El Ministerio de Educación porteño se comprometió ayer ante la Justicia a habilitar “una escuela por comuna o diversas sedes comunales” para atender los reclamos de las familias que aún no pudieron resolver la inscripción de sus hijos en el sistema público mediante el fallido sistema online. Lo hizo en una audiencia de conciliación en el marco del recurso de amparo iniciado por el gremio docente y la Defensoría porteña, en la cual las partes coincidieron en que ya es imposible revertir la aplicación del sistema de inscripción virtual, como habían solicitado los demandantes. El ministro de Educación, Esteban Bullrich, confirmó ayer ante los medios que “los padres que todavía no tienen la escuela (asignada para sus hijos) son alrededor de 17 mil”.

En la audiencia, el gobierno aseguró ayer que “quedan pendientes de solución 12 mil inscripciones”. De acuerdo con los números que había presentado el día anterior ante otro juzgado, sostenía que mediante el nuevo sistema se habían inscripto 69 mil alumnos y hasta ahora se habían asignado 52 mil vacantes, lo que dejaba un saldo sin resolver de 17 mil casos. El propio Bullrich reconoció en una entrevista con Infobae que “los padres que todavía no tienen la escuela son alrededor de 17 mil”.

En la audiencia pública convocada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2, participaron el defensor general de la Ciudad, Mario Kestelboin, dirigentes del gremio Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), familiares de alumnos, el asesor tutelar de Cámara, Gustavo Moreno, y funcionarios del Ministerio de Educación porteño. Se debía resolver allí el pedido del gremio para anular la inscripción online. Finalmente, las partes acordaron en que a esta altura eso es imposible.

En la causa se procesan unos doscientos reclamos puntuales presentados por padres en la Asesoría Tutelar y otros tantos tramitados ante la Defensoría.

“Tenemos posibilidad de dar lugar a 12 mil en todas las escuelas públicas de la Ciudad”, dijo Bullrich en distintos medios, aunque no explicó cuándo ni cómo se asignarán esas vacantes. Aclaró que no podrá cubrirse la demanda en salas de uno, dos y de tres años, pero aseguró que está garantizada la cobertura para niños de cuatro y cinco años. Y prometió que en febrero se abrirán 1300 nuevas vacantes para el nivel inicial.

El ministro había dicho el lunes que hubo 3500 reclamos por vacantes mal asignadas por el sistema, pero dos días después en sede judicial admitió que eran 4800 y que de ellas 4100 ya se habían resuelto. Por lo tanto quedarían 700 casos por resolver. “El gobierno porteño les dice una cifra a los medios y otra a los jueces. El cometido que tienen es que las familias desistan de inscribir a los chicos en la escuela pública”, dijo Eduardo López, titular de UTE.

Ante tantas contradicciones y las dificultades para saber cuáles son los números ciertos, el asesor tutelar Moreno propuso la creación de una “mesa de trabajo” integrada por las distintas partes, de manera que la solución sea “transparente y conocida por toda la sociedad”. Pero la Defensoría y UTE no aceptaron la propuesta. “Nosotros habíamos alertado sobre las consecuencias que arrojaría la implementación de la inscripción online de manera exclusiva”, argumentaron los docentes.

En forma paralela, los padres de una nena presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para reclamar que sea inscripta en un colegio porteño cercano a su domicilio. Se trata del abogado Daniel Igolnikov, quien patrocina a Fernando Sebastián Tolotto y Luciana Alejandra García, los padres de una niña a la que le asignaron una vacante a ocho kilómetros de su domicilio. “Se está incumpliendo la Ley 26.061, que es la que protege los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, argumentó el abogado.

El letrado señaló que “para presentar un amparo en la Corte es necesario que haya un conflicto de jurisdicciones o una violación a un derecho constitucional, y acá ocurren las dos cosas, ya que el gobierno porteño establece una modalidad que va en contra de un derecho como la educación, que debe ser pública, gratuita y universal”. En este caso, explicó, la niña que ingresa a preescolar vive junto a sus padres en el barrio de Almagro y la vacante otorgada es en una escuela de Parque Saavedra, a “más de 8800 metros de distancia”.