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Debatir y aprobar una privatización, un impuestazo o plenos poderes para algún presidente parece no ser tan complicado como terminar con años de impunidad. Tanto diputados radicales como justicialistas se devanan los sesos buscando una herramienta mágica que les permita abordar la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final con el menor costo posible. La sesión prevista para el 12 de agosto se acerca y los bloques mayoritarios se aprestan a discutir la posición a tomar. La UCR está dividida a pesar de que buena parte de sus integrantes apoyan la nulidad; el hecho de haber sido los impulsores de ambas normas genera un debate complicado. El PJ, oficialista al fin, debe responder al firme mandato presidencial. Pero para ambos bloques la salvación sería que la Corte decida la constitucionalidad de las leyes lo más pronto posible.
Varios de los legisladores consultados por este diario aplicaron una frase calcada antes de responder sobre la suerte de las leyes de impunidad: “En lo personal creo que es preciso avanzar en la anulación de estas normas”. Luego surgen algunas dudas, como que si no se está avanzando sobre una función que le compete a otro de los poderes de la Nación, esto es, la Justicia. Otros dudan sobre la posibilidad de que hayan prescripto los crímenes por los que se acusa a los militares y todo sea un papelón. Tibiamente, algunos radicales y justicialistas dejan entrever una suerte de culposa teoría de los dos demonios al sostener que “el proyecto se inclina un poco para sólo uno de los sectores en conflicto”. Pero la mayoría preferiría que los cortesanos tomaran la iniciativa y declararan la inconstitucionalidad de las leyes.
- El oficialismo. El PJ comenzará hoy a discutir cuál será su posición con respecto al proyecto presentado por la legisladora de Izquierda Unida, Patricia Walsh. Primero lo hará la mesa de conducción y mañana al mediodía se reunirá el pleno de la bancada. En principio la conducción está de acuerdo con avanzar con la iniciativa porque, como dijo uno de sus integrantes, “no queremos quedar pegados a los represores”. Una contundente opinión que, sin duda, está abonada por la clara posición que asumió el propio presidente Néstor Kirchner cuando dijo la semana pasada que estaba a favor de la nulidad.
La intención de los que dirigen el bloque es que la posición que se asuma sea lo más unánime posible. Algo que puede resultar ciertamente complicado. El menemismo, por supuesto, no está a favor. Pero para los conductores del bloque es una incógnita la opinión de algunos diputados que suelen ser escuchados a la hora de discutir complicados temas jurídicos. Es el caso del ruckaufista Jorge Casanovas, un hombre que llegó al Congreso apoyado en su discurso de mano dura, y que hoy es el referente del PJ en la Comisión de Legislación Penal que debe opinar sobre el particular. “Yo estoy a favor, pero no sé si no estamos adentrando en un terreno que le corresponde a la Justicia”, indicó una legisladora que responde sin dudar a Carlos Reutemann. El salteño Juan Urtubey, presidente de Asuntos Constitucionales, no tiene problemas. “No hay choques entre lo que deba resolver la Corte y lo que pueda hacer el Congreso”, indicó.
- La oposición. La UCR discutirá esta tarde el tema. Acá tampoco hay unanimidad. Si bien la candidata a gobernadora por Buenos Aires, Margarita Stolbizer, ya anticipó su decisión de apoyar la nulidad de las leyes e incluso las extradiciones, el presidente del bloque, Horacio Pernasetti, en cambio dice que, “para que esto no sea una payasada, no sólo hay que anular esas leyes sino también derogar los indultos”. Con muchos menos problemas, los partidos provinciales ya anticiparon su negativa. Alberto Natale, referente de este sector, aseguró que “quienes pretenden dictar una ley anulando otra son unos ignorantes jurídicos”.