Con una fuerte presencia de familiares de las víctimas que reclamaron “justicia”, comenzó ayer el juicio oral y público por la tragedia del tren del ex ferrocarril Sarmiento que el 22 de febrero de 2012 se estrelló con el paragolpes del andén 2 de la estación Once, lo que provocó 51 muertes y 789 heridos y lesionados. Aunque un peritaje técnico conocido la semana previa señaló que los frenos funcionaban bien y hubo un error humano por parte del maquinista Marcos Antonio Córdoba, uno de los 29 imputados, en el texto de la elevación a juicio –leído ayer en la audiencia– quedó claro que la fiscalía pretende demostrar que en el hecho hubo también responsabilidad directa de ex funcionarios del Gobierno y directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA). El fiscal federal Federico Delgado, firmante del escrito, sostiene que hubo “un pacto, explícito o implícito” entre TBA, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Secretaría de Transporte que “disolvió cualquier chance de control real” sobre el material rodante y el servicio. Esto significó, según la hipótesis de la parte acusadora, que “la instancia de control alcanzara un simple plano formal que no llegó a ser real”.

La audiencia se abrió ayer a sala llena y con familiares que se manifestaban en la vereda de los tribunales de Comodoro Py (ver aparte). Estuvieron presentes todos los imputados, entre ellos los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, los empresarios del grupo Cirigliano, que tenía entonces la concesión de la línea Sarmiento, y el maquinista Marcos Córdoba. Schiavi, cuando ingresaba a la sede de Comodoro Py, fue abucheado por los familiares y uno de ellos le gritó: “Cobarde, asesino, por qué no diste la cara”. Ante los periodistas dijo que está “tranquilo”, que no quiere hablar por ahora y que va a concurrir “a todas las audiencias”.

Poco antes de las 11.30, el presidente del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Tassara, dio por abierto el debate y comenzó la lectura del requerimiento de elevación a juicio suscripto por el fiscal Delgado.

Buena parte del texto acusatorio leído ayer en forma alternativa por los secretarios del tribunal está centrada en cuestionar el destino que la empresa TBA le dio a los fondos que recibió de parte del Estado, en carácter de subsidio. Se aseguró que, entre 2003 y 2009, el monto recibido por TBA tuvo un incremento del 132 por ciento, pero eso “no se vio reflejado en una mejora del servicio” de trenes.

“El Estado inyectó fondos, pero los funcionarios deliberadamente optaron por no controlar”, dijo Delgado, quien sostuvo que “esa connivencia es lo que en Derecho Penal se denomina complicidad criminal en la producción de un hecho”. En el texto de la acusación fiscal se afirma también que “los funcionarios, privilegiando los intereses del concesionario, se limitaron a llenar papeles para que formalmente los pasos parecieran cumplidos y así permitir los desembolsos”.

En la instrucción, Delgado aseguró que Claudio Cirigliano, otro de los imputados, utilizó una tarjeta corporativa de TBA para realizar “gastos exorbitantes” con el dinero que remitía el Estado. Mencionó un supuesto medio millón de pesos invertidos en gastos personales, como la adquisición de joyas, muebles traídos de la Polinesia y en viajes por el mundo.

En el escrito se deja sentado “la falta de inversión de la empresa TBA”, y que eso fue creando lo que se denominó “una bomba que podía explotar en cualquier momento”. Para la acusación, esto fue posible por “la evidente complicidad de los funcionarios” que actuaron “privilegiando los intereses del concesionario”.

En ese marco descripto por la fiscalía, “el tren siguió siempre abrazado a los vientos de la fortuna que el 22 de febrero cambiaron de dirección”. En este punto se precisó que entre 2003 y 2009 TBA recibió en carácter de subsidios la suma de 1924 millones de pesos, pero los Cirigliano “dejaron a un lado el contrato y al dejarlo de lado, se olvidaron del servicio. Y al olvidarse del servicio no invirtieron. Como no invirtieron la situación se asemejaba a una bomba que podía explotar en cualquier momento. Ello ocurrió el 22 de febrero de 2012”.

Respecto de la responsabilidad del maquinista en medio de esta situación general, se sostuvo que “admitió la materialidad del hecho que trajo aparejada la violación del deber de cuidado que lo envolvía como conductor”, a la vez que se afirmó que conducía “a velocidad excesiva”.

La mayoría de los 29 procesados –todos están en libertad– escucharon la lectura de la imputación sentados juntos, detrás de sus abogados, y separados por un blindex del lugar donde están los familiares, el público en general y los periodistas. El único que estuvo separado del resto fue el maquinista Córdoba, quien se ubicó más adelante, acompañado por su defensora, Valeria Corbacho.

Al juicio llegaron damnificados representados por el abogado Gregorio Dalbon y cerca de veinte damnificados defendidos por la querella de la familia del joven Lucas Menghini Rey, uno de los 51 fallecidos en el accidente. En el juicio, la acusación elevada por el fiscal Delgado quedará a cargo del fiscal Fernando Arrigo. Los imputados podrían recibir una pena máxima de seis años de prisión efectiva. La segunda audiencia del juicio se realizará el martes próximo, desde las diez de la mañana.