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La jueza porteña Gabriela López Iñiguez rechazó el pedido de detención de siete imputados por el delito de usurpación en la causa que investiga la ocupación de terrenos próximos a la Villa 20 de Lugano, entre ellos Marta Yané, una militante del Movimiento Evita.

Iñiguez, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 14, rechazó los pedidos de detención presentados por el fiscal porteño Carlos Rolero en la causa por la ocupación iniciada el 24 de febrero último. Tras analizar las pruebas presentadas por la fiscalía y los argumentos de la defensa, integrada por el abogado Juan Manuel Di Teodoro, patrocinante de Yané, y el defensor general adjunto Luis Duacastella, en representación de cinco mujeres y un varón, la magistrada eximió de prisión a los siete imputados.

En el caso de Yané, la jueza consideró que “no se verificó ninguna de las situaciones legales que habilita a restringir la libertad de una persona durante el proceso”.

“El Ministerio Público Fiscal parecería que decide no notificarle ni los hechos que se le imputan ni las pruebas que existen en su contra”, apuntó, y agregó que “no deja de ser contradictorio que se solicite la detención pero no se proceda a recibirle declaración para que pueda ejercer su derecho a ser oída”.

Yané expresó que “esto demuestra una vez más que el macrismo invierte esfuerzo y dinero en investigaciones mal hechas y con falsas acusaciones y no se preocupa por el verdadero problema que constituye la crisis habitacional y la falta de vivienda digna”.

“La jueza señaló las innegables deficiencias en la investigación de la fiscalía, que intentó dar un paso hacia la criminalización de la militancia social y política sin fundamentos jurídicos que la avalen”, afirmó Di Teodoro, el abogado de Yané.

Para eximirla de prisión, la magistrada consideró suficiente que se conociera su domicilio real y una caución juratoria.

En cambio, para los otros seis imputados dispuso “la obligación de presentarse semanalmente a firmar el libro de asistencia en sede de la fiscalía” y la “prohibición de salir de la ciudad de Buenos Aires, salvo con permiso solicitado al tribunal”.

Iñiguez también impuso a este grupo de imputados “la prohibición de concurrir al predio ilegalmente ocupado, ubicado junto a la Villa 20, sobre la avenida Fernández de la Cruz, entre Pola y Escalada”.