Por tercer año consecutivo, el relevamiento de estadísticas de homicidios dolosos del Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema confirma que es un mito que la mayoría de los asesinatos se producen en situaciones de robo contra gente de clase media o rica. En la mayoría de los casos son “pobres que se matan entre pobres”, advierte el juez Raúl Zaffaroni. Las estadísticas volvieron a mostrar que predominan los crímenes que se producen por peleas, venganzas o ajustes de cuentas. El penalista agrega este dato: la mayoría de ellos no se investigan, quedan impunes. “En las zonas pobres es donde hay más cantidad de homicidios no esclarecidos –dice, en diálogo con Página/12–. El efecto es que hay víctimas de primera y víctimas de segunda.” Los datos son de 2012 y, a diferencia de los del año anterior, abarcan el análisis de expedientes en el conurbano bonaerense, además de Capital Federal. Zaffaroni habló también del narcotráfico, dijo que la Corte sólo transmitió un pedido de otros jueces, y cuestionó la ley de derribo de aviones.

–¿Por qué basan la investigación en homicidios y no en otros delitos?

–Porque es el indicador máximo de violencia. Es cifra dura. El homicidio que se comete se conoce. Podrá haber alguno que escondió el cadáver en el fondo, pero lo cierto es que, a diferencia de otros delitos, en el homicidio no hay cifra negra. Del robo, por ejemplo, se registran denuncias. Pero no hay una cifra fija. No sabemos si las denuncias de robo se deben a que la gente confía más en la policía o en la Justicia, o contrata más seguros y quiere cobrar, ni cuánto no se denuncia. En criminología, registrar denuncias no equivale a registrar la frecuencia de un delito. La denuncia prueba cómo opera el aparato penal, pero no la frecuencia real del hecho. Los homicidios los podemos estudiar expediente por expediente. Vimos más de 900 entre Capital Federal y el conurbano bonaerense, abarcamos 14 millones de habitantes.

–Según ese mapa, ¿en qué zona detectan que se producen más asesinatos?

–De antemano, pensamos que en el conurbano el resultado iba a ser catastrófico, pero nos dio dos puntos más que Capital. Es más alto porque es la zona más conflictiva del país. En provincia de Buenos Aires, la tasa es de 7,66 por cada 100 mil habitantes y en Capital es de 5,46. Es alta según con qué se la compare. Si la compara con Canadá y Europa, que tienen tasas de 3, es alta; pero para América latina es baja. Si se la compara con la media de Brasil, que es de 20, no tenemos un brote. Si se toma la ciudad y se descuenta la concentración que se aprecia en la medialuna Sur, en el resto la tasa es de 3,05 por ciento, como en las ciudades europeas. A esa cifra general deberíamos aspirar. Lo que vemos es una mayor concentración en zonas de viviendas precarias. Los pobres se matan entre pobres, no salen a matar a otros barrios más ricos, pero, además, en esas zonas pobres es donde se da el mayor porcentaje de homicidios no esclarecidos. El efecto es que hay víctimas de primera, cuyos casos se investigan, y víctimas de segunda, los que no se investigan. En zonas de más homicidios, los expedientes tienen doscientas fojas; en otras zonas tienen tres cuerpos.

–¿De quién es la responsabilidad de que eso suceda?

–No estoy imputando a ningún segmento del sistema penal. Pero habría que enfocarse en esas zonas de mayor concentración en el mapa. No sabemos si es responsabilidad de la policía, de los jueces o fiscales, aunque se tiende a responsabilizar a la policía. Pero el nivel de “NN” es alto. Esa impunidad es lo que fomenta que se cometa más el delito. No quiere decir que se resuelva poniendo penas más altas.

–¿Qué utilidad tiene este relevamiento?

–Nosotros avisamos qué es lo que está pasando y, como primera cuestión, hay que enfocar a la prevención en estas zonas. El próximo paso debería ser una investigación cualitativa para ver qué tipo de conflictividad hay. Por ejemplo, hemos visto que sólo el 15 por ciento de los homicidios en Capital son por robo, el 19 por ciento en el conurbano y 12 por ciento en La Plata. En cambio, las motivaciones que prevalecen son las riñas, la situaciones de venganza, enemistad, ajustes de cuentas, cuestiones personales. El camino de la prevención debe apuntar a resolver la fuente de conflicto. Si hay problema de vivienda y viven todos juntos y se pelean, habrá que atender eso. La otra prevención pasa por las fuerzas de seguridad. La presencia de fuerzas de seguridad ayuda; aunque también puede ser disuasiva la presencia de gente caminando por la calle, que son posibles testigos. Por lo que vimos en la ciudad de Buenos Aires, algún resultado ha dado porque la tasa de homicidios mantuvo una tendencia a la baja desde la segunda mitad de 2011.

