[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Por Carolina Monje y Cecilia Vallina
Desde Rosario

“Yo no quería que vaya preso, pero sí que la Justicia le ponga un límite”, dijo María. Fue el día en que se enteró de que la Justicia había condenado a su ex pareja, de quien se habría infectado con el virus del VIH, a cumplir tres años de prisión en suspenso por bajo el cargo de “lesiones gravísimas”. Ese día, el 19 de mayo del 2003, fue la fecha en la que por primera vez un juez argentino, Ernesto Genesio, de Rosario, falló contra un enfermo de VIH bajo la acusación de ser responsable de haber infectado con el virus a María.
“Yo pretendía que alguien lo parara, le pusiera un freno para que no siga contagiando a otros”, dijo María. La mujer decidió acusar a su ex pareja porque estaba convencida de que él la había infectado “intencionalmente”. Según le dijo al juez, lo que hizo fue “convencerla” de tener relaciones sexuales sin preservativos, aún conociendo su condición. Ella firmó su denuncia segura de que toda la responsabilidad por lo que había pasado era sólo de él, aun cuando también admite que dejaron de usar preservativos “de común acuerdo”. Y si se lamenta de algo, no es de no haberse cuidado, sino de haber confiado “demasiado”.
Después del impacto, Jorge, su ex pareja, apeló la sentencia. “Es un fallo retrógrado que vuelve al momento en el que se pensaba a los portadores de VIH como grupos de riesgo”, explica Matilde Bruera, la abogada de él. “Tiene consecuencias nefastas en materia de política penal y sanitaria porque corre el eje de la prevención, que es el uso del preservativo, y castiga al portador por su condición de tal”, agrega Bruera, profesional con una extensa trayectoria en causas vinculadas con la defensa de los derechos humanos y ex representante legal del programa Municipal de Sida de Rosario. La abogada tomó a su cargo la apelación de la causa en reemplazo de la defensora oficial.
Las reacciones
La mayoría de las organizaciones que trabajan en la asistencia y contención a personas que viven con VIH coinciden en calificar a éste fallo como “retrógrado”. La percepción es que vuelve a la representación del “grupo de riesgo” que llevó años, múltiples campañas y la pelea por nuevas políticas de salud pública reemplazar por la de “conductas de riesgo”, como sería la no utilización de preservativos.
“El fallo coloca a la Justicia en un rol policial y autoritario, con poder para intervenir en la vida íntima de las personas. También le otorga a quien no ha cumplido con los protocolos de la prevención el derecho a descargar la responsabilidad del contagio en el otro”, define Bruera.
La denunciante, María, de 25 años, quien decidió no dar a conocer su identidad, supo que tenía VIH cuando quedó embarazada, a mediados del 2000. Entonces, fue a la justicia y presentó una denuncia contra su pareja hasta entonces, también padre de su hijo, acusándolo de haberle contagiado el virus.
“Fui deliberadamente infectada por él, quien cuanto menos supo con seguridad del contagio posible, pues a raíz de investigaciones que realicé luego de enterarme de mi seropositividad, me enteré que él conocía perfectamente su condición de infectado por el virus VIH, desde mucho antes de entablar su relación conmigo”, afirma en el texto de la denuncia que presentó ella ante la Justicia.
En el transcurso de la causa hubo un careo entre María y Jorge en el que ella volvió a acusarlo de “no haberle avisado que tenía VIH y haberla instado a tener relaciones sin preservativos”. Acusaciones que él niega.
El juez Adolfo Prunotto Laborde, responsable del procesamiento, citó a declarar al médico especialista en VIH que atendía a Jorge, un médico del Hospital Municipal Alberdi de Rosario. El juez relevó al médico de suobligación de mantener el secreto profesional, para que dijera desde cuándo Jorge estaba en tratamiento y por ende, en conocimiento de su enfermedad. La misma medida tomó con Marcelo González, presidente de la ONG “Voluntarios contra el Sida”, a la que había asistido Jorge. Ambos testigos confirmaron que el acusado conocía la existencia de su enfermedad desde 1996 al menos, momento en el que empezó tratarse.
