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El fiscal Horacio Azzolín pidió condenar con hasta ocho años de cárcel a ciudadanos de nacionalidad boliviana y china acusados del delito de “reducción a la servidumbre” en talleres textiles clandestinos de la ciudad de Buenos Aires, que producían ropa para marcas conocidas. La solicitud del fiscal fue hecha al Tribunal Oral Criminal 6 que instruye el primer juicio por la explotación laboral registrada en seis talleres clandestinos ubicados en los barrios porteños de Flores y Floresta.

El pedido de la Fiscalía alcanzó a Juan Carlos Salazar Nina y Remedios Flores Alarcón (ocho años de cárcel); Amalia Cancari Nina, Julio Parisaca Cocarico, Sung Ho-Han, Han Ki-Gone y Kim Ki-Ja (tres años de cárcel); Esteban Lucana Choque, Martín Fernández Llanos y Lucio Huaca Calisya (dos años de cárcel); y Andrea Reparaz Fiori (un año y diez meses de cárcel).

Salazar Nina y Flores Alarcón están detenidos por pedido del fiscal a raíz de las amenazas que hicieron a las víctimas durante el juicio.

Azzolín explicó durante el alegato que los acusados permitieron que las víctimas residieran en el país, muchas veces en forma ilegal, porque les convenía económicamente, ya que no pagaban cargas sociales ni seguros por emplearlos. Asimismo, sostuvo que las víctimas cumplían jornadas laborales de 13 horas, comían en el taller clandestino y algunos alquilaban habitaciones en el mismo lugar, donde estaban hacinados y en condiciones higiénicas deficientes.

El fiscal solicitó que se amplíe la investigación sobre el responsable de la marca de ropa Kosiuko, Federico Bonomi, hasta ahora con “falta de mérito”, porque en el juicio habrían surgido pruebas de que conocía “la situación de explotación” en los talleres que contrataba.

En tanto, once trabajadores de un taller textil que eran víctimas del delito de trata de personas fueron liberados y la Justicia detuvo al encargado del lugar, ubicado en el barrio porteño de Floresta, informó ayer la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El hecho se produjo a raíz de una inspección de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de AFIP y la Justicia ordenó la clausura del taller. Los trabajadores rescatados dijeron que eran obligados a realizar “extensas jornadas de trabajo, de más de 12 horas, incluyendo los sábados, y sueldos por debajo del mínimo de convenio”.