[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Encontraron el horror. Esa fue la sensación que existía ayer entre los funcionarios del gobierno nacional que se trasladaron a Santiago del Estero para terminar el informe que podría decidir si se interviene el Poder Judicial de la provincia. El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y el secretario de Justicia, Pablo Lanusse, entrevistaron allí a unas 300 personas. Entre ellas al obispo Juan Carlos Maccarone, miembros de la Asociación de Magistrados, del Colegio de Abogados, de los organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas de la policía. Lanusse denunció “torturas policiales a niños de 12 años de edad”; habló de la “ilegalidad de esa fuerza” y “de un Poder Judicial que garantiza la impunidad y es germen para el desarrollo de la corrupción”. Duhalde habló de la intervención como “un paso importante” en un contexto de “violación permanente a los derechos humanos”.
Los funcionarios del Ministerio de Justicia conocían la situación de Santiago del Estero que, sin embargo, los desbordó: “Notamos un deterioro en las instituciones y una crispación social cada vez más pronunciada: la gente no soporta más la negación de justicia”, explicó Duhalde a Página/12 al finalizar la reunión con el obispo, uno de los que salió a pedir en forma explícita la intervención del Poder Judicial.
El viaje de Duhalde y Lanusse, en realidad, es el final de una avanzada que comenzó hace tres meses. En ese momento, el Ministerio puso la lupa sobre la crisis institucional del territorio de los Juárez cuando varios diputados nacionales pidieron la intervención al Poder Judicial, a partir de las irregularidades en la investigación del doble crimen de La Dársena. Poco después, la Secretaría de Derechos Humanos armó una comisión para elaborar un diagnóstico sobre tres ejes centrales: funcionamiento de la justicia, fuerzas de seguridad y persecuciones a los campesinos por parte de grupos parapoliciales. En los últimos treinta días, la comisión reunió los datos que se convirtieron en los disparadores de este viaje.
“El informe preliminar que teníamos –dijo Lanusse a Página/12– sólo era una muestra parcial del cuadro mucho más complejo que hemos encontrado.” Ese cuadro tiene la dimensión de graves violaciones a los derechos humanos: “Hemos leído paradigmas internacionales sobre violaciones a las garantías individuales –siguió–, pero es increíble que puedan ocurrir en pleno siglo XXI y en el país”. Para el ex fiscal, en Santiago existe “deterioro institucional, falta de credibilidad e independencia del Poder Judicial y una policía sin legalidad”.
La policía de los Juárez fue otro de los ejes de análisis. Duhalde la definió como un “instrumento de control político”. Ese mismo tipo de práctica es la que denuncian desde hace cinco años las Madres del Dolor, familiares de jóvenes asesinados. Duhalde y Lanusse visitaron a algunas de ellas en Pacará, uno de los barrios marginales. “Hemos estado con madres de chicos acusados de delitos que escuchaban los gritos de tormentos y los golpes a sus hijos mientras los sometían”, dijo el ex fiscal. Esa misma policía les devolvía los palos y las bolsas de torturas como símbolos del tormento. En la prensa local, esos mismos chicos de 10 o 12 años aparecen señalados como piratas del asfalto cuando “son salvajemente golpeados, y uno de ellos tenía en su cadera un bulto producto de los golpes y arbitrariedades”.
En el ámbito judicial encontraron jueces “en una situación de subordinación al poder político y temor”, dijo Duhalde. Además detectaron muestras de morosidad judicial, con causas con 4 o 5 años de demora en el Tribunal Supremo de Justicia.
En las próximas horas, ambos funcionarios terminarán de armar el informe que esperan el ministro Gustavo Beliz y el presidente Néstor Kirchner. Las conclusiones son vitales para que se defina si se interviene o no la Justicia provincial. “O la justicia garantiza un estado de derecho o es parte de un régimen contrario de corrupción e impunidad”. concluyó Lanusse.