La Auditoría archivó un informe crítico sobre el sistema de salud del gobierno que conduce Mauricio Macri. Para que no se hiciera público, fueron necesarios los votos de los auditores del macrismo y de Unen. El kirchnerismo firmó una disidencia en la que señala que “el informe revela los problemas de bioseguridad en laboratorios, quirófanos o salas de rayos; el vertimiento de líquidos peligrosos en desagües pluviales; la escasa extracción de gases en salas de revelado; la falta de delimitación entre áreas limpias y sucias para el caso de los quirófanos; la existencia de salidas de emergencia que no son funcionales para la evacuación de pacientes en camillas y el incumplimiento de leyes que garantizan las medidas de seguridad e higiene mínimas”.

Además de los problemas edilicios, la gestión PRO suma conflictos con los trabajadores de la salud por despidos y reducción de sueldos. En tanto, un informe del observatorio La Fábrica indica que el gobierno porteño redujo a la mitad el presupuesto necesario para la coordinación entre los hospitales. Las medidas afectan a la zona sur.

Auditoría enterrada

La Auditoría General de la Ciudad elaboró un informe sobre el estado del sistema de salud durante 2012, pero los auditores del PRO, en alianza con los de Unen, consiguieron que el informe se archivara. Argumentaron que muchas de las deficiencias ya estaban solucionadas: las fotos tomadas por este diario en la actualidad del Cesac 14 desmienten esa afirmación. Muestran cables colgando del techo, equipos de calefacción que no funcionan, paredes agrietadas por la humedad. “El informe que quieren ocultar fue realizado por los equipos técnicos de la Dirección de Salud, que realizan habitualmente estas auditorías, y no hubo durante todo el proceso ninguna objeción respecto a su solvencia técnica”, advirtió la presidenta de la Auditoría, la kirchnerista Cecilia Segura.

“Lo que se intenta invisibilizar es la falta de inversión del gobierno porteño para resolver los problemas estructurales de los hospitales de la Ciudad, fundamentales para garantizar un buen servicio público y la salud de las personas”, indicó Segura, quien dejó en claro que “no es lo mismo pintar una sala de espera que cambiar caños, calderas y cableados obsoletos, reparar mamposterías que se caen, colocar las rampas y las salidas de emergencia ausentes en casi todos los hospitales auditados, garantizar normas mínimas de bioseguridad y condiciones de asepsia en los quirógrafos y un tratamiento adecuado de los residuos patológicos, que son algunas de las graves deficiencias encontradas”.

“Ya está funcionando el acuerdo Unen-PRO en la Auditoría. Buscaron cualquier argumento para dar de baja un informe que pone muy en claro la situación del sistema de salud porteño”, se sumó el auditor Eduardo Epszteyn en alusión al voto de los otros auditores: Santiago de Estrada, Alejandro Fernández, María Victoria Marcó y Facundo del Gaiso.

Los dos auditores kirchneristas, junto con Adriano Jaichenco, firmaron una disidencia al archivo del informe en la que indican que “demuestra numerosos incumplimientos en las responsabilidades de la Dirección de Recursos Físicos de Salud, entre las cuales se destacan la falta de planificación de las obras realizadas; la inexistencia de un plan maestro de obras y la falta de nombramiento de profesionales encargados del mantenimiento de los hospitales”. Los auditores hicieron hincapié también en “las falencias en la supervisión de los servicios de mantenimiento hospitalario, seguridad técnica, limpieza y tratamiento de residuos, afectando la seguridad de pacientes y trabajadores”.

Algunos ejemplos de lo que mencionaban los auditores: en el Hospital Rivadavia se encontraron con pabellones abandonados, con un fuerte deterioro de las fachadas, que tenían incluso riesgo de caída de mampostería. En los quirófanos se operaba con luz natural. Además, no garantizaban la asepsia necesaria. La humedad, las filtraciones y mala iluminación eran parte del panorama. La sala de rayos no estaba habilitada y la de medicina nuclear no cumplía con las condiciones de seguridad mínimas para el almacenamiento de radionucleidos, por lo que perdieron la habilitación. Las raíces de un árbol que creció en el techo estaban ingresando al interior de cobaltoterapia.

