En un plazo de treinta días, el gobierno porteño tendrá que brindar información sobre la ubicación precisa, con calle y domicilio, de las 2000 cámaras de seguridad privadas, de bancos y comercios, que se estima han sido incorporadas a la red pública de video instalada en las calles y avenidas de la Ciudad de Buenos Aires. La orden fue emitida por el juez subrogante en lo Contencioso Administrativo y Tributario Darío Reynoso, quien hizo lugar a un recurso de amparo presentado por el sociólogo Andrés Pérez Esquivel, experto de la Red Latinoamericana de Vigilancia, Tecnología y Sociedad, quien integra el equipo legislativo VerdealSur, coordinado por el diputado Pablo Bergel. Consultado por Página/12, Pérez Esquivel señaló que “se supone que la red de video es monitoreada por la Policía Metropolitana; de conocerse la ubicación de las cámaras, eso podría servir para orientar a las personas a seguir un recorrido que le brinde más seguridad, sobre todo en horario nocturno”.

En el mismo fallo, el juez Reynoso les recordó a las autoridades porteñas que deben restablecer el mapa de las cámaras públicas, mencionadas de manera parcial en la página web oficial, por considerar que se trata de “publicidad calificada que, por su vital importancia, no sólo debe estar disponible para quien la solicite sino que es el Estado el que la debe ofrecer y publicar permanentemente actualizada”.

El planteo judicial de Andrés Pérez Esquivel, nieto del Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, fue hecho luego de que la Policía Metropolitana se negara a brindar la información correspondiente, tal como lo establece la Ley 2602, que determina que el gobierno porteño tiene que informar sobre la ubicación de las cámaras de seguridad en la vía pública de la Ciudad.

En su resolución, el magistrado señaló que el gobierno de Mauricio Macri alegó que “el registro de videovigilancia privada se encuentra creado”, pero todavía está en proceso de aprobación la reglamentación de la ley correspondiente, Nº 3998. Como respuesta, Reynoso aseguró que esa situación no debería impedir el suministro de la información porque “es posible exigir al Estado la producción de una información que no posee por negligencia o retardo (...) injustificado”. Agregó el juez, en el mismo sentido, que “la ausencia de reglamentación de un derecho no le resta operatividad, conforme al principio general consagrado en el artículo 10 de la Constitución” de la Ciudad de Buenos Aires.

El fallo puntualizó que la norma vigente establece que “la autoridad de aplicación deberá publicar en la página web del Gobierno de la Ciudad (..) los puntos en los cuales se instalen videocámaras”. Y dio su consentimiento al recurso presentado teniendo en cuenta que “la falta de disponibilidad” de esa información “generará el derecho –ante el incumplimiento de la Administración– de solicitarla” a las autoridades y llegado el caso “iniciar las acciones judiciales correspondientes”.

Reynoso insistió en que la publicidad consagrada en las normas vigentes determina que “cualquier particular pueda acceder a la información”. Esto “sin perjuicio de que si un ciudadano –en un caso real y concreto–- considerase que la instalación de alguna de las cámaras de seguridad le pudiera acarrear alguna afectación a su intimidad, pueda dirigirse ante las autoridades, con la finalidad de hacer valer sus derechos de acceso y cancelación de las grabaciones en las que pudiera verse involucrado”.

En la parte resolutiva, el juez ordenó al gobierno porteño a que “dentro del plazo de 30 días de notificada la presente brinde al amparista (Pérez Esquivel) la información que obre en su poder vinculada con la ubicación física de las cámaras de video de vigilancia privadas incorporadas a la red pública” o que “suministre a la parte actora acceso al registro creado por la resolución Nº 156” del Gobierno de la Ciudad “en lo que hace –únicamente– a datos referidos a la ubicación física de las mismas”.

Pérez Esquivel explicó que las cámaras “son útiles dentro de un marco integral y planificado de políticas públicas de seguridad, de lo contrario es pura propaganda electoral”. Opinó que, “lejos de planificar, el ministro de Seguridad (Guillermo Montenegro) propone a los vecinos votar por Facebook o Twitter que digan dónde quieren poner cámaras, sin ningún tipo de correlación con el mapa de criminalidad”. Agregó que, en algunos casos, “han sido ubicadas en las mismos sitios donde ya había cámaras instaladas por la Nación”.

Al fundamentar las razones de su planteo ante la Justicia, Pérez Esquivel puntualizó que “sin la información que requerimos, la ciudadanía, los organismos de control y el Poder Legislativo, no están en condiciones de controlar el uso legal de las cámaras, ni aportar a una planificación racional en favor de la seguridad de todos”.

La Ley de Videocámaras fue votada en forma unánime y el año pasado todos los legisladores, incluyendo a los del PRO, hicieron un pedido de informes solicitando a la Policía Metropolitana que indicara el lugar donde están ubicadas. Sin embargo, ante un pedido del demandante, el superintendente de Comunicaciones de la Metropolitana, Jorge Martino, se negó a entregar la información por entender que ella tiene “carácter confidencial”.