Sin la presencia del ministro de Justicia, Julio Alak –que por “problemas de agenda” trasladó para hoy su exposición ante los legisladores en el Congreso–, la Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los códigos Civil y Comercial adelantó el debate que arrancará esta mañana en un plenario de comisiones de la Cámara baja: la ley sobre responsabilidad del Estado, que irá por fuera de la unificación de los códigos. Legisladores radicales y peronistas renovadores manifestaron su malestar porque la responsabilidad patrimonial del Estado sea reglamentada por una “ley especial” y marginada de la unificación de los códigos Civil y Comercial, mientras que los oficialistas defendieron que sea juzgada con “reglas y estándares propios del derecho público”. Por la noche hubo un encuentro entre kirchneristas y radicales en el Senado para poner paños fríos al debate. El oficialismo igual buscará hoy darles dictámenes a ambos proyectos para la última semana de noviembre llevar al recinto del Senado la unificación de los códigos y a la Cámara baja la ley sobre la responsabilidad del Estado.

El debate que comenzarán a dar hoy los diputados en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General se adelantó ayer en medio de la reunión de la comisión bicameral especial para la unificación de los códigos Civil y Comercial: la responsabilidad patrimonial del Estado –que fue excluida por el Ejecutivo del texto original que elaboraron juristas con el respaldo de la Corte Suprema– desató un duro debate entre oficialistas y opositores.

La reunión de la bicameral en el Salón Azul del Senado comenzó con algunas dificultades. El ministro Alak hizo saber que por “problemas de agenda” no concurría a exponer ante los legisladores y pospuso para hoy ese encuentro, que comenzará a las 14. El presidente de la bicameral, el kirchnerista neuquino Marcelo Fuentes, también anunció a senadores y diputados que –por los mismos problemas de agenda– los miembros de la Corte Ricardo Lorenzetti y Elena Highton tampoco acudirían al Congreso como estaba previsto. Igual que la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci, quien integró la comisión redactora del anteproyecto.

Sin expositores, el tema más ríspido de las modificaciones y unificación de los códigos pasó a ser el centro del debate. “Nos parece un proyecto inaceptable, porque va a contramano de la doctrina vigente de la Corte Suprema que el proyecto dice respetar, y también va contra decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, explicó el jefe de la bancada de diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, sobre la separación de la responsabilidad patrimonial del Estado. “No puede desvincularse la discusión de este proyecto de la del Código Civil”, agregó.

“Todos sabemos que el código tiene dos o tres cuestiones en las que no nos ponemos de acuerdo y entonces se resolvió no ponerlo y hacerlo con una ley”, se quejó la massista Graciela Camaño. “El anteproyecto del oficialismo no recoge los reclamos que se hicieron en las audiencias”, disintió la ahora integrante del Frente Renovador para anunciar la presentación de su propio predictamen.

En sintonía con los radicales, el macrista Pablo Tonelli planteó sus dudas sobre si, a partir de la vigencia del nuevo código, un particular podrá demandar al Estado por la vía civil, y cuestionó que el camino será ahora el Contencioso Administrativo, una vía que las provincias no han delegado y que tienen legislaciones diferentes.

La diputada oficialista Graciela Giannettasio fue quien encabezó la defensa del proyecto: “No creo de ninguna manera que esto viole la responsabilidad del Estado, al contrario, creo que la reafirma”, aseguró.

La propuesta oficialista es que el nuevo código “sea de derecho privado”. “La consagración de un régimen normativo específico aventará los riesgos de una cambiante interpretación sobre la cual el alcance de la responsabilidad estatal es regida por el derecho público. Es por ello que el proyecto de ley busca brindar mayor previsibilidad jurídica a las relaciones entre las autoridades públicas con los particulares”, dice en los fundamentos la iniciativa que el Ejecutivo envió al Congreso.

La resistencia oficialista desató la furia del senador radical Gerardo Morales, quien los acusó de “intentar salvar” con el nuevo código a los funcionarios del Gobierno “jaqueados por causas” vinculadas con la responsabilidad del Estado.

Por la noche hubo un encuentro entre diputados y senadores kirchneristas y radicales en el despacho del jefe de la bancada oficialista en la Cámara alta, Miguel Angel Pichetto. Allí, intentaron “bajarle decibeles” a la confrontación para poder avanzar en el tratamiento. Participaron los principales referentes de cada bloque: el presidente de la Cámara baja, Julián Domínguez; la jefa del bloque de diputados, Juliana Di Tullio, y Diana Conti, además de Pichetto y el propio Fuentes por el oficialismo. Por los radicales, los senadores Ernesto Sanz y Morales, y el diputado Gil Lavedra, entre otros legisladores. Nadie dio detalles sobre la forma que tendría el posible acuerdo.

De todas maneras, el oficialismo continuará con su plan original: tratar de que ambos proyectos obtengan media sanción antes de que termine el período de sesiones ordinarias del Congreso el 30 de noviembre. Hoy, a partir de las 11, los diputados comenzarán el debate en comisión del proyecto de ley sobre Responsabilidad del Estado. Allí el kirchnerismo buscará el dictamen propio para llevarlo al recinto el miércoles 27.

La bicameral, en tanto, recibirá a Alak a primera hora de la tarde y luego buscará el dictamen propio no más allá de mañana para poder llevarlo al pleno del Senado la semana próxima. El abanico opositor intentará no hacérselo sencillo.