Desde Paraná

La megacausa Area Paraná, en la que se concentra la mayor cantidad de denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Entre Ríos, está a punto de cumplir diez años sin sentencia. Tiene 52 víctimas, se investigan 5 desapariciones forzadas de personas, hay 10 represores procesados y otros 11 fallecidos durante el proceso.

La causa se inició en 1987, cuando la Cámara Federal de Apelaciones asumió el conocimiento del proceso ante la falta de resultados de las investigaciones en los tribunales militares, pero se clausuró por la sanción de las leyes de impunidad. En diciembre de 2003, el fiscal general Ricardo Alvarez pidió su desarchivo y, en mayo de 2004, la jueza federal ad hoc Myriam Galizzi dispuso la reapertura del expediente. Diez años después, la causa Area Paraná se mantiene como en una nebulosa.

Ante la irritante demora del proceso, la agrupación Hijos Regional Paraná lanzó hace unos días una campaña de recolección de firmas para exigir celeridad en el proceso. “En esta década que termina, que ha sido la década del juicio y castigo en Argentina, la Justicia federal de Paraná no ha sabido hasta ahora cumplir con su parte y sigue en deuda con las víctimas, sus familiares, los organismos de derechos humanos y el pueblo en su conjunto”, manifestaron.

Lo cierto es que el camino que ha recorrido el expediente ha sido pedregoso. Primero hubo una larga discusión jurídica que la Corte Suprema zanjó a favor de los represores, al disponer que el proceso se tramite por el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal, de 1888 –vigente al momento en que se cometieron los hechos– que prevé que las actuaciones sean escritas. En la Capital Federal, las causas ESMA y Primer Cuerpo de Ejército, que también se habían iniciado en la década del ’80 y se reabrieron en 2003, en cambio, se tramitaron por el nuevo código y se hicieron juicios orales.

Saldada la discusión procesal, entre 2009 y 2011 fueron detenidos, indagados y procesados diez ex militares, policías, agentes penitenciarios y civiles, entre ellos el ex comandante del II Cuerpo de Ejército Ramón Genaro Díaz Bessone. En abril de 2011 se clausuró la instrucción y a partir de julio los fiscales y querellantes formularon sus acusaciones. Pero desde entonces la causa volvió a empantanarse, esta vez por una sucesión de chicanas dilatorias que impusieron las defensas.

Los fiscales Ricardo Alvarez y José Ignacio Candioti calificaron la maniobra como una “fiesta de recusaciones”, con la cual los represores impugnaron a nueve magistrados: tras la clausura de la instrucción y el apartamiento de Gustavo Zonis, la Cámara designó a Fermín Ceroleni como juez de sentencia, pero con el correr de las actuaciones fue recusado y luego ocurrió lo mismo con Aníbal Ríos, Beatriz Aranguren, Pablo Seró, Ladislao Uzín Olleros, Roberto Lerena, Leandro Ríos, Rubén Efraín Cabrera y Jorge Delorenzi. Los argumentos suelen ser ridículos. En el caso de Cabrera, por ejemplo, llegó a ser acusado de tener “resentimiento”, “encono” y “animadversión” hacia los imputados y fue recusado por su condición de apoderado del PJ de Entre Ríos, ya que el partido ha expresado “un interés explícito y manifiesto en obtener condenas” en las causas por delitos de lesa humanidad, según dijeron. No menos absurdo es el pedido para apartar a Leandro Ríos por ser hijo de Aníbal, que había intervenido antes en el expediente.

“Con esas maniobras, y por la forma engorrosa que tiene el trámite en el antiguo sistema penal, los represores lograron que cada recusación se tramitara hasta el hartazgo y así se fue dilatando el proceso”, admitió un funcionario judicial a Página/12. “Era una sucesión de recusaciones y se notaba que había una actuación coordinada entre ellos”, acotó.

Uno de los acusados, el ex policía Cosme Demonte, llegó a formular una denuncia penal en la Justicia provincial contra Ceroleni y el secretario Juan Rosas Paz por abuso de autoridad, la cual fue archivada sin más trámite; y hace unos días ingresaron al Consejo de la Magistratura tres denuncias de Demonte y Jorge Humberto Appiani, otro de los imputados, contra los integrantes de la Cámara federal por “enemistad manifiesta” y contra el secretario del juzgado por “violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y omisión de los actos de oficio”.

Hace unos días, la Cámara tomó dos decisiones que podrían sacar a la causa del estancamiento: confirmó a Leandro Ríos como juez de sentencia y ordenó continuar con la ronda de contestaciones de las defensas de los represores a las acusaciones de los fiscales y querellantes, tal como establece el código escrito. Al mismo tiempo, dictó una resolución por la cual rechazó in limine numerosos planteos efectuados por Demonte y Appiani, por considerarlos “a todas luces infundados” y con el único objetivo de frenar “los esfuerzos que la sociedad toda, y el Poder Judicial en especial, viene desarrollando para llevar adelante la intensa tarea de investigación y juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura militar”. Del mismo modo, el juez Ríos les llamó la atención a ambos por las dilaciones que esos recursos generan en la tramitación del expediente.

De todas maneras, aun cuando no se produzcan nuevas dilaciones, la causa no tendrá sentencia este año. El antiguo código prevé que tras los descargos de las defensas se abra una etapa de producción de prueba, en la que las víctimas esperan poder dar testimonio en instancias públicas y luego el pedido concreto de pena y el veredicto.