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El juez en lo Contencioso y Administrativo de La Plata Luis Federico Arias aseguró ayer que en la inundación del 2 de abril del año pasado, ocurrida en La Plata, murieron 89 personas, todas mayores de edad. Así, contradijo la información brindada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que indicaba que las víctimas habían sido 67. Arias dispuso, además, que el Poder Ejecutivo y la Legislatura provincial reajusten los procecidimientos y prácticas que originaron las discrepancias en el conteo.

El juez señaló que hubo “irregularidades” en las acciones llevadas a cabo por funcionarios del Registro de las Personas para la inscripción de las defunciones traumáticas. Sostuvo que existieron irregularidades en los certificados de defunción, “lo que generó las condiciones para que la documentación pública no refleje la realidad de lo acontecido o la muestre de una manera distorsionada”.

“El valor de la prueba testimonial en la reconstrucción de los hechos adquiere una dimensión preponderante, puesto que la naturaleza de los hechos investigados así lo determina en un contexto de falsedad, ocultamiento, desconfianza, confusión y catástrofe”, graficó.

Arias había iniciado la investigación a partir de una presentación realizada por el defensor oficial del fuero de responsabilidad juvenil, Julián Axat. En el fallo, el magistrado cita que se investigaron otras 17 muertes ocurridas entre el 2 y 3 de abril de 2013, pero no se pudo comprobar que fueran por el temporal.

A raíz de esta decisión, Arias ordenó al Poder Ejecutivo provincial a que, una vez que la decisión quede firme, “divulgue públicamente el resultado de este proceso a través de los medios de comunicación, por los que dio a conocer la información inexacta”.

También ordenó al Registro de las Personas a que consigne, mediante una anotación marginal, que deberá constar en cada una de las actas de defunción correspondientes a las personas que se mencionan en este fallo que fueron víctimas de la inundación.