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Entre mensajes del Gobierno que quiere juzgar a los militares en el país, la detención de 41 represores con pedido de extradición y la posible intervención del Congreso, el debate sobre la validez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final se volvió prioritario para los ministros de la Corte Suprema. En la reunión plenaria que tendrán hoy a la mañana, la primera luego del receso invernal, analizarán qué hacer con las causas en que está en juego la constitucionalidad de esas normas. En principio, definirían si, para avanzar, esperarán o no hasta que Eugenio Raúl Zaffaroni se integre al cuerpo. Es poco probable que el tema de fondo sea resuelto en un corto plazo.
Los ministros Antonio Boggiano y Juan Carlos Maqueda le pidieron al presidente interino de la Corte, Carlos Fayt, que en el acuerdo de hoy se establezca una agenda para analizar las leyes del perdón, que beneficiaron a los militares acusados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Maqueda, según informaron funcionarios del tribunal, fue el primero en pedir esperar a que llegue el reemplazante de Julio Nazareno. Boggiano, dijeron sus colaboradores, está embarcado en un proyecto para declarar la inconstitucionalidad, toda una novedad teniendo en cuenta que el único borrador que existió –a comienzos de año– pertenecía a Nazareno, apuntaba a ratificar las normas y tenía apoyo.
Fayt quiere que en el acuerdo de hoy el tribunal decida si, para resolver las causas sobre la validez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, hay que aplicar “la regla de los nueve”, según la cual en los grandes temas debe fallar la Corte en pleno, o sea, con sus nueve miembros. Zaffaroni, estiman en el Gobierno, podría asumir en el tribunal en los primeros días de septiembre. Varios supremos están de acuerdo con esperarlo. Pero se les presentaría otro problema: Eduardo Moliné O’Connor sería suspendido cuando comience su juicio político en el Senado. Tampoco quiere votar por ahora en ningún expediente, lo que traba, por ejemplo, la famosa redolarización. La incorporación de un conjuez siempre es posible, pero también conlleva alargar plazos.
Más allá de los rumores sobre las preferencias de cada ministro, no hay aún ningún proyecto concreto en circulación, aunque una posición que tendría algunos adherentes es la de mandar las causas en danza a la Cámara de Casación Penal, que nunca se expidió. En ese caso, recién después de que ese tribunal resuelva la Corte se pronunciaría sobre el tema medular. Es difícil que esa propuesta, que conlleva una nueva dilación, consiga hoy mismo cinco firmas. Es una opción que, además, atentaría contra las pretensiones del presidente Néstor Kirchner de acelerar una definición que muestre que en Argentina funciona la administración de justicia.
Así las cosas, hay quienes creen en la Corte que, a este ritmo, antes de que el tribunal se pronuncie sobre las leyes llegarán las apelaciones de los juicios de extradición. En el Gobierno, de todos modos, guardan expectativas ya que perciben, dijo un alto funcionario, “cierta intención en el tribunal de hacer buena letra”.