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El gobierno porteño publicó en el Boletín Oficial el llamado a licitación para que una consultora privada lo asesore y lo capacite en la identificación y contención de “situaciones sociales complejas”, que puedan llegar a suscitarse en las escuelas durante este año.

La consultora ganadora de la licitación, que se conocerá el 31 de enero, deberá presentar tres informes en los que deberá detallar los “potenciales conflictos sociales complejos en escuelas que debe atravesar el Ministerio de Educación de la Ciudad en el 2014”, según explicó el área de Educación de la Defensoría del Pueblo porteña.

Los otros dos tienen que ver en cómo se los gestiona y el tercero con la forma de mitigarlos y las acciones a implementar “para el seguimiento de las situaciones de crisis”.

Este asesoramiento fue solicitado por la Subsecretaría de Gestión Económica del Ministerio de Educación, a cargo de Carlos Regazzoni, de quien depende el suministro de recursos para las áreas de infraestructura y mantenimiento de las escuelas y para el sector de cooperadoras escolares, entre otros.

Además, la cartera educativa ya adjudicó a la empresa Hipercubo SRL un contrato por 360.000 pesos para que releve “las problemáticas de las escuelas, generar canales de diálogo con las comunidades educativas y solucionar los problemas que se generen”. Para ello deberán presentar “una memoria descriptiva de cada una de las prestaciones”, un “cronograma de trabajo” y designar a “un responsable técnico con sobrados antecedentes nacionales e internacionales”.

El jefe del Area de Derechos de la Educación de la Defensoría del Pueblo porteña, Gustavo Lesbegueris, dijo que esta licitación “habilita a empresas a realizar, entre otras tareas, trabajos de capacitación e investigación de los distintos escenarios de crisis y contención de situaciones sociales complejas” en las escuelas. “Todas estas tareas encomendadas a empresas privadas pueden ser realizadas por los equipos profesionales del Ministerio de Educación de la Ciudad”, dijo Lesbegueris y añadió que “dejan de lado inclusive a los propios docentes, quienes son los primeros en detectar y contener situaciones sociales complejas en las escuelas”.

Sostuvo además que, “a no ser que medie desconfianza hacia la labor de los propios equipos con que cuenta o se trate de ensayos para tercerizar a futuro esas funciones, cuesta entender semejante desaprovechamiento de recursos humanos y consecuente dispendio presupuestario”. En este aspecto destacó además que “si los funcionarios del gobierno porteño tuvieran la voluntad de escuchar a los miles de padres y madres cuyos hijos registran en “lista de espera” por no confirmación de vacantes, “podrían conocer acerca de sus incertidumbres y angustias”.

Detalló también que el gobierno porteño “debe explicar el motivo, el encuadre y los alcances de la convocatoria a consultoras privadas para realizar tareas en escuelas públicas”. Lesbegueris puntualizó que “debe transparentar cuáles son las problemáticas y los escenarios de crisis que vislumbra y se representa a futuro y las tareas de “investigación” y de “relevamiento” a llevar a cabo por consultoras privadas en escuelas públicas”.

El titular del área de derechos educativos presentó actuaciones de oficio para que el Ejecutivo porteño informe sobre estas cuestiones.