La foto que tuiteó Santilli, cuando se inauguró la plazoleta, en 2011.

Hace apenas dos años, el Gobierno de la Ciudad construyó una plazoleta frente a la estación Federico Lacroze, donde antes había puestos comerciales ilegales. Pero esa plaza seca, con iluminación y solado nuevo, ya no existe más: la misma gestión que la hizo la destruyó ahora para levantar, se dice, dársenas para colectivos. La construcción de la plazoleta tuvo un presupuesto de 800 mil pesos. El de la nueva construcción se desconoce ya que, como es costumbre en la gestión macrista, los trabajos comenzaron sin el correspondiente cartel de obra.

No es la única obra flamante que la administración porteña destruye para hacer otra: ocurrirá lo mismo con el boulevard construido en la avenida Cabildo que será demolido para hacer allí un ramal del metrobús.

El 4 de noviembre de 2011, el entonces ministro de Ambiente y Espacio Público Diego Santilli anunció por Twitter el final de obra de la plazoleta de Corrientes y Lacroze, en Chacarita, con una de las fotos que ilustra esta página. Los trabajos se hicieron con rapidez, tras la demolición de los 31 locales que funcionaban en ese espacio –junto a una de las bocas de la línea B de subte–, desde hacía unos 50 años, sin ningún tipo de autorización.

La plaza seca estaba ubicada entre Federico Lacroze y Olleros, en la isla que divide la avenida Corrientes, que a esa altura tiene doble mano. La obra fue una respuesta a los reclamos de vecinos del barrio, después de años de abandono de ese lugar. Estuvo a cargo de la empresa Instalectro S.A., con un presupuesto de 800.000 pesos. E incluyó la colocación de baldosas nuevas, asientos de cemento y dos hileras de luminarias.

Los mismos vecinos se sorprendieron esta semana con la presencia de una retroexcavadora, que había terminado con la nueva plazoleta. Los asientos fueron removidos y en el centro del paseo comenzó una excavación que ayer dejaba al desnudo los rieles y los durmientes del tendido por donde circuló el tranvía porteño, reliquias que tienen un destino incierto. La única identificación de la obra es una cinta amarilla que rodea la destrucción, ya que no hay cartel que indique de qué se trata, cuál es la repartición del gobierno porteño que la ejecuta y cuál es el presupuesto, entre otros requisitos que debe cumplir por ley.

Una consulta realizada por Página/12 en fuentes del gobierno porteño arroja que la obra comenzó hace unos días aunque todavía no fue anunciada públicamente. El proyecto corresponde a la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, a cargo de Guillermo Dietrich, y será realizado en forma conjunta por los ministerios de Ambiente y Espacio Público, y de Desarrollo Urbano. “Se trata de un nuevo espacio para reordenar las paradas de colectivos, como se hizo en Retiro y en Constitución”, explicó la fuente, sin dar más detalles. Hoy, las líneas de colectivos que van hacia el oeste paran sobre la vereda norte de Corrientes, mientras que los que se dirigen hacia el este lo hacen en la vereda sur.

Esa franja central que divide la avenida Corrientes continúa con un edificio que utiliza la empresa Metrovías y con dos playas de estacionamiento concesionadas, que se extienden a lo largo de 200 metros. Nada de eso será afectado por el nuevo proyecto.

La destrucción de obras recientes amenaza con convertirse en una costumbre de la gestión macrista. El 9 de octubre pasado, el jefe de Gobierno anunció la construcción de cuatro nuevos corredores de metrobús. Uno de ellos es el de la avenida Cabildo, que irá de la avenida Congreso de Tucumán hasta la General Paz. Pero su traza coincide con el boulevard que el propio Gobierno de la Ciudad construyó en ese tramo de la avenida, y que tendrá que ser eliminado este año, cuando se concrete el anunciado proyecto.

Ese anuncio despertó críticas de vecinos y dirigentes de la oposición. Es que esa obra, promovida por la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, a cargo de Eduardo Macchiavelli, demandó una inversión de cinco millones de pesos y nadie se explica por qué se ejecuta un trabajo de esa magnitud para luego destruirlo.

La comunera Julieta Costa Díaz informó que “el último tramo de esa obra fue adjudicado el 28 de diciembre de 2012 a la empresa Cunumi S.A. por el monto de 1.637.843 pesos” y ya está finalizada.

Ahora, con las nuevas dársenas de Chacarita, se da un caso parecido: obras que se realizan sin planificación, en el afán de ejecutar presupuesto y contratar obras, con el riesgo de malgastar los recursos.

La plazoleta ayer: perdió su nuevo solado y los bancos de cemento.