El juicio por la represión de diciembre de 2001 ingresa a la etapa de testimonios con varias solicitudes de prescripción de parte de las defensas, que pasaron a manos del Tribunal Oral Federal Nº 6. La más llamativa fue la presentada por la defensa del ex secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza Enrique Mathov, quien insistió en que su imputación por lesiones culposas está vencida pese a que los jueces opinaron lo contrario días antes de que comenzara el juicio. Sobre ese precedente descansó la Fiscalía su respuesta, confiando en que el TOF sostendrá su opinión. No obstante, para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) el fundamento principal que neutraliza el intento de prescripción radica en la característica de los delitos que a Mathov y al resto de los 17 imputados se les endilgan: “Estamos hablando de graves violaciones a los derechos humanos”, argumentaron desde esa querella. Mañana, los jueces definirán si se expiden entonces sobre la cuestión o lo posponen. Luego, comenzarán a declarar los imputados. Se espera que el primero en hablar sea Mathov.

El defensor de Mathov, Jorge Valerga Aráoz, insistió la semana pasada en exigir que se declarara prescripta la acusación que pesa sobre su defendido por las 117 personas que resultaron heridas el 20 de diciembre de 2001. La primera vez que realizó el pedido, unos días antes del juicio, el TOF 6 se lo negó basándose en la existencia del “concurso ideal” de ese delito con uno más pesado: el homicidio culposo de Gustavo Benedetto, Carlos Almirón, Alberto Márquez, Gastón Riva y Diego Lamagna. Los otros acusados por esas muertes, el ex superintendente de Seguridad Metropolitana Rubén Santos y el ex jefe de la Dirección General de Operaciones de la Federal Norberto Gaudiero, se plegaron al pedido.

El fiscal del juicio, Mauricio Viera, recordó aquel antecedente. Los abogados del CELS, en tanto, consideraron por primera vez en el marco del debate oral a los hechos de aquel diciembre de 2001 como graves violaciones a los derechos humanos. “En casos como éstos, las dilaciones injustificadas en el proceso de justicia y las causales de prescripción no pueden tener como resultado la impunidad”, explicó Rodrigo Borda cuando tuvo que responder al requerimiento de Valerga Aráoz.

Pero el pedido de este defensor –que también representa a Carlos Blaquier, acusado de cómplice de la última dictadura cívico-militar en el secuestro, torturas y desaparición de personas– no fue el único requerimiento. Ayer, la defensora Valeria Corbacho exigió la nulidad del requerimiento de elevación a juicio de la querella de Benedetto –representada ahora por la ex defensora pública de la Ciudad Alicia Pierini–, que imputaba a su defendido, el ex subcomisario de la Federal Omar Bellante, por el homicidio del joven que fue baleado desde adentro de una sucursal del banco HSBC. De ser aceptada la nulidad, el proceso sobre Bellante pende de un hilo: la única acusación que debería afrontar, la de encubrimiento, sostenida por la Fiscalía, prescribe en mayo.

Es incierta la determinación que tomará el TOF respecto de los planteos expuestos. Aunque la actuación que los jueces José Martínez Sobrino, Javier Anzoátegui y Rodrigo Giménez Uriburu tuvieron en favor de Corbacho, y en desmedro del fiscal, respecto de aquel pedido de nulidad tal vez sirva de señal: el fiscal se había opuesto al requerimiento de Corbacho, pero el TOF decidió no darle lugar a su opinión por considerar que la cuestión “no estaba dirigida al Ministerio Público”. “La decisión del Tribunal desdibujó por completo el rol del fiscal y sienta un precedente preocupante en el proceso. Siempre la palabra del fiscal es importante”, advirtió el abogado del CELS, Maximiliano Medina.