Esta tarde quedará constituida formalmente la cooperativa de trabajadores del Colegio Guido Spano, cuyo cierre, sorpresivo, trascendió el 2 de enero. La cooperativa, para cuya conformación los trabajadores docentes y no docentes recibieron asesoramiento del Instituto Nacional de Asociatividad y Economía Social (Inaes), contará con apoyo de los padres de los alumnos, diez de los cuales, en representación de los demás, ayer participaron de una de las reuniones para conocer detalles y ratificaron su compromiso con el proceso de reconversión. “El lunes, el ministro de Educación de la Ciudad, Esteban Bullrich, garantizó que la escuela va a seguir recibiendo el subsidio que alcanza para el 60 por ciento de los sueldos, y que va a mantener el reconocimiento a la institución educativa y resolver el tema edilicio, que es lo más débil. Por el otro lado, también está el compromiso de los docentes y los padres para continuar”, explicó a este diario José Machain, del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, quien participa de las negociaciones. Por su parte, la legisladora porteña María Rachid, que también participó de las reuniones, adelantó que presentará un proyecto de ley para que el gobierno porteño expropie el edificio donde funciona el colegio, y lo dé en comodato a la cooperativa.

El presidente del Inaes, Patricio Griffin, señaló que la cooperativa podrá contar “en el transcurso de esta semana” con la matrícula que permitirá la continuidad para percibir el subsidio del Gobierno de la Ciudad, que cubre más de la mitad de los salarios. La cooperativa, ratificó Javier Lamónica, docente de Historia del nivel medio del Guido Spano, será conformada por “el conjunto de los trabajadores del cual formo parte, que incluye a docentes, no docentes y personal administrativo”. Se encuadrará como cooperativa “de trabajadores” y no “de prestación de servicios”. Griffin señaló que se trata de un proyecto “perfectamente viable”, en tanto y en cuanto la Ciudad sostenga la continuidad del subsidio y “si se mantiene el local” de Billinghurst al 1300 donde funcionó históricamente el colegio. En Buenos Aires, ya existen colegios conformados como cooperativas (ver aparte).

Ayer, luego de que el lunes el ministro Bullrich se comprometiera a garantizar el subsidio, los trabajadores del Guido Spano se reunieron por la mañana en el Inaes con representantes del Ministerio de Trabajo, Griffin, Rachid y la titular del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), Fernanda Benítez. Por la tarde, también en el Inaes, se sumó una decena de padres, que asistió en representación de sus pares.

Marcelo Dagnillo, uno de los padres participantes de la reunión, dijo a este diario que la reunión fue “positiva”. “Los padres que vinimos fuimos elegidos por los demás, de todos los niveles, desde jardín hasta el secundario, y en el grupo estamos los dos abogados que empezamos a trabajar con esto cuando nos enteramos del cierre. Apoyamos ciento por ciento la decisión de hacer la cooperativa, y lo importante es que estamos todos juntos en esto”, dijo Dagnillo, padre de alumnos de 1º y 7º grado.

Machain señaló que por el cierre del colegio “fueron vulnerados en su derecho a la educación 350 chicos”, en referencia a la matrícula estable que tiene el Guido Spano. Para que la cooperativa funcione, señaló “es necesario el compromiso de la mayoría de los papás de dejar a los chicos y seguir pagando la cuota”. “Seguramente habrá una ligera caída en el camino, pero es importante que el grueso de los alumnos continúe para que sea un lugar viable”, agregó, antes de recordar que, en tanto el representante del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes, participa de las negociaciones para “resguardar el derecho de los chicos al acceso a la educación, que ha sido vulnerado por el accionar inescrupuloso de un empresario que pretende hacer negocio inmobiliario con el edificio”.

Por otra parte, la diputada nacional Ramona Pucheta pidió a la Justicia que investigue por asociación ilícita y lavado de activos a Mauricio Sánchez, quien fuera apoderado del Guido Spano y sobre cuyas cuentas bancarias pesa un embargo judicial.