El primer día del juicio político por mal desempeño contra el fiscal José María Campagnoli fue un varieté que incluyó de todo menos su declaración, que pidió –y puede– dejar para otro momento. El secretario del jurado leyó los cargos, centrados en que cambió el objeto de una causa para ponerse a investigar el caso de Lázaro Báez. También hubo planteos de las partes y desfilaron testigos de la acusación, que coincidieron en decir que Campagnoli generó imputaciones falsas y medidas basadas en ellas, que a su vez difundió por los medios. Por la tarde se conoció el testimonio escrito del fiscal federal Guillermo Marijuán, a favor de su colega en el banquillo, en el que asegura que “no afectó ni perjudicó ni condicionó” el expediente sobre lavado que sigue a su cargo.

Afuera de la sala de la Procuración, hubo una manifestación de adeptos a Campagnoli, más ruidosa que numerosa, y un fuerte operativo policial. No estaban los hijos del fiscal, como otra vez, pero sí algunos empleados que lo apoyan.

La lectura de la imputación incluyó los argumentos por los que la procuradora general Alejandra Gils Carbó pidió la destitución. El principal señala que después de una emisión del programa Periodismo para Todos, donde el financista Federico Elaskar y Leonardo Fariña dijeron participar en operaciones para sacar del país dinero de Lázaro Báez, Campagnoli intentó ponerse a investigar de oficio. Como no pudo, porque un juez dijo que era incompetente, echó mano –según la acusación– de una causa radicada en una fiscalía que subrogaba, en la que Elaskar estaba denunciado por un fraude en la financiera SGI, pero de pronto apareció como víctima de una extorsión. En el fuero Federal también empezaba una causa por lavado que, según los cargos, Campagnoli duplicó y por ende puso en peligro.

El primer testigo pedido por los fiscales acusadores (Marcelo García Berro y Adolfo Villate) fue el director de Migraciones, Martín Arias Duval. Contó que un sábado leyó en La Nación que Campagnoli estaba por allanar su organismo con el argumento de que le había retaceado información para el caso Báez y que su fiscalía había sido desconectada del acceso a datos migratorios. Arias Duval relató que verificó que se habían contestado todos los oficios y aclaró que los fiscales tienen acceso a las bases de información de Migraciones por un sistema de la Procuración (fiscalnet) y otro de esa dirección, que requiere una clave que Campagnoli tenía vencida. “Lo que informaba La Nación era mentira”, dijo Arias Duval. “No hubo entorpecimiento de la investigación”, afirmó y explicó que decidió presentarse en el juzgado para evitar el allanamiento. El abogado de Campagnoli, Ricardo Gil Lavedra, dijo que el medio había publicado algo erróneo y que el pedido de allanamiento no existió. El dictamen de la fiscalía sí hablaba de un supuesto retaceo informativo.

También declaró el abogado Jorge Chueco, quien denunció a Campagnoli por abuso de autoridad, ya que se enteró por un escribano y luego por el programa de Jorge Lanata de que estaba implicado en la supuesta extorsión a Elaskar para que vendiera SGI y que hasta tenía un llamado a indagatoria, aceptado sin fecha por la jueza María Gabriela Lanz. Chueco explicó que había intervenido como abogado en la venta de acciones de Elaskar a la firma Helvetic (conocida por facilitar operaciones a grandes empresas, a veces proporcionando nombres de sociedades). Se quejó de que en todas las dependencias a cargo de Campagnoli (fiscalías y la Secretaría de Investigaciones Penales) le negaban que allí estuviera esa causa. “Y me enteré de la indagatoria por la televisión”, exclamó. “¿Cómo me iba a defender si la víctima (Elaskar) no había sido citada para decir dónde o cómo fue la extorsión? (...) era la fabricación de una causa”, advirtió. Gil Lavedra intentó que quedara a la vista su vinculación con Lázaro Báez y logró que dijera: “Lo conozco”.

Tanto Chueco como su abogado, Juan Martín Cagni Fazzio, remarcaron que Campagnoli fue apartado por la Cámara y cuando el caso quedó en el fuero Federal, el fiscal Marijuán pidió el sobreseimiento de Báez y los imputados por la supuesta extorsión y que el juez Sebastián Casanello hizo lugar. Ambos siguen con la causa de lavado. Marijuán declaró por escrito como testigo de Campagnoli: “Deseo ser absolutamente claro y concreto. Todo lo actuado en el marco de la causa Nº 26131/13 no afectó ni perjudicó ni condicionó mi labor como fiscal en la causa 3017/13, que aún sigue sustanciándose, ni en ninguna otra actuación que tenga el suscripto como fiscal”.

Uno de los últimos testimonios fue el de Lorena Totino, abogada de Edgardo Levita, quien le inició un juicio civil a Artear (Canal 13) porque Lanata lo mencionaba sin cesar. Totino contó que el abogado de Artear presentó como prueba el borrador de un dictamen de Campagnoli con imputaciones y medidas que firmó el 23 de mayo, pero cuyos datos algunos medios anticipaban en días previos, y que sólo se supone conocía Campagnoli.

Los testimonios de empleados y colegas del fiscal suspendido que lo han denunciado (como los de María de los Angeles Gutiérrez, Cristina Caamaño y Lucía Orsetti) fueron rechazados por extemporáneos por el tribunal, que preside el fiscal Daniel Adler, y lo integran abogados, representantes del Poder Legislativo y del Ejecutivo. Hoy declaran testigos de la defensa, encabezados por Lanata.