. La UIF congeló las cuentas de quien aparece como titular: Orlando Eduardo Pepe, cuya sociedad aparece conectada a la vez a una mutual (Amugenal) formada por comandantes de la Gendarmería nacional. Pemesa y Amugenal fueron observadas por acciones irregulares en el mercado financiero en 2008 por la Comisión Nacional de Valores. Pero lo que esa integración sugiere en el marco de estas investigaciones es la existencia de una red que articula a buena parte de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Sbatella explica aquí las pesquisas, la “ruta del dinero” y las hipótesis detrás de la búsqueda de “dos millones de dólares” con los que se estarían financiando desde 2009.

–¿Cómo está la investigación en este momento?

–Acá comenzamos las acciones en función de un fideicomiso (financiero SJ2) que encuentra el Ministerio de Defensa, donde aparece el nombre de uno de los prófugos (Olivera) como abogado que litiga contra el Estado en la defensa de militares. En este caso, Olivera defendía a militares por problemas laborales o por juicios de honorarios de distintos tipos. Esto lo hacía con Appiani, que está preso. En ese espacio hay una persona que es la que les arma el sistema y se llama Orlando Pepe, que ahora tiene las cuentas congeladas. Pepe es el titular de Pemesa SA que es colocador de los títulos derivados del fideicomiso.

–¿Cómo opera en este caso un fideicomiso?

–En este fideicomiso se dio una situación anómala. Ellos venden estos juicios a una empresa internacional que se llama Carval Investor Argentina (que es una subsidiaria de Cargill). Carval operó en el país entre 2006 y cerró en 2011 (ver aparte). Carval le compró a ellos por casi dos millones de dólares el valor del fideicomiso que tenía un precio de alrededor de 10 millones de pesos. Ellos reciben esa plata, la depositan y empieza a circular en el camino que nosotros estamos investigando: nuestra pregunta es ¿dónde fueron los dos millones de dólares?

–¿Y cuál es la respuesta?

–Para saber quién está atrás , tenemos que seguir el camino del dinero. Hasta ahora sabemos que ese dinero se introdujo en una sociedad de Bolsa. De la inspección a esa sociedad, notamos que hubo cauciones o préstamos a corto plazo y pasó a otra sociedad, lo que llamamos “el arte de la pasada”. Esa otra sociedad se llamaba Delta Bursátil. Arman y desarman sociedades y las van dejando. Hay transferencias de plata en la que esos dos millones se pasaron a cheques y estamos viendo quiénes los cobraron.

–¿De cuándo son los cheques?

–2009 y 2010, ahí tenemos que ver quiénes los cobraron.

–¿Son civiles o militares?

–Ellos son ellos. Pero estaban presos, así que alguien los cobró.

–¿Esta estructura financia a muchos o sólo a ellos?

–Para nosotros es una estructura que armaron con varias personas. Estamos viendo si hay otros prófugos. En este momento hay alrededor de 50 prófugos del Ejército. Las personas que cayeron presas (hasta ahora y a partir del congelamiento) son los que estaban solos. Los que fueron a sacar dinero, esos son los doce que ya están presos. Ahora, el resto que sigue prófugo tiene que tener una estructura que los mantenga.

–¿Hay una relación con la Marina o es sólo Ejército?

–Con la Marina la cosa aparece distinta. Ahí hay una estructura empresaria y la empresa sigue funcionando. Tanto es así que tuvimos que habilitar el pago de salarios a American Data. El objetivo de estas medidas es que salten las relaciones. Al ir buscando para atrás tienen que aparecer los que cobraron el dinero. Pueden ser familiares o la propia fuerza. La sensación que tenemos es que estas personas tienen capacidad para recibir plata. Nosotros con la legislación vigente pedimos información a los países limítrofes para ver si tienen cuenta en esos lugares. Estamos esperando los resultados. Para mí es claro que no es un grupo de viejitos jubilados, y si lo son, tienen estructuras que incluyen gente que los sostiene. Para mí siguen operativos, en la Armada seguro, y en este caso la red de personas que está alrededor de los congelamientos es importante. Uno se pregunta de qué viven: arman empresas y las desarman, nos vamos encontrando con todas empresas desarticuladas desde el año 2010, pero los dos millones de pesos no están en ningún lado. Eso por un lado. Por otro, nos parece que el funcionamiento de estas legislaciones les sacó dinero pequeño a los que estaban moviéndose, eso hizo que cayeran doce, pero a su vez los obliga a tener una mayor disciplina en la vida. Si tienen vida independiente hay que calcular cuánto gastan por día y ese dinero lo están sacando de algún lado.

–¿A quién reportan?

–Para mí, la Marina se reporta adentro o tiene un cuerpo colegiado. Hay que estudiar quiénes eran los jefes. En la Armada hay un núcleo que se dedicaba a lo económico. Y en los otros debía haber lo mismo, porque no era todo rapiña desorganizada, cada grupo estaba organizado.

–¿De los cheques finalmente qué más se sabe?

–Hubo uno de 1.670.000 pesos en la Fénix Bursátil y cheques más chicos, pero pasaron a ser valores. La incógnita es si en ese momento ya podían hacer lo que se llama fuga de dinero: compran acciones, las pagan acá y las depositan en otro lado. Imaginamos que pueden tenerla afuera.