En la ciudad de Buenos Aires, los vecinos deben estar en alerta y los jueces, dispuestos, para frenar los avances de las empresas constructoras sobre espacios protegidos, donde los ojos de organismos de control parecen hacer la vista gorda. Esta vez fue en el edificio en construcción de la calle Cachimayo 595, en Caballito, donde la Justicia ordenó paralizar la obra en la que se levantaba un edificio que pretende llegar a los nueve pisos en una manzana donde está prohibida la construcción de planta baja y dos pisos.

La historia de esa edificación ilegal se remonta a 2005. El propietario de ese inmueble demolió la vivienda sin hacer la consulta correspondiente para las construcciones de esa manzana, catalogada en ese momento como Area de Protección Histórica. Los vecinos hicieron la denuncia administrativa y, en forma paralela, el responsable de la obra, arquitecto Pablo Cabello, presentó los planos de la nueva construcción considerando al inmueble con la zonificación R2aII, que permite edificar hasta nueve pisos. Esa es la zonificación de las manzanas vecinas, pero no de la delimitada por Cachimayo, José Bonifacio, Nicolás Videla y el pasaje La Nave, donde está la vivienda en cuestión, considerada en ese momento como APH, es decir, con protección histórica.

“Esta es una manzana atípica, tiene 50 metros por 50 y allí hay tres casas de estilo art decó, diseñadas por el arquitecto Alejandro Virasoro”, explicó a este diario la arquitecta Fabiana Martínez, del grupo de vecinos denunciantes. Pero luego, en julio de 2005, la Legislatura modificó el Código de Planeamiento y dispuso para ese sector del barrio la zonificación R1B1, que permite una altura máxima de 14,60 metros y un Factor de Ocupación del suelo igual a 1 (FOT 1), lo que quiere decir que no se pueden construir más metros cuadrados que la superficie del terreno, en este caso, alrededor de 100 metros cuadrados. Aunque el barrio ya no tiene protección histórica, si las viviendas son anteriores a 1940, se debe pedir autorización al Area de Patrimonio antes de su demolición.

Las denuncias en aquel momento surtieron efecto: en agosto de 2005, la administración porteña ordenó la paralización de la obra por no cumplir con el procedimiento previsto para las APH. Pero las cosas no terminaron ahí. Los vecinos recuerdan que en mayo de 2009, el Gobierno de la Ciudad realizó una inspección y comprobó que la obra estaba paralizada y al año siguiente, el arquitecto Cabello se desligó formalmente de la obra. Y en 2012, un inspector clausuró la obra por falta de carteles y de pantallas de protección, en lo que los denunciantes consideran una “maniobra fraudulenta”, ya que “es inadmisible clausurar una obra que el propio gobierno había considerado paralizada”. La denuncia contra el inspector está radicada en la Unidad Fiscal Zona Sur.

Esa maniobra se explica –según los denunciantes– por lo que ocurrió después: se colocó el cartel de obra y las pantallas y la clausura fue levantada; en enero de este año comenzaron tareas de limpieza en la obra y los encargados de la construcción informaron que se iba a construir el proyecto original, de 2005, con cada uno de sus nueve pisos.

“La obra es ilegal, porque después de tres años de paralización de la obra, se cae el permiso y debe iniciarse un nuevo registro de obra. Por lo tanto, el profesional que interviene debe adecuar el proyecto a la nueva zonificación, R1BI, en lugar de la anterior, que permitía más altura y superficie construida”, dice la arquitecta Victoria González, del grupo denunciante, a Página/12.

El juez en lo Contencioso Administrativo y tributario Osvaldo Othegy, después de considerar los argumentos de los vecinos, resolvió que corresponde dictar la medida precautelar con el fin de “evitar que se torne ilusorio el derecho reclamado por la parte al tiempo de resolver la medida cautelar requerida”. Es decir, si la empresa sigue construyendo y el juez resuelve que la obra es ilegal, ya será demasiado tarde para frenar una edificación ya levantada o habrá que ordenar su demolición.

Por lo tanto, el juez ordenó al Gobierno de la Ciudad que “proceda a paralizar inmediatamente la obra” de Cachimayo 595; además le pidió al Ejecutivo copia certificada del expediente de habilitación de la obra, así como un informe de quiénes son los propietarios y responsables de la misma. La propiedad figura a nombre de Fiduciaria Buenos Aires SA, que ya habría apelado la medida judicial.

La obra quedó paralizada, por el momento, con el encofrado de madera para el tercer piso aún sin rellenar con hormigón. Los vecinos siguen en alerta, porque la pelea contra las construcciones ilegales parece no terminar nunca. “El daño ya está hecho, pero no queremos que sea mayor”, afirmó Martínez.