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Los 30 tripulantes del rompehielos Arctic Sunrise, de Greenpeace, incluidos dos argentinos, fueron trasladados desde la prisión preventiva del puerto ártico de Murmansk, donde se encontraban desde hace más de un mes, a una cárcel en San Petersburgo.

Jalimat Tekoyeva, portavoz de la filial rusa de Greenpeace, informó que “los abogados desconocen los motivos” del traslado de los activistas a la segunda ciudad rusa.

En un comunicado, el director de Greenpeace Internacional, Kumi Naidoo, explicó que, “a diferencia de Murmansk, en San Petersburgo no hay noche polar en invierno”, y “para las familias y los funcionarios consulares será más fácil visitar a los detenidos”. “Pero no hay garantía de que las condiciones en la nueva prisión sean mejores que en Murmansk. De hecho, pueden ser peores. No hay ninguna justificación para mantener a ‘los treinta’ árticos en una penitenciaría durante un día más”, apuntó. Según Naidoo, “los detenidos no deberían estar en la cárcel, deben ser libres para reunirse con su familia y comenzar una nueva vida”. “Son presos de conciencia que actuaron con el fin de protegernos a todos nosotros y deben ser libres”, insistió.

Varios de los detenidos se habían quejado ya en sendas cartas de las bajas temperaturas en sus celdas y expresado su temor por la salud de los activistas procedentes de países cálidos como Argentina, Brasil o Turquía.

El primer ministro de Francia, Jean-Marc Ayrault, abordó ayer la situación de los activistas con su colega ruso, Dmitri Medvedev, a quien preguntó si es posible “un gesto humanitario” en relación con el tripulante francés del Arctic Sunrise. “He transmitido mi inquietud a Rusia. No tengo intención de dar lecciones a Rusia”, dijo Ayrault, quien recordó que Rusia es parte de innumerables convenciones internacionales.

En respuesta, Medvedev aseguró que Rusia “no puede respaldar actividades que puedan causar daño al entorno natural y son peligrosas para el ser humano”. Medvedev, que se refería al intento de los activistas de Greenpeace de asaltar la plataforma Prirazlomnaya del gigante energético ruso Gazprom en el mar de Barents, comparó las plataformas flotantes con “bidones de pólvora”. “Eso deben tenerlo en cuento todos, incluido los que se preocupan por el estado de la ecología. E incluso partiendo de las motivaciones y convicciones más plausibles, nadie tiene derecho a violar la ley en relación con la explotación de dichas infraestructuras”, dijo.

La semana pasada, el Comité de Instrucción de Rusia (CIR) rebajó de “piratería” a “vandalismo” los cargos contra los 28 activistas de Greenpeace, más un cámara y un fotógrafo independientes que viajaban en el Arctic Sunrise, que fue apresado el 19 de septiembre por guardacostas rusos. Greenpeace aseguró que recurrirá la nueva acusación y adujo que “es tan absurda como la de piratería, ya que los activistas no cometieron ningún acto que violara gravemente el orden público”.