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Así como algunos sueñan con jugar un Mundial, otros se desviven por ser presidente. Ese es el caso del actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Como buen jugador para la tribuna, Mauricio Macri seguirá apelando a obras pomposas y visibles para poder inundar la Ciudad de amarillo. Mientras tanto, los problemas de fondo que demanden una gran inversión, pero con rédito político menor, continuarán quedando fuera de foco.

La cuestión de la vivienda es el mejor ejemplo del desinterés de este gobierno por una problemática tan importante. No sólo hacemos referencia a la situación de aquellas personas que viven hacinadas o en viviendas deficitarias. También hay que tener en cuenta a todos los porteños que formaron un hogar en una vivienda digna que alquilan desde hace varios años, pero sueñan con una casa propia.

Según datos oficiales provenientes de la Encuesta Anual de Hogares de 2013, en casi la mitad de los hogares los habitantes no son propietarios. De los mismos, el 75 por ciento es inquilino o arrendatario y el resto mantiene otra situación de tenencia. Es decir, prácticamente uno de cada tres hogares porteños (32,1 por ciento) abona mensualmente un alquiler, cuando ese dinero podría estar destinando para comprar una casa a través de un crédito hipotecario.

Este concepto –el de devolver un préstamo durante varios años en vez de pagar un alquiler infinitamente– está en la cabeza de los que gobiernan y tienen el poder de hacer los sueños realidad. Hace unos días, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la construcción de 3841 viviendas que se suman a las 4613 que ya estaban en ejecución en la Ciudad. Con estas iniciativas enmarcadas en el plan Pro.Cre.Ar, alrededor de 33 mil porteños serán beneficiados con la entrega de una vivienda, a cambio del pago de accesibles cuotas por un plazo de hasta 30 años.

En el PRO también conocen de los beneficios de los créditos hipotecarios. En especial, con tantas viviendas desocupadas en la Ciudad. Son 341 mil, según el último Censo; idéntico número que la cantidad de hogares que alquilaban en 2010. Sin embargo, el presupuesto ejecutado del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) es insignificante en relación con la problemática a atacar. El año pasado, el IVC gastó cuatro veces menos de lo que demandó el contrato de la basura.

Con los años, el macrismo le bajó la prioridad a este organismo. Así, mientras que el gasto total aumentó una cuarta parte entre 2012 y 2013, el del IVC tan sólo se incrementó un 6 por ciento en el mismo período. Otra forma de ver esto es con la relación entre gasto del organismo y gasto total de la Ciudad: en 2008, ese indicador llegaba al 2,5 por ciento, mientras que el año pasado tan sólo alcanzó el 1,4 por ciento.

Por otro lado, la distribución del gasto está cada vez menos dirigida a créditos o subsidios. En cambio, el gasto que podemos denominar como administrativo (es decir, que no va a obras, ni a créditos para adquirir viviendas) toma mayor relevancia. De los 680 millones de pesos que ejecutó el organismo en 2013, entre 15 y 20 por ciento se destinó a préstamos, mientras que el gasto administrativo fue muy superior y rondó el 30 por ciento; valores similares a 2012. Sin embargo, en 2009, más de un tercio del presupuesto del IVC iba a parar a las familias en forma de préstamos de largo plazo.

Como última prueba de que al gobierno porteño no le interesan las políticas de vivienda, queda por analizar el origen de los recursos del IVC. Mientras que, en 2008, dos tercios de los fondos totales eran aportados por el propio Tesoro de la Ciudad, ese concepto se redujo a un tercio el año pasado. El resto de los recursos de 2013 del organismo fue aportado por el Estado nacional a través de planes federales de viviendas, la Lotería Nacional por la explotación de los juegos de azar en la Ciudad y, en menor medida (menos del uno por ciento), por la devolución de préstamos previamente otorgados por el IVC. En conclusión, una mínima parte de las pocas soluciones habitacionales que concreta este gobierno se genera con recursos propios.

* Auditor general de la Ciudad de Buenos Aires.