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Un organismo de Naciones Unidas, luego de una visita a 11 cárceles de la Argentina, produjo un duro informe donde se afirma que como resultado del colapso del sistema existen “condiciones de extrema gravedad, crueldad e inhumanidad de detención”, sobre todo en las comisarías bonaerenses. Tras señalar que “el elevado índice de pobreza, que supera el 50 por ciento (...) es fuente de criminalidad”, el documento dice que como respuesta se produce “una reacción del gobierno de criminalización de la pobreza” que se traduce en detenciones arbitrarias. En conferencia de prensa, el grupo de trabajo de la ONU sostuvo que las malas condiciones de detención y “la violación en muchos casos del derecho de defensa” llegan en algunos lugares “a superar incluso la situación de países que no tienen democracia, como es el caso de Irán”. Los voceros del grupo expresaron cierta sorpresa frente a la crudeza del panorama, teniendo en cuenta “la evidente buena voluntad” del actual gobierno nacional “en materia de derechos humanos”.
El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU visitó la Argentina a partir del 22 de setiembre y entrevistó a 205 detenidos en unidades de la Capital Federal, La Plata, Olmos, Mendoza y Salta. Tenía previsto viajar a Santiago del Estero, pero no pudo hacerlo por problemas con las reservas de pasajes. Soledad Villagra y Tomas Ban, voceros del grupo, estimaron que eso “no tuvo que ver con ninguna actitud de las autoridades” provinciales.
La comisión reconoció la existencia de “señales positivas” por parte de las autoridades nacionales, como ser la invitación al grupo de la ONU, la existencia de un amplio cuerpo de normas que regulan la detención y sobre todo la “transparencia y reconocimiento” de los problemas existentes. Villagra destacó que “es la primera vez que observamos tal predisposición en nuestras visitas”. El informe expresa “preocupación por las detenciones generadas y agravadas por la pobreza”. Se dice que “a pesar de haberse abandonado en algunas provincias las políticas de tolerancia cero, todavía siguen generando consecuencias negativas”.
Hay un cuestionamiento a la política de seguridad, porque “no sólo no se combate la delincuencia sino que además se genera una reacción en cadena en la cual las autoridades no están preparadas para el alto número de población arrestada, tanto en cárceles como en comisarías”. Las propias autoridades federales y provinciales “admiten que el sistema colapsó”, lo que genera “condiciones de extrema gravedad de crueldad e inhumanidad de detención”. Esto lo comprobaron en una comisaría de La Plata con informes de organismos oficiales y de derechos humanos.
Las condiciones de vida de los presos “siguen siendo tan dramáticas, especialmente para los alojados en las comisarías, y no se ven soluciones a corto plazo para enmendar la situación”. Villagra puso como ejemplo “un calabozo en La Plata con capacidad para cinco personas donde había 30 detenidos que tenían que turnarse para dormir”. En el mismo lugar “no había baños y debían convivir pisando sus propios excrementos, según pudimos determinar en un informe complementario que recibimos de los organismos de derechos humanos y que venía acompañado por fotografías”.
Los presos se quejaron porque nunca son escuchados por los jueces “sino solamente por sumariantes”. Uno de ellos resumió el sentimiento general con una frase: “Mi vida cambiaría si sólo el juez le pudiera dar diez minutos de atención a mi expediente”. Otros puntos cuestionados fueron la situación de los procesados sin condena que llegan “al 70 por ciento de la población total” y el escaso contacto con sus abogados defensores. “Este derecho se ve limitado por la imposibilidad de muchos detenidos de comunicarse telefónicamente, a veces por falta de dinero para tarjetas, otras directamente por falta de teléfonos”.
El informe afirma también que los “niños sin responsabilidad penal”, incluso menores de 10 años, están detenidos “en condiciones incompatiblescon las obligaciones internacionales de Argentina”. Otro llamado de atención es por las detenciones arbitrarias de “travestis y transexuales” sólo por su orientación sexual y la aplicación a los inmigrantes de una ley dictada en 1981 por la dictadura militar, que permite la realización de operativos “sin orden judicial y sin una revisión posterior”.