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A partir de hoy entra en vigencia la ley que anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Esto debería otorgar un impulso a las causas sobre violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar que la Cámara Federal ordenó reabrir. La investigación sobre el Primer Cuerpo de Ejército no tiene, por ahora, juez, pero en el expediente relacionado con los crímenes de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) habrá novedades. Funcionarios judiciales aseguraron a Página/12 que la semana próxima podrían producirse detenciones.
En el despacho de Sergio Torres, el magistrado que lleva adelante la causa ESMA, están analizando cómo adaptar la situación de los imputados al nuevo Código Procesal, ya que antes de la sanción de las leyes de impunidad, los acusados estaban bajo prisión preventiva rigurosa o atenuada impuesta según el Código de Justicia Militar.
Los represores que fueron llamados a declaración indagatoria en este expediente en 1987, y que están entre los que podrían volver a prisión, son: Antonio Vañek, Julio Antonio Torti, Oscar Montes, Manuel García, Humberto Barbuzzi, José Suppicich, Jorge Vildoza, Horacio Estrada, Jorge Eduardo Acosta, Luis D’Imperio, Miguel Angel Donda, Antonio Pernías, Raúl Enrique Scheller, Carlos Carella, Francis Whamond, Alfredo Ignacio Astiz, Carlos Octavio Capdevilla, Héctor Antonio Febres y Juan Antonio Azic. Suppicich, Whamond y Estrada, al menos, están muertos. El último estuvo involucrado en el escándalo por la venta de armas a Ecuador y Croacia, y apareció sospechosamente suicidado.
Las futuras detenciones se ajustarán a los marinos que estaban ya indagados o procesados, como Astiz, Acosta o D’Imperio. Los represores deberán pasar por el despacho del juez para declarar, ya que muchos, en su momento, no fueron interrogados por todos los crímenes por los que estaban acusados. Antes de la sanción de la ley de Obediencia Debida, en este expediente se investigaron 103 hechos (desapariciones, torturas, secuestros) y faltaban analizar 180 denuncias.
La anulación legislativa de las leyes de impunidad fue divulgada por el Boletín Oficial el 3 de septiembre pasado. Pero la entrada en vigencia de esa norma, si no se explicita de otra forma, se produce ocho días después de su publicación, en este caso, hoy.
Torres se hizo cargo del expediente de la ESMA después de que María Servini de Cubría se excusara de intervenir en el tema porque uno de los acusados, Gonzalo Torres de Tolosa, había sido empleado suyo en un juzgado. Por compensación, Torres le envió la causa sobre el Primer Cuerpo de Ejército, que le había tocado a él. Pero la jueza se negó a hacerse cargo de la investigación. Primero argumentó que se trataba de un caso mucho más voluminoso y luego, cuando ese razonamiento no fue admitido por el presidente de la Cámara, Martín Irurzun, se excusó porque su marido, brigadier retirado, tiene relación con varios acusados.
Después de que Servini de Cubría rechazó por segunda vez investigar los delitos cometidos durante la última dictadura en el Primer Cuerpo de Ejército (Capital Federal, parte de la provincia de Buenos Aires y La Pampa), el caso se sorteó y volvió a caer en el juzgado de Torres. Ayer, el juez aseguró que “el volumen, complejidad e importancia institucional que revela tanto el sumario de la ESMA como el presente (Ejército), conspiran con la tramitación conjunta de sendos sumarios ante un mismo juzgado”.