[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

“Todo lo que dije antes es mentira.” Fernando Antúnez, uno de los tres acusados por la violación seguida de muerte de la maestra Fabiana Gandiaga, ocurrida en octubre de 2001 en la sede del club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA), desconcertó a la mayoría de los presentes en el comienzo del juicio oral y público. La sorpresa fue mayor porque Antúnez, con notorias vacilaciones, insistió en acusar a una cuarta persona, el subintendente del GEBA, Enzo Sánchez, cuya presunta participación fue desechada por la Justicia en la etapa de instrucción, y cargó también contra alguien a quien identificó como “el ascensorista y ex policía Farana”, quien en realidad sería un abogado que trabaja en otras funciones y que nunca fue mencionado hasta ayer. Antúnez dijo que recibió “amenazas de muerte” y que sufrió torturas en un interrogatorio policial, pero su nueva versión es muy débil frente a la acusación, que lo tiene como principal imputado. Ayer, los peritos forenses del Poder Judicial confirmaron que las heridas que tienen Antúnez y Carlos Vallejo, podrían haber sido causadas por las uñas de la víctima, en su último y desesperado esfuerzo por impedir el ultraje.
Cuando cayó preso, Antúnez tenía un rasguño que le cruzaba la mejilla izquierda y que parecía “una especie de ‘T’ invertida”, y “marcas paralelas” en el brazo derecho compatibles con “lesiones de defensa” que se caracterizan “por la efracción de la piel a través de un objeto duro y filoso como son las uñas”. Vallejo presentaba también “dos escoriaciones lineales” similares en su antebrazo derecho, lo que hace pensar que fue él quien tomó por el cuello a la víctima mientras se producía el ataque sexual cometido por los otros dos acusados. El único que no tiene marcas es el tercer acusado, Miguel Angel López, quien fue incriminado por Antúnez en su versión original sobre los hechos.
Vallejo podría haber sido el autor material del crimen, dado que está probado que la mujer murió “por asfixia mecánica por compresión extrínseca del cuello”. Esto significa que hay que descartar “el estrangulamiento ‘a lazo’ como también el producido por la compresión del cuello a través de las manos del atacante”. Se cree que en “la compresión extrínseca del cuello” pudo haber sido “factible la utilización por parte del victimario de su antebrazo junto con el brazo y las manos o bien la presión ejercida con la rodilla, antepié o pie”.
En una segunda versión, Antúnez había agregado el nombre de Sánchez, quien según consideró probado el juez de instrucción Alberto Seijas, no estuvo en el GEBA el 20 de octubre de 2001, día en el que ocurrió el hecho. Por eso, desde el comienzo, sólo hay tres imputados. “Es un manotazo de ahogado para desincriminar a los tres”, dijo a Página/12 el abogado Juan Jacinto Devalle, quien representa a la familia Gandiaga. “Es tan extraña la versión que quedé descolocado. Hay imprecisiones totales, como cuando habla del supuesto policía, que es en realidad un abogado que ahora debe estar pensando por qué lo mencionaron”, dijo Devalle, quien calificó los dichos de Antúnez como “directamente increíbles”.
Los tres acusados eran empleados de la empresa Limalux, contratada para realizar tareas en el GEBA, cuya sede está en Perón 1154, en pleno centro porteño. La víctima había concurrido por primera vez al club ese 20 de octubre para llevar a su hijo a un torneo de taekwondo. Mientras miraba la competencia quiso salir en busca de una gaseosa y se perdió porque no conocía las instalaciones, que están compuestas por tres edificios unidos entre sí por pasillos y escaleras de complejo diseño y que carecen de una buena señalización. Esto daría lugar, una vez finalizado el juicio penal, a una demanda civil por indemnización contra el club GEBA.
El cadáver apareció una semana después en el hueco de un ascensor del club y horas después fueron detenidos los tres acusados. “Todo lo que dije antes es falso, me amenazaron con matarme a mí y a toda mi familia”, dijo ayer Antúnez, pero casi nadie le creyó. Antúnez dijo también que fue torturado con picana por la policía y que le cortaron “la punta del pene”.Los otros dos detenidos respaldaron la versión, pero no la hicieron creíble. “Las uñas de Gandiaga podían perfectamente causar un rasguño como el que tenía”, confirmó el perito Osvaldo Curci, repitiendo el dictamen que había producido sobre las heridas de Antúnez. Lo mismo dijo frente a las marcas que tenía Vallejo en el antebrazo.
Los peritos coincidieron en que Gandiaga pudo haber estado viva, aunque inconsciente, cuando fue arrojada al hueco del ascensor. Consideraron que murió asfixiada por rotura “del cartílago tiroides”, luego de que le apretaran el cuello “con el brazo o con un palo”. En el cuerpo de la víctima se hallaron restos de semen, pero no pudo certificarse que fuera de los imputados, dado que las muestras quedaron inutilizadas por el tiempo transcurrido entre la muerte y la aparición del cuerpo. Hoy se hará una reconstrucción del crimen en el mismo escenario de los hechos.