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En el distrito judicial de San Isidro, donde son frecuentes los choques entre fiscalías y juzgados, se produjo la primera controversia por la aplicación de la norma legal impulsada por el gobierno provincial que permite a los fiscales realizar allanamientos sin autorización previa de los magistrados. El juez de Garantías Diego Martínez resolvió anular un procedimiento que había sido ordenado y ejecutado por el fiscal Eduardo Rodríguez. El juez concluyó que el fiscal había cometido tres errores al disponer la realización del operativo en un domicilio del barrio Las Casitas, en Benavídez, donde para colmo de males ni siquiera encontraron los objetos robados en un centro de salud municipal que habían ido a buscar. La dueña de la casa allanada hizo ahora una denuncia para que se investigue si el fiscal y el personal policial actuante cometieron el delito de “privación ilegal de la libertad”.
El 12 de julio pasado, en una nota de opinión publicada en Página/12, el camarista de San Isidro Fernando Maroto cuestionó las nuevas normas porque significan “la profundización de la reforma procesal (bonaerense que le dio más atribuciones a las fiscalías), no obstante el evidente y notorio fracaso tras cinco años de vigencia” del actual Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Maroto, precisamente, ha tenido permanentes controversias con el jefe de los fiscales de San Isidro, Julio Novo, y también con el gobernador Felipe Solá y su antecesor Carlos Ruckauf, siempre en relación con medidas relacionadas con la seguridad.
El procedimiento en Las Casitas fue declarado nulo por el juez Martínez, quien enumeró al menos tres irregularidades. El magistrado recordó que si bien los fiscales pueden realizar por propia decisión un allanamiento, están obligados a comunicar la medida al juez antes de su ejecución. En este caso, el fiscal de Tigre Eduardo Rodríguez no lo hizo antes, sino después de cumplido el procedimiento. Por otro lado, en el análisis posterior de lo actuado, el juez consideró que la prueba valorada para hacer el allanamiento era insuficiente y que tampoco estaba fundamentada la supuesta urgencia de la medida.
En el caso analizado, el robo se cometió a las 9 del 4 de agosto y a las 18 del mismo día ya se estaba realizando el allanamiento. El fiscal Rodríguez había ordenado la búsqueda en el domicilio de Las Casitas de “un CPU, un monitor, elementos para la revisión de oídos, un estetoscopio y una calculadora” que habían sido robados en un centro de salud del municipio de Tigre, localidad en la que tiene jurisdicción el Poder Judicial de San Isidro. El allanamiento se hizo con inédita rapidez, pero los objetos no fueron encontrados en la casa.
La dueña del domicilio allanado se presentó ante la Justicia para denunciar la irregularidad del procedimiento y pidió que se iniciara una investigación por supuesta “privación ilegal de la libertad”. La controversia se produjo en el marco de la aplicación de la nueva ley bonaerense que faculta a los fiscales a realizar allanamientos de urgencia sin necesidad de reunir previamente prueba para fundamentarlos y sin la autorización previa de los jueces de garantías.
De todos modos, la nueva norma obliga a los fiscales a comunicar la medida al juez de turno antes de concretar la medida. La norma fue propiciada por decreto del 15 de julio pasado, que fue convertido en la ley 13.078. Por ella se modificó el artículo 59 del Código Procesal Penal en lo referente a las atribuciones de los fiscales. El espíritu de la flamante ley sería el de agilizar la intervención judicial para evitar la fuga de delincuentes y secuestrar en forma inmediata las pruebas.
El allanamiento sin orden del juez fue autorizado “cuando concurran fundados motivos que les permitan creer (a los fiscales) que existe peligro en la demora” de un procedimiento. Ahora se ha producido la primera controversia seria y el que ha quedado señalado con el dedo es el propio fiscal.