La Justicia federal procesó a cinco personas por la ocupación de un terreno ferroviario, junto a la Villa 31 de Retiro. Los acusa de usurpación e interrupción de las comunicaciones, ya que en el predio de las vías del Ferrocarril Belgrano Cargas estaba previsto realizar un nuevo trazado hasta el Puerto de Buenos Aires. El juez federal Sebastián Casanello dispuso abrir una nueva investigación para determinar la actividad de una organización que se dedicaría a la toma de terrenos para la venta. Uno de los procesados es integrante de la Prefectura Naval.

Casanello dispuso embargos de 100 mil pesos para cada uno de los cinco procesados. A diferencia de otros ocupantes del terreno, a quienes consideró que estaban en el lugar por necesidad de vivienda, el juez sostiene que los cinco participaron de la toma con la intención de vender fracciones de tierra a personas con necesidades de vivienda.

El predio está ocupado desde agosto de 2010. Para determinar responsabilidades, el juez tomó testimonios de vecinos de la Villa 31, algunos de los cuales fueron denunciantes de la toma. También tomó en cuenta un trabajo de investigación del Instituto Gino Gemani de la UBA, titulado “Las formas de la conflictividad en las villas de la ciudad de Buenos Aires”.

En su resolución, Casanello entendió que se trató de la “ocupación ilegal desde un trazado férreo esencial para la conectividad del puerto de la ciudad de Buenos Aires, sobre las vías del único acceso del Ferrocarril Belgrano Cargas al puerto, donde se proyectaba una obra de 45 millones de pesos ‘Nuevo acceso ferroviario del Puerto de Buenos Aires’”. Es decir, no eran tierras “ociosas” y que “de un día para el otro se delimitaron parcelas y comenzó la construcción de viviendas particulares”, añadió el juez para luego afirmar que “eso impidió la continuación del proyecto estratégico que se había planificado y el paso del tren, con riesgo incluso de recibir demandas por daños y perjuicios por parte de la empresa adjudicataria”. Sobre los terrenos ocupados está una vía que une la estación del Belgrano Cargas con la terminal del puerto porteño.

Casanello advirtió que en la causa “resulta clave determinar el grado de vulnerabilidad de los agentes y por qué actuaron” debido a que “una cosa es aquel que actuó por necesidad y otra muy distinta el que lo hizo por simple afán de lucro”. Con ese fin, para determinar la situación procesal de las 18 personas imputadas, determinó que un grupo de ellas había llegado al lugar después de la ocupación, alquilando o comprando un terreno. Estas personas fueron sobreseídas. En cambio, cinco de ellos fueron procesados porque todos los testimonios los señalan como “organizadores” y quienes vendieron los lotes.

“En estos casos, la decisión de ocupar el predio ajeno se realizó no por una situación de extrema vulnerabilidad, sino para lucrar y aprovecharse de la necesidad de otro. De ese modo, estas personas, por medio de la apropiación ilegal, rellenaron el vacío estatal y ofrecieron vivienda a cambio de dinero”, argumentó el juez. Respecto de ellos, Casanello indicó que “son aquellos que se aprovechan de la inacción estatal para someter a otros. En ellos el reclamo habitacional es tan sólo una excusa para evadir la ley”.