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La presidenta Cristina Fernández de Kirchner optó por un formato sereno y, pongamos, institucional. Sin público ni aplausos, sentada ante un escritorio despojado, con la bandera a un costado. El núcleo de su discurso, anunciado con muchas horas de antelación, fue firme y severo. Consistió en resaltar la voluntad del actual gobierno de pagar las deudas y de negociar cuando es debido. Pero de no aceptar la “extorsión”, palabra que pronunció varias veces. Explicó con minucia por qué es indebida y por añadidura ruinosa la sentencia del juez Griesa, convalidada ayer por la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Enalteció e interpeló a los acreedores que se plegaron a los dos canjes, cerrados en 2005 y 2010. Ratificó que se les pagará como corresponde. No se internó en detalles tácticos o técnicos acerca de cómo se cumplirán esas prestaciones, si será del modo usual o si se acudirá a ingenierías financieras que motivan lucubraciones de todo tipo. Esa reserva es atinada por dos motivos, al menos. Primero, porque no pronunció un discurso financiero, sino uno político. Segundo, porque nada la compelía a mostrar sus cartas.

Con la premura del cierre (la exposición duró casi media hora y empezó pasadas las nueve y diez de la noche) se puede sintetizar diciendo que la mandataria dijo que no pagará lo abusivo ni lo suicida. Pero una oradora rigurosa, en una presentación cuidada, no dijo que no habrá más negociación con los fondos buitre. No cerró ella esa vía, mucho más complicada desde el fallo de ayer, porque la contraparte se fortaleció mucho.

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La presidenta Cristina deploró la vigencia de “un modelo de negocios a escala global” con una exorbitante gravitación del capital financiero. Es drástica pero, en este aspecto, no está inventando nada: a esta altura son pocos los que cuestionan ese diagnóstico. Cada vez son más los que asumen que la conducta predatoria del capital financiero pone en riesgo la convivencia mundial y muy en particular la persistencia de los sistemas democráticos. La riqueza se concentra, las actividades productivas ceden terreno y tienen rindes menos excitantes.

Por eso, porque ese peligro no es una fantasía criolla, sino un dato palpable en las grandes capitales del mundo, Argentina recibió apoyos gubernamentales amplísimos. No se explican por afinidad con su actual modelo político, sino por prevención contra el riesgo sistémico que provoca la sentencia. El arco comienza por la propia administración del presidente Barack Obama, Francia y México (que se presentaron como amicus curiae), el Vaticano, los integrantes del Club de París y desde ya los países de la región. Y siguen las firmas.

La crisis global ya hizo pagar costos terribles a pueblos de todo el planeta y particularmente de países del Primer Mundo. Los gobernantes democráticos que dieron un aval a la Argentina obran en defensa propia. La forma en que se sustancia el pleito es una metáfora acerca del debilitamiento de los poderes políticos respecto de los fácticos. El deber de cualquier representante del pueblo, argentino o de otra latitud, es tratar de poner dique a ese torrente.

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Conceder el recurso de apelación iba contra tradicionales criterios de la Corte norteamericana, que restringe mucho su competencia. No hay en eso ensañamiento, ni siquiera especificidad. Casi nadie o nadie, entonces, descontaba ese desenlace. Pero muchos suponían que el tribunal tendría “un ataque de sensatez” y arbitraría alguna medida que diera tiempo a la Argentina. Y evitara que un eventual pago a los fondos buitre desatara el efecto cascada que la Presidenta dijo que no puede ni debe tolerar. Si se mira con la lógica privatista que prima en el imaginario de los jueces en cuestión, hacerlo sería pura lógica constructiva.

No damnificaría a los holdouts, que son los demandantes, ni favorecería a terceros. Una remisión al Tesoro norteamericano en aras de una opinión no vinculante podría dar tiempo al Estado deudor sin damnificar especialmente a los reclamantes.

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La mandataria contó que el fallo no la sorprendió, lo cree un síntoma más de la influencia del poder financiero. Ese pálpito sí que fue relativamente original, porque el rechazo absoluto, sin el alivio de algún trámite más, no era el favorito en la city, en la oposición, en los economistas no enardecidos contra el oficialismo. “Es ilógico –dice uno de esos consultores habituado a hablar de ‘tú’ a ‘tú’ en las grandes ligas– porque niega a cualquier Estado soberano la posibilidad de negociar su deuda en situaciones críticas.” El mismo baqueano de Wall Street se sorprende por el tono de la sentencia (“emocional”): lee en su texto una sobrecarga innecesaria para un tribunal ascético.

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Un solo nombre propio mencionó la oradora, fue el del banquero David Mulford, numen del megacanje que hundió a la Argentina y engordó su patrimonio personal con comisiones jugosas. El setenta por ciento de la deuda que los buitres compraron a precio de ganga proviene del Blindaje y del Megacanje, urdidos durante el gobierno de la Alianza. El treinta por ciento restante proviene de la convertibilidad, informó Cristina Kirchner.

Los gobiernos surgidos a partir de 2003, reseñó Cristina, negociaron esa deuda sideral y la fueron pagando. Dijo, con razón, que jamás quisieron defaultear.

Hoy mismo quienes se solazan con hipotéticos “defaults técnicos” tienen otras pertenencias políticas o ideológicas.

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Poner dólar sobre dólar no cancelaría la deuda argentina, ésa es una narrativa falaz: la multiplicaría a niveles impagables, en virtud del efecto cascada.

Es parte del precio por haber cedido la soberanía y consentido la competencia de otros países. Lo hicieron los gobiernos que generaron la deuda que ahora ejecutan los holdouts pidiendo su libra de carne. También el que pulseó su quita y plan de pagos. Era forzoso para conseguir un piso de reputación. Pero la deuda que ahora se multiplica a la enésima potencia la contrajeron fuerzas que en este momento revistan en la oposición política.

La responsabilidad de la Presidenta la coloca frente a un escenario riesgoso e impredecible por falta de precedentes comparables. En otras notas y en otros diarios se hablará de posibles cambios de la sede de los pagos a los deudores legítimos, de urdimbres financieras para que terceros desinteresen a los buitres y una pila de etcéteras.

Esas hipótesis no son descartables, tampoco certeras. Lo que es seguro es que sería catastrófico el acatamiento liso y llano del fallo de jueces carentes de toda sensibilidad política, insensibles al contexto económico-financiero. Todo otro porvenir es posible, aunque más peliagudo desde ayer.

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