La historia de la playa del estacionamiento del Hipódromo de Palermo, un edificio de dos plantas ubicado en Avenida del Libertador y Dorrego, podría ser también una crónica de la entrega del patrimonio público de la Ciudad, o un capítulo más de la complicidad política con los negocios privados. El despojo comenzó con la privatización del Hipódromo, en los ’90, que arrastró a la explotación privada el edificio de cocheras perteneciente a la Ciudad, ubicado frente a la pista. En 2007, cuando la Ciudad había ganado un juicio a sus tenedores que le permitía recuperar el inmueble, un jefe de Gobierno, tres días antes de terminar su mandato, lo volvió a ceder a título gratuito. La gestión de Mauricio Macri, que lo sucedió, fue capaz de dictar un decreto para retomar el control del predio, hace más de cinco años, pero que nunca lo puso en práctica. El argumento provocaría risa si el caso no fuera de tanta gravedad: dice el gobierno de Macri que la Policía Federal no puso a disposición el personal necesario para el desalojo. En el edificio no había (ni hay) personas atrincheradas, sino un puñado de empleados que acomodan los coches y cobran la tarifa.

El edificio en cuestión está ubicado en el triángulo que forman la avenida Dorrego, Marcelino Freyre y las vías del Ferrocarril Mitre, con vértice en la Avenida del Libertador. Cuando Carlos Menem privatizó el Hipódromo, en 1992, el estacionamiento quedó en manos de la concesionaria, aunque el predio no era de la Nación sino de la entonces municipalidad porteña. Con la autonomía de la Ciudad, en 1999, el jefe de Gobierno Fernando de la Rúa logró que caducara la concesión. Pero la Ciudad no recuperó el predio por una acción de amparo de la empresa Hipódromo Argentino de Palermo SA (Hapsa), concesionaria del palacio porteño del turf.

“Tuvimos que iniciar un juicio para desalojar a la empresa que lo ocupaba y, en 2005, logramos una sentencia favorable”, relata a Página/12 el legislador Aníbal Ibarra, que por entonces era jefe de Gobierno. “Pero poco después fui suspendido en el cargo (por el caso Cromañón) y el desalojo nunca se cumplió.”

El sucesor de Ibarra, Jorge Telerman, aportó lo suyo tres días antes de terminar su mandato: el 6 de diciembre de 2007 firmó el decreto 1993/2007 que le otorgaba a la empresa Hapsa “un permiso precario de uso gratuito” de esa fracción “por el plazo de cinco años”. El argumento de Telerman para firmar ese decreto fue que la Ciudad percibió un porcentaje de dinero producto de la explotación de máquinas “tragamonedas”, lo cual implicaba “un beneficio para toda la comunidad”.

“Se le entrega el predio en forma gratuita a una empresa que había litigado contra la Ciudad”, se indigna Ibarra, aún hoy. Y recuerda que en diciembre de 2007, cuando asumió como legislador, presentó un proyecto en el que solicitaba la derogación del decreto de Telerman. En el texto refutaba los argumentos de quien había sido su vicejefe y sucesor: “Con ese criterio, la Ciudad debería ceder en forma gratuita espacios públicos a shoppings y supermercados para incrementar su recaudación por Ingresos Brutos”, ironizó.

Macri se tomó su tiempo, pero el 4 de agosto de 2008, cuando aún no había cumplido un año de gestión, firmó el decreto 962/08 por el cual revocaba el que había suscripto Telerman, por considerarlo afectado de “nulidad absoluta e insanable” (al decreto). Además, dispuso el “desalojo administrativo del predio” ocupado por Hapsa e instruyó a la Dirección General de Concesiones para “ejecutar la recuperación” de esa fracción, con la colaboración de la Guardia de Auxilio y Emergencias, “pudiendo, en caso de ser necesario, requerir el auxilio de la fuerza pública”.

Pasaron ya cinco años y siete meses sin que los funcionarios macristas cumplieran el decreto firmado por su jefe y sin que se sepa si hubo intentos de concretar la ordenada recuperación, si existió resistencia por parte de sus ocupantes o algún incentivo para posponer la medida.

Lo cierto es que ante la demora, el propio Ibarra presentó un pedido de informes en la Legislatura en marzo de 2012, que no fue tratado, y otro en 2013, que sí fue aprobado. En diciembre último, recibió la respuesta firmada por el director general de Concesiones, Gabriel Astarloa. El funcionario relata que se había fijado “fecha para efectivizar la desocupación administrativa” del lugar “para el día 20/05/2010” pero el operativo “fue suspendido atento a no contar con personal policial para su efectivización”.

El informe de Astarloa detalla que la Dirección de Operaciones de la Policía Federal se negó a “prestar su colaboración”; agrega que su repartición solicitó al Ministerio de Justicia y Seguridad porteño la intervención de la Policía Metropolitana, pero el subsecretario de Seguridad Urbana, según se desprende de la respuesta, dejó entrever que “a la fecha no contaban con los recursos humanos necesarios para cumplimentar el requerimiento”. El informe no aclara si era necesaria una fuerza de Infantería o de elite, o bien expertos en mediación, para intervenir en la recuperación del estacionamiento. Tampoco aclara si hubo otros intentos, aparte de ese frustrado de mayo de 2010, para hacer efectivo el desalojo.

En noviembre último, a través del diario La Nación, el director de Bienes del gobierno porteño, Juan Barrailh Ortiz, anunció que “estamos trabajando en una nueva licitación, con un nuevo concesionario, para que abone el canon correspondiente por dicha explotación”, pero no explica cómo van a hacer para concesionar un predio intrusado que no han podido desalojar en más de cinco años.