En el Cesac 5, ubicado en Lugano, los líquidos peligrosos eran eliminados a los desagües y la sala de rayos es altamente contaminante porque no hay extracción de gases. Lo mismo ocurría en el Cesac 30, donde había estufas sin conectar desde hace cuatro años. El Cesac 8 no tenía depósito de residuos patogénicos. En el Cesac 14, también en Lugano, en el consultorio de ginecología había mesas armadas con biblioratos. Dos años más tarde, siguen allí.

En el Hospital Pirovano, en el área de internación de mujeres, había una media sombra para retener partículas de polvo que caían del techo, con el riesgo ante un incendio. Para completar la escena, no tenía salida de emergencias, algo que se repite en la mayoría de los hospitales que auditaron. En la disidencia firmada por los tres auditores kirchneristas, citan una de las conclusiones del informe que no se publicó: “Ningún hospital se encuentra formalmente habilitado (...) no disponen de un servicio de higiene y seguridad laboral”. “Entendemos que el voto de la mayoría al impedir la aprobación del informe atenta contra la tarea de este organismo constitucional, desestimando el trabajo realizado por el equipo de auditoría y privando tanto a la ciudadanía como a la Legislatura de la información relevada en él”, concluyeron los auditores.

Recortes a hospitales

Al estado deplorable que señalaba el informe, se suma un fuerte recorte que incluye tanto despidos (ver aparte) como reducción del dinero destinado a la salud. “La participación presupuestaria del Ministerio de Salud en el presupuesto consolida una tendencia decreciente desde 2007”, señala un informe de La Fábrica porteña, el observatorio creado por Carlos Tomada. El trabajo se basa en datos de 2012, dado que el Ministerio de Hacienda no publicó aún los de 2013. En ese año, el 17,6 por ciento de los porteños usaba sólo el sistema público de salud, mientras que un 45,5 por ciento tenía obra social y un 31,1 poseía cobertura privada. La mayoría de los porteños que utilizan el sistema de salud público viven en la zona sur y oeste de la ciudad. Estas zonas se dividen en la región sanitaria I y II, según la nomenclatura creada por la gestión PRO.

El presupuesto destinado a la región sanitaria I cayó un 55,85 por ciento entre el año pasado y éste. Pasó de ser de seis millones 836 mil pesos a ser de tres millones 30 mil pesos. El dinero que iba a la región sanitaria II cayó un 48,59 por ciento, al igual que las otras dos regiones sanitarias que completan la Ciudad de Buenos Aires.

Esto significa que los hospitales contarán este año con menos dinero para el monitoreo, control de calidad y articulación de políticas sanitarias en cada región. El área de Gestión de Redes y Programas de Salud sólo recibe el 0,32 por ciento del presupuesto. Se trata de zonas clave para coordinar, por ejemplo, que si un médico pide un estudio determinado, el paciente reciba efectivamente un turno para ese estudio.

El informe de La Fábrica cita un relevamiento que hizo la Defensoría del Pueblo porteña y que indica que éste es uno de los principales motivos de queja de los pacientes: “Del porcentaje de los entrevistados que debieron atenderse en los Cesac y debieron realizarse un estudio complementario, el 50 por ciento debió gestionar los turnos por sus propios medios yendo al hospital de cabecera de la región, haciendo cola y, muchas veces, teniendo que volver para obtenerlo”, señala el informe. A raíz de esto, muchas veces el paciente desiste en el camino. La Defensoría del Pueblo porteña advierte, por esto mismo, que “haber comenzado la atención en un centro de salud no garantiza el camino para terminar un proceso de atención integral”.

El informe de La Fábrica también hace notar que la región sanitaria II recibe un presupuesto similar a la de la región IV, que se ocupa de la zona norte de la ciudad, donde el uso del sistema público es sensiblemente menor (hay 500 mil consultas más en la región II, según los datos de 2012). Los economistas de La Fábrica concluyen: “Estas cifras, además de expresar la brecha norte-sur, demuestran que se ven acentuadas por las asignaciones presupuestarias, que afectan directamente el proceso de atención de los más vulnerables en la Ciudad de Buenos Aires”.