Sábado, 21 de junio de 2014 | Hoy
SOCIEDAD › EN MATERIA DE DESPENALIZACION PARCIAL DEL ABORTO
Tras el compromiso de Chile para despenalizar el aborto cuando el embarazo sea resultado de una violación, o cuando la mujer corra peligro o el feto no sea viable, la organización Amnistía Internacional (AI) solicitó a cuatro países de América latina que “sigan el ejemplo chileno” y promuevan legislaciones en ese mismo sentido. El pedido estuvo dirigido a las autoridades de El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana.
En un comunicado difundido ayer en la capital chilena, la directora de AI para América, Erika Guevara, ha felicitado a Chile “por estar dispuesto a respetar y proteger el derecho de las mujeres y las niñas a la vida y a no sufrir discriminación”.
En mayo, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, anunció que el gobierno iba a impulsar la reforma a la ley que penaliza el aborto en ese país, contemplando tres excepciones: la inviabilidad del feto, el peligro para la vida de la madre y casos de embarazo como producto de una violación.
Guevara manifestó su esperanza en que la decisión de Chile sirva “de llamada de atención” a El Salvador, Nicaragua, Honduras y la República Dominicana, países donde el aborto está penalizado, sin excepciones, para que “pongan en marcha planes para proteger los derechos de la mujer”.
Chile forma parte de los cinco países donde la prohibición del aborto es absoluta hasta que decidió seguir las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el proceso de examen periódico universal (EPU). “Aunque las reformas propuestas en la actualidad se refieren sólo a la despenalización del aborto en tres casos, Chile está reconociendo por fin la necesidad de ajustar su legislación a las normas internacionales de derechos humanos, lo que constituye un positivo primer paso en la buena dirección”, señaló la representante de AI en América.
El pasado marzo, Amnistía Internacional lanzó la campaña global “Mi cuerpo, mis derechos”, para proteger el derecho de las personas a tomar decisiones sobre su salud, su cuerpo, su sexualidad y su reproducción sin el control del Estado y sin temor, coacción ni discriminación.
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