–¿Qué proporción ocupan la policía y otras fuerzas entre los victimarios?

–Tenemos un ítem de homicidios en casos de intervención de fuerzas de seguridad, pero están en trámite, sin sentencia. De todos modos, no son muchos, no es el gatillo fácil de los años ’84 u ’85. Lo que sabemos de los victimarios es que la mayoría son hombres, que utilizan en un 68 por ciento de los casos armas de fuego y 28 por ciento de armas blancas. También queda claro que la incidencia de los menores inimputables (menores de 16 años) es insignificante, de un uno por ciento en Capital. Se eleva un poco en la franja de 16 a 18 años, que cometen el 5 por ciento. Bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 sería bajarla para ese uno por ciento insignificante. La mayoría de los homicidios los cometen mayores de edad. Es igualmente baja la incidencia de extranjeros, que cometen el 17 por ciento de los homicidios. Los bolivianos, a los que más se estigmatiza, no aparecen en la estadística. Lo que está claro es que, en el modo en que se proyecta la violencia homicida en la opinión pública, hay una sobreestimación de los homicidios de menor número, con robos a la clase media, y una subestimación de los más numerosos, en zonas pobres.

–Usted mencionaba entre los móviles más frecuentes de homicidio las peleas. ¿Cuentan allí las batallas entre bandas de narcos?

–Posiblemente sea lo que aparece como riña, pero no me animo a hablar de enfrentamientos entre bandas. Tenemos alguna sospecha de ese tipo de disputas territoriales por drogas, pero no estamos seguros. Hay que hacer una investigación cualitativa sobre eso.

–La Corte ofreció cierto diagnóstico sobre el narcotráfico la semana pasada. ¿No hay datos que lo vinculen con homicidios?

–Lo único que hizo la Corte fue firmar una resolución mostrando lo que dijeron jueces de la región del noroeste. Transmitimos lo que dicen los jueces. Yo no sé si es cierto, lo que es cierto es que los jueces dicen que pasan hidroaviones con cocaína y que están desbordados, entre otras cosas. Eso es lo que transmitimos. Supongo que tienen un exceso de causas vinculadas con drogas y hay muchas vacantes en los tribunales. Eso no lo resolvemos nosotros, sino el Consejo de la Magistratura.

–También dicen que aumentó el narcotráfico.

–Naciones Unidas dice que somos exportadores de cocaína. No sé quién ni cómo puede medir eso. No fabricamos cocaína, no porque seamos inocentes, sino porque no tenemos materia prima. El riesgo en todo caso, para nosotros, es que pueda meterse por acá alguna ruta alternativa. Pero por suerte estamos lejos de las fronteras de los centros consumidores.

–Un juez dijo que es cada vez más una leyenda que Argentina sea país de tránsito, porque aumentan los consumidores.

–No conozco la capacidad de consumo de esos tóxicos acá. A mi entender, el problema del consumo está centrado en el paco, no en la cocaína. Pero el paco es otra cosa, no entra en estos diagnósticos. ¿Cómo se mediría el consumo de cocaína? El que consume no lo declara. Sólo se haría por muertes por sobredosis.

–Una de las sugerencias de los últimos días, fogoneada entre otros por Sergio Massa, es la llamada ley de derribo de aviones.

–La ley de derribo es una locura. Hubiéramos bajado el avión de Oviedo cuando venía a exiliarse acá. Es como decir “doy la voz de alto y tiro a matar”... no está autorizado en ningún caso.

–Los jueces también reclaman radares y control en las fronteras. ¿Quién debe controlar e investigar el narcotráfico?

–Nuestra frontera es complicada, son 5000 kilómetros que hay que controlar. Si no se puede controlar la introducción de cocaína en Estados Unidos, no pretenderán que la controlemos nosotros.