Mana imatapas unanchani. El lector, con toda razón, se quejará de no entender nada de lo que se acaba de decir. A Reina Maraz le ocurre algo parecido. Seguramente peor. Porque no es ella sola la que no entiende lo que le dicen sino tampoco los jueces que la juzgan. Nacida hace 25 años en Avichuca, una comunidad ki-chwua de Bolivia que con dificultad aparece en los mapas, su lengua madre es el quechua. Migrante de la árida montaña boliviana, a los ocho meses de instalarse en un horno de ladrillos en Florencio Varela fue detenida, acusada de homicidio agravado. Aunque sabe lo que hizo, su explicación de los motivos que la llevaron a hacerlo es tan inaccesible como la distancia que separa al tribunal bonaerense de las montañas chuquisaqueñas donde pastorean las llamas. Si bien Reina entiende el español, es una lengua claramente ajena para ella, y mucho más la jerigonza del lenguaje jurídico hispano/latino, que resulta inentendible para el argentino medio. Y se agrega el problema de que los jueces y fiscales que la juzgan entienden menos del quechua que lo que Reina del español, aunque sea ella la pensada analfabeta. El problema del que trata esta nota es que –detenida en 2010– recién después de un año de cárcel y proceso Reina pudo decirle a una intérprete, aportada por la Comisión Provincial por la Memoria, “mana imatapas unanchani” y la intérprete tradujo: “Dice que no entiende nada”. La experta recién hace un mes fue reconocida oficialmente por la Justicia bonaerense, habida cuenta de que el quechua no existe en los listados para asistir a los acusados. En el día del respeto a la diversidad cultural, la balanza de la Justicia está en déficit con buena parte de su clientela.

Uno de los derechos básicos que asisten a los acusados en un proceso penal es entender aquello por lo que son imputados, lo que se le proyecta en su horizonte de vida, y la asistencia de un defensor para representarlo en el proceso. Reina Maraz Bejarano fue detenida y trasladada a la Unidad 33 de Los Hornos en noviembre de 2010, acusada provisoriamente de homicidio agravado, homicidio criminis causa; homicidio agravado por el concurso de dos o más personas. Si lo penal está aceitado, lo que tiene que ver con el Derecho suena a bisagra vieja: a Reina la estacionaron en el penal y recién en 2011, en una visita de monitoreo, la CPM se contactó con ella y detectó que no entendía el castellano con facilidad.

En el mismo mes, la Dirección de Litigios Estratégicos y del Programa de Pueblos Originarios y Migrantes de la CPM asistió nuevamente a Reina, esta vez con la intérprete de quechua Frida Rojas. “Por primera vez, a un año de ser arrojada a un pabellón de la UP 33, Reina Maraz pudo hablar en su lengua de su situación y conocer las razones de su detención”, dijo a Página/12 Margarita Jarque, titular de la DLE. Cuando la CPM pidió por un intérprete en quechua, le respondieron que “solamente tenemos en inglés, francés y portugués”, como si se tratara de una visita guiada en un tour europeo...

Cuatro meses después, a instancias de la CPM se realizó una audiencia ante el juez de Garantías Nº 6 de Quilmes, intérprete de por medio. El juez dispuso la nulidad de la indagatoria que se había tomado anteriormente y ordenó realizar una nueva, con intérprete. Igual que en el caso de la lectura de derechos a un detenido hipoacúsico revelado por este diario en 2006, no es difícil imaginar el tenor de la declaración indagatoria en español de una persona que desconoce el idioma, y mucho más curioso debiera resultar la intención de averiguar la verdad de parte del investigador. En la balanza volcada, el juez hizo justicia, aunque el plazo de un año quedó cargado en los hombros de la mujer, que siguió presa. Se realizó la audiencia y Reina por primera vez entendió en qué consistía la acusación. El defensor, esta vez como estrategia y no por imposibilidad, decidió que no declare.

A todo esto, la intérprete Rojas actuaba como tal, pero fuera de expediente: su designación no era oficial porque para su intervención se requiere que se encuentre inscripta en el registro oficial. La norma tiene sentido: evitar las designaciones digitadas. Lo que no tiene sentido es que la norma sea anormal, ya que el registro oficial de intérpretes en quechua no existe. No por falta de necesidad. “El de Reina no se trata de un caso aislado sino que, atento a la extendida población migrante en nuestro país, e inmigrante particularmente, en la provincia de Buenos Aires existe un universo de personas que atraviesan circunstancias similares”, señaló Jarque en la presentación ante la Suprema Corte. Hasta esa instancia hubo que llegar para que Rojas, que actuaba en forma marginal por defecto de la Justicia, pudiera ser reconocida oficialmente, salteando una norma que de hecho ya era salteada, pero aparecía como si no.

La presentación se realizó a principios de este año como trámite urgente. Y recién el 5 de septiembre pasado, Frida Rojas aceptó el cargo. Formalidades que no lo son: la demora por falta de registro oficial volvió a cargarse sobre la imputada, que incluso fue discriminada y aislada por sus propias compañeras de pabellón por las dificultades que tenía para comunicarse.

Como se dijo, en septiembre, la SCJ ordenó al Tribunal Oral Nº 1 de Quilmes la designación oficial de la intérprete Rojas. El 5 de septiembre tuvo su primera audiencia ante los magistrados que la juzgarán, Alejandro Cascio, Silvia Echemendi y Marcela Vissio, en términos de comprensión accesible.

La CPM presentó simultáneamente un pedido de que se estableciera un registro de lenguas originarias bajo la supervisión de la propia Corte. “La situación de vulnerabilidad en que se encuentra Reina Maraz debería acarrear una mayor protección, y un plus de cuidados y garantías de parte de los actores estatales intervinientes.”

No en vano, Reina Maraz carga con todos los etiquetamientos posibles: mujer, indígena, boliviana, migrante y víctima de violencia de género.

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