“No podíamos salir del lugar; Marcos nos lo tenía prohibido. Sólo podían salir, en muy pocas ocasiones, las personas que teníamos documentos de identidad y los que no, tenían prohibido salir.” Como esclavos. Así vivían los empleados de un taller textil de la ciudad de Buenos Aires donde se fabricaban prendas de las marcas de primera línea Kosiuko, Cheeky y Portsaid, según declaró en la Justicia una de las mujeres explotadas laboralmente en el lugar y corroboró la investigación del fiscal que actúa en el caso. Los directivos de las tres firmas fueron citados a declaración indagatoria y deberán presentarse en tribunales próximamente. Uno de los imputados es Daniel Awada, cuñado de Mauricio Macri y presidente de Cheeky. Están acusados de contratar al taller clandestino y colaborar así con la reducción a la servidumbre, entre 2007 y 2011, de al menos quince bolivianos –cuya condición migratoria era irregular–, que “trabajaban a destajo en jornada de todo el día por un salario paupérrimo, moraban con sus hijos menores, comían y dormían en un contexto de suma precariedad, insalubridad, hacinamiento y encierro controlado” y a la vez eran sometidos, mediante gritos y maltratos, a “condiciones laborales infrahumanas”.

Hasta ahora la Justicia no avanzaba en la cadena de explotación hacia los dueños de las marcas que contratan trabajo en talleres clandestinos y centraba su lupa en los encargados directos de la explotación. Varios fiscales venían haciendo pedidos para sentar en el banquillo de los acusados a los directivos de grandes firmas de ropa, pero los jueces rechazaban los planteos. Recién en diciembre, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, Ariel Lijo, confirmó la citación de nueve directivos y socios de empresas que comercializan distintas marcas, entre ellas Narrow, de jeans y ropa juvenil.

En la causa que involucra al hermano de Juliana Awada, esposa del jefe de Gobierno porteño, el pedido de indagatoria fue solicitado por el titular de la Fiscalía de Instrucción Nº 14, Andrés Madrea. La medida había sido denegada por la jueza Alicia Iermini, cuando subrogaba el Juzgado 48. El fiscal apeló, la Cámara del Crimen hizo lugar a su pedido y en diciembre la jueza María Fontbona de Pombo los convocó a declarar, lo que se haría a mediados de marzo.

La medida alcanza a Aníbal Marcelo Terra e Ingrid Georgina Kern Dornfeld, presidente y vicepresidente de Kowsef SA –cuyo nombre de fantasía es Kosiuko–; Daniel Awada y Patricia Norma Fraccione, presidente y vicepresidenta de Cheek SA –cuyas marcas son Como Quieres que te Quiera y Cheeky SA o Cheeky Child SRL–, y Sergio Jaime Said y Victoria Papu de Said, presidente y vicepresidenta de la sociedad denominada Mazalosa SA, conocida por el público con el nombre de Portsaid.

De acuerdo con la investigación judicial, las firmas de indumentaria “aportaban los moldes de las prendas, los cortes de las telas y los géneros mismos, además de botones, cintas y etiquetas con la marca, logística que consistía también en el traslado de los materiales al taller y luego su retiro una vez realizados con destino a las sociedades en cuestión –todo ello en manos de los fleteros Boris y de Enrique Markus, quienes fueron sobreseídos en la misma causa por entender el juez federal entonces interviniente que eran sólo transportistas tercerizados de la mercadería–”. Para el fiscal, no hay dudas de que los directivos de las marcas tenían conocimiento “de la irregular situación laboral, migratoria y habitacional en las que se encontraban los empleados” del taller de costura, donde fabricaban las prendas y que estaba a nombre de Rocy Mari López Cisneros y de su pareja, Marco Antonio Cáceres Flores. Funcionaba en la calle Pola 1995/1997, en el barrio porteño de Mataderos. Ese domicilio, a su vez, posee una conexión interna con otro domicilio, de la calle Garzón 5611.

En el pedido de indagatoria, Medrea sostuvo que “el producido por el taller, luego de su terminación y de la verificación de la calidad de las prendas, era comercializado en los locales de tales marcas”. Entre otras pruebas, agregó facturas, remitos, notas de crédito secuestradas durante un allanamiento, “demostrativos de la asiduidad en el intercambio comercial”. Un allanamiento fue realizado el 3 de octubre de 2011 por personal del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal Argentina, que constató la presencia de quince empleados, siete de ellos en condiciones migratorias irregulares. Además, mientras se llevaba a cabo el operativo, se presentaron López Cisneros junto a Cáceres Flores, quienes se identificaron como los dueños del negocio, y quedaron detenidos.

En otro procedimiento efectuado en la calle Rondeau 2583/5, piso 1º, de la localidad de San Martín –provincia de Buenos Aires–, fueron secuestrados documentos de la firma Cheeky –notas de débito, facturas A y órdenes de pago con membrete Cheeky Baby & Kinds–, además de prendas de vestir de la firma mencionada, de Portsaid y de Como Quieres que te Quiera, y cartones con el logotipo de Kosiuko y etiquetas de Cheeky y Kosiuko.

La causa se inició a partir de dos denuncias de funcionarios del Gobierno de la Ciudad. El propio Ejecutivo porteño informó en la causa judicial que el taller en cuestión, donde se presume fabricaba prendas la firma de la familia de la esposa de Macri, no registraba constancias de habilitación.

Una empleada que declaró en la causa contó que el sueldo se pagaba por prenda confeccionada y que muchos de los trabajadores eran indocumentados y también había menores de edad. “No podíamos salir del lugar; Marcos nos lo tenía prohibido. Sólo podían salir, en muy pocas ocasiones, las personas que teníamos documentos de identidad y los que no, tenían prohibido salir”, describió. Marcos Cáceres Flores era uno de los dueños del taller. “Además, nos decían que tuviésemos cuidado con la policía. Teníamos que dar un motivo fundado para poder salir, no podíamos hacerlo libremente”, agregó. También dijo que trabajaba “en negro” y que aunque tenía una hernia, nunca le dieron días de reposo ni redujeron su trabajo: “No me dieron ni un centavo, más aún cuando no tenía ningún beneficio social”, detalló. Otra de las personas explotadas dijo que “Marcos” (Cáceres) construyó varias habitaciones, en las cuales alojaba a sus empleados. Al momento de cobrar sus respectivos sueldos “reciben descuentos en concepto de alquiler” por dormir ahí. Es decir, los obligaban al encierro y les cobraban el alquiler.