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Todavía no está todo dicho sobre el futuro de Mauricio Macri en la causa de las escuchas, a pesar de que el juez Sebastián Casanello anuló el cierre de la investigación en su contra. El fiscal federal Jorge Di Lello apeló ayer la decisión del juzgado y por eso ahora la Cámara Federal tendrá que decidir si el jefe de Gobierno porteño debe ir a juicio oral, junto con el resto de los imputados, o si continúa la búsqueda de pruebas sobre su papel en la trama de espionaje. En un escrito de cinco páginas, Di Lello señaló que ya fue “hartamente probada” en la etapa de instrucción “la relación directa entre Macri y (Jorge “Fino”) Palacios”, el ex jefe de la Policía Metropolitana quien según la acusación tuvo un papel central en las pinchaduras telefónicas junto con el espía y ex policía Ciro James. En una decisión que descolocó a la fiscalía y a los querellantes, la semana pasada Casanello elevó a juicio oral a once imputados por el espionaje, aunque entre ellos no incluyó a Macri. Sobre él dijo que la instrucción del expediente había sido cerrada de manera “prematura” y que el juez anterior que hizo la investigación, Norberto Oyarbide, no había producido prueba “significativa para el resultado de la causa”. El líder de PRO está procesado como parte de una asociación ilícita dedicada a pinchar teléfonos desde la estructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se le atribuyen las intervenciones de líneas de su cuñado, Daniel Leonardo (que estaba casado con Sandra Macri), y del dirigente de familiares de AMIA Sergio Burstein, aunque el caso abarca otras tantas escuchas de distinto tipo (desde empresarios hasta posibles amantes). Casanello sostuvo que no había pruebas “concretas” y “directas” de que Macri hubiera mandado a espiar.

La causa empezó un día que Burstein recibió un llamado anónimo en su casa, en el cual le advirtieron a su hija, quien había atendido: “A tu papá lo está escuchando el Fino Palacios”. Palacios era el jefe de la policía porteña que había elegido Macri a pesar de las sospechas que lo vinculaban con el encubrimiento de atentado a la AMIA, que Burstein denunciaba (lo que explicaría el interés en espiarlo); al comisario y a Macri los unía una vieja relación de confianza de la época del secuestro de éste. El juzgado constató rápidamente que era cierto que alguien escuchaba a Burstein, y resultó ser que lo grababan desde la ex SIDE, en función de órdenes judiciales en causas truchas, armadas, que emitían dos juzgados de Misiones. El que conseguía las órdenes era Ciro James, según la pesquisa, y también era él quien retiraba las grabaciones de la Secretaría de Inteligencia. Cada vez que hacía ese trámite hablaba con Palacios, y también lo hacía en horarios no laborales, nocturnos, lo que denotaba una relación cercana. James estaba contratado como asesor legal del Ministerio de Educación, que comandaba Mariano Narodowski, con quien también tenía cerca de medio centenar de llamadas. La cartera no registraba trabajos suyos.

Lo que hizo Casanello, para evitar la elevación a juicio oral de Macri, fue anular las acusaciones y establecer nuevas medidas de prueba. El fiscal Di Lello apeló esa decisión ayer, al considerarla “antojadiza”. Se quejó de que implica “echar en saco roto” todo su trabajo acusatorio basándose en cuestiones de hechos y pruebas que él considera “acreditadas” con el grado de “probabilidad” necesaria para la etapa de instrucción. En todo caso, dijo, las pruebas se deben debatir en el juicio oral. Di Lello citó uno de los fallos de la Sala I de la Cámara Federal, que en una de sus intervenciones señaló que “el sistema de seguridad pública de la Ciudad está encabezado por el jefe de Gobierno”, que es “el responsable del sistema de seguridad y de él depende jerárquica y funcionalmente la Policía Metropolitana”, cuyo jefe designa.

Casanello había argumentado que “la atribución de responsabilidad” de Macri, “a diferencia del resto de los imputados, pasó a sostenerse casi exclusivamente en su posición de vértice dentro de la estructura burocrática de su gobierno”. Sería una responsabilidad política, dijo, que no es lo mismo que la de carácter penal. El juez sostuvo, por ejemplo, que nunca se avanzó suficiente en el papel del ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro, de quien depende la fuerza porteña. En rigor, había sido desvinculado como sospechoso. Casanello lo citó como testigo y pidió investigar la actividad vinculada con la empresa de seguridad Ackerman, a la que Franco Macri (el padre del jefe de Gobierno) dijo haber contratado para investigar los “riesgos del matrimonio” de su hija Sandra.

Para Di Lello, sin embargo, es claro que “fue Macri quien trajo a sus filas a Palacios y no su ministro (Montenegro)” y que los unía “un estrecho vínculo de confianza”. “Siempre estuvo hartamente probada la relación directa de Macri con Palacios, aun más allá de sus respectivas funciones, por lo que no se entiende que a esta altura de los acontecimientos se pretenda que la imputación que pesa sobre Macri se apoya ‘esencialmente en la estructura burocrática de su gobierno’”.

Subrayó que la causa lleva cinco años y no puede estar “en estado de investigación continua”. Advirtió que si Macri va a juicio oral en forma separada, también hay riesgo de que haya contradicción entre los dos juzgamientos.

Casanello había desplegado más de cien páginas de fundamentos, convencido de que no es ilógico que decida completar la instrucción luego de haber encontrado discrepancias con el juez que estuvo a cargo del juzgado mientras estuvo vacante. Todavía están a tiempo de apelar su decisión las querellas de Burstein y de Leonardo. Por lo pronto, van a juicio Palacios, su número dos Osvaldo Chamorro, James, Narodowski, el juez misionero José Rey, una secretaria y policías de esa provincia.