Para la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, no hay lugar a dudas: los fusilamientos de 16 jóvenes militantes en la Base Almirante Zar el 22 de agosto de 1972, aquello que desde entonces y hasta la eternidad se conocerá como la Masacre de Trelew, fueron, son y serán delitos de lesa humanidad. “Es histórico”, celebró Daiana Fusca, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales y representante junto a su colega Eduardo Hualpa de la querella de los familiares de aquellos muertos. En un fallo bastante parejo –la mayoría de los puntos cuenta con la unanimidad de los votos– los camaristas Mariano Borinsky, Liliana Catucci y Alejandro Slokar anularon las absoluciones de Rubén Pacagnini, quien fue el jefe de la Base en donde tuvieron lugar las muertes, y de Jorge Bautista, quien como juez militar ad hoc estuvo a cargo de la instrucción judicial de los hechos.

En un documento de poco más de cien páginas, a un año y medio de la sentencia original, la Casación dio lugar a casi todos los puntos de aquel fallo que la fiscalía y la querella de los familiares de las víctimas consideraron pertinente discutir. El más importante, coincidieron representantes de ambas partes en diálogo con este diario, radica en la confirmación de la Masacre de Trelew como delito de lesa humanidad. “La Cámara enmarca los hechos en el plan sistemático de exterminio del pueblo argentino que luego recrudeció cuando comenzó la dictadura: es histórico”, remarcó Fusca. “Coincidieron con el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia en ubicar los hechos ocurridos en 1972 dentro del terrorismo de Estado de aquellos tiempos”, añadió el fiscal general Dante Vega –quien trabajó en el debate oral junto con sus pares de Comodoro Rivadavia, Horacio Arranz, y de Rawson, Fernando Gelvez– con relación a ese punto que no sólo es neurálgico desde lo político, sino también desde lo penal.

Las defensas se posaron en esa calificación para recurrir las condenas a prisión perpetua que el TOF les impuso a Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino en octubre de 2012. La consideración de los fusilamientos de 16 militantes políticos y las tentativas en otros tres casos como violaciones a los derechos humanos los impermeabilizó como delitos frente al paso del tiempo: la confirmación de esta cuestión por parte de los camaristas es, también, la confirmación de las condenas que deben afrontar los culpables.

Pero Marandino, Sosa y Del Real no son, desde ayer, los únicos condenados por la Masacre de Trelew. La Sala III de Casación anuló las absoluciones de Pacagnini y Bautista, los otros dos acusados en el debate oral –en el primer caso, el voto fue dividido; en el segundo, el acuerdo fue total– y dejó en manos del tribunal de origen la manera en que se resolverán las situaciones procesales de ambos. El TOF de Comodoro Rivadavia deberá decidir si revé las determinaciones vertidas por los camaristas en el fallo de ayer y redefine las sentencias en pos de tales cuestiones o si convoca a lo que se conoce como un “juicio de reenvío”, un nuevo proceso oral para condenar a los ex absueltos.

La unanimidad para anular la absolución de Bautista radicó en remarcar las “omisiones” en las que el TOF incurrió al analizar su actuación frente a los hechos como juez militar ad hoc entonces. En el caso de Pacagnini, por mayoría primó el razonamiento planteado por las partes acusatorias: es poco creíble que el jefe de la Base Almirante Zar no supiera del fusilamiento de 19 militantes políticos que allí tuvo lugar. En esta cuestión, fue Borinsky quien esbozó el fundamento más sólido al considerar que el voto mayoritario del TOF de origen que apuntó a la absolución de Pacagnini –la jueza Nora Cabrera de Monella había votado en contra– “no supera el test de fundamentación ya que la conclusión a la que arriba no es el corolario de una adecuada valoración de la prueba. Se advierten fisuras en el razonamiento lógico”, postuló. Slokar se plegó. Catucci opinó lo contrario. “Plantea algo que nosotros remarcamos en nuestro recurso: que el argumento del tribunal no es lógico si toman por dado los hechos pero descartan la responsabilidad de Pacagnini como jefe de la Base”, reflexionó Fusca. En ese sentido, Vega también se mostró conforme: “Insistimos desde un comienzo en que el considerar los fusilamientos de Trelew como delitos de lesa humanidad era contradictorio con la absolución de Pacagnini”.

La fiscalía, no obstante, se mostró insatisfecha en cuanto a lo que plantea el fallo sobre la detención de los condenados. Tras la sentencia de octubre de 2012, el tribunal original excarceló a los incriminados hasta la confirmación del fallo, un punto apelado por la acusación. En un fallo dividido, la Cámara ordenó a la fiscalía que reclame las detenciones nuevamente al TOF de Comodoro Rivadavia. “Criticamos desde un primer momento la impunidad lisa y llana que significó que los tres condenados por delitos de lesa humanidad quedaran en libertad. Fuimos muy severos. Y la Cámara no se ha pronunciado directamente sobre esto y dejó la cuestión en manos de los fiscales, lo cual sigue postergando una decisión que tiene que ser tomada inmediatamente”, evaluó Vega.