Apelación
“Esta es la primera aberración del caso porque es absolutamente inconstitucional que un juez releve de su secreto profesional a un médico y a un referente de una ONG que trabajan con pacientes VIH,” señala Bruera. “No hay ninguna facultad jurídica que habilite a un juez a hacer esto y Prunotto Laborde invoca un decreto reglamentario para tomar esta medida, que nunca puede tener mayor valor que la ley que le garantiza a Jorge gozar de la garantía del secreto profesional de quien lo trate bajo cualquier circunstancia. ¿Qué confianza pueden tener ahora en esta ONG quienes asistan allí?”, se pregunta la abogada.
Este será el primer planteo contra el fallo que se expondrá en la apelación: la impertinencia del procesamiento por el recurso utilizado, la violación del secreto profesional de dos personas involucradas en la asistencia a pacientes con VIH. El otro, que no está demostrado en el juicio que el responsable del contagio fue Jorge, por lo que “fue condenado sin prueba fehaciente”, dice Bruera.
María afirma que quien la contagió fue él porque “sólo con él ella no usó preservativos”, porque “eran una pareja estable y ella le creyó que estaba sano”, y porque él es el padre de su hijo. Jorge admitió en su declaración ante el juez que entre ellos hubo relaciones sexuales sin preservativos aunque asegura que fue “sólo una vez” y que ella sabía que él tenía VIH. “De todos modos, eso no corrobora de ninguna manera que él sea el responsable del contagio ya que a la par, María debería poder demostrar que ni antes de esa relación ni durante la misma tuvo relaciones con nadie más que tuviera HIV y que nunca estuvo expuesta a ninguna otra vía de contagio del virus”, afirma Bruera.
Otro de los elementos utilizados por el juez fue el testimonio de una ex novia de Jorge que contó que él “sabía desde 1996 –casi tres años antes de conocer a María– que tenía HIV y que, incluso, se trataba en el Hospital Alberdi”. Ese es el centro médico municipal de Rosario al que pertenece el médico que declaró en el juicio, rompiendo el secreto profesional por exigencia del juez. Esta mujer fue una de las testigos citadas en la causa, y además contó que “él con ella tampoco se había cuidado pese a que sabía que tenía VIH”. La diferencia entre María y esta ex novia de Jorge es que ella no se contagió.
El testimonio de esta ex pareja, la supuesta “confesión” de Jorge en la cual habría admitido que “hubo relaciones sin el uso de preservativos” y un diario íntimo conforman las pruebas con las que el juez falló. La declaración del médico personal de Jorge y del titular de la ONG donde recibió apoyo resultan “preocupantes” para las diferentes organizaciones ligadas a la prevención del VIH. Voluntarios contra el Sida tuvo que salir a aclarar que no daría a conocer los resultados de los análisis de nadie y que seguiría resguardando el derecho a la intimidad de las personas que concurren allí. Esa fue una de las primeras consecuencias visibles del fallo que aún está sujeto a revisión.
María decidió no asumir socialmente que tiene VIH, en su entorno sólo lo saben sus padres y sus hermanos. Los profesionales que la acompañaron desde que ella descubrió que era portadora dicen que tiene “mucho miedo a que la discriminen” y que no pueden pedirle que reconsidere esa posición porque para ellos esa precaución no es arbitraria. “No hay un correlato entre lo que hoy significa tener VIH y el nivel de temor. Es como si lo que se supiera no sirviera para desarmar el miedo y persistiera una representación que asocia la enfermedad a la degradación física y al fin de un proyecto de vida”, explica Fernanda Fernández, que es psicóloga, docente en la Universidad Nacional de Rosario y trabaja desde hace diez años temas relacionados con el VIH.