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Los presidentes de los bloques de la Legislatura porteña tardaron sólo diez minutos en dar por caída la sesión programada para la mañana de hoy en la que debía tratarse la designación del o la nueva ombudsman de la ciudad de Buenos Aires. El escándalo producido tras la revelación en Página/12 de un pacto secreto para encaramar a Alicia Pierini puso en duda la continuidad del acuerdo y obligó a dilatar la decisión como mínimo hasta el jueves 16.
La imposibilidad de sesionar supone, de hecho, la caída del arreglo tejido con paciencia gracias a los manejos de Santiago de Estrada, actual presidente del bloque justicialista de la Legislatura, diputado electo en las listas de Mauricio Macri y ex funcionario de Seguridad Social de la última dictadura y del gobierno de Carlos Menem.
La decisión la tomó la Comisión de Labor Parlamentaria al mediodía, sin necesidad de una larga polémica. Los jefes de bloque consideraron que no estaban dadas las condiciones para elegir la nueva cabeza de la Defensoría porteña cuando incluso legisladores locales habían cuestionado la utilización de mecanismos de selección a puertas cerradas.
El Partido de la Revolución Democrática, kirchnerista, con la firma del diputado electo Miguel Bonasso, confirmó en un documento que “el acuerdo existe y ha sido tramado en un toma y daca inaceptable, según el cual algunos legisladores apoyarían a Pierini con los votos de sus respectivos bloques a cambio de ser designados como defensores adjuntos”.
El PRD mencionó al macrista Atilio Domingo Alimena, del Partido Demócrata, “que pondría seis votos en la canasta como pago por su designación como defensor adjunto”. Según Bonasso, “los operadores de la tramoya buscarían sumar a legisladores del ARI, el radicalismo, el socialismo y el Frente Grande”.
Expresa su “repudio” a la maniobra y recuerda la prescripción de la constitución local de que el defensor del pueblo “sea un funcionario con independencia y autarquía, con vocación, dedicación y reflexión desinteresada”.
Y concluye: “Más allá de los cuestionamientos que pudiera merecer la candidatura de Alicia Pierini por su defensa de los indultos a los genocidas otorgados por Menem, la maniobra en sí recuerda los peores tiempos del Concejo Deliberante”.
Uno de los actuales defensores adjuntos, Gustavo Lesbegueris, aclaró ayer a Página/12 que no fue tentado ni por Pierini ni por operadores de ella para continuar en la adjuntía como parte de un pacto. Lesbegueris recordó que está propuesto para el mismo cargo de Pierini, que es la defensoría titular, “contando con el aval de 1358 vecinos y de 96 organizaciones sociales, barriales y comunitarias, asambleas populares y comunidades escolares”.
Ex radical, Lesbegueris es del ARI. Otro candidato del ARI es Eduardo Peduto, actual legislador. Peduto ya dijo a este diario que tampoco está de acuerdo con “pactos espurios”. “No es lo mismo un consenso que un enjuague”, y menos con “quienes intentaron dinamitar el Estado argentino y el de la ciudad durante la segunda década infame, que eso fueron los años ‘90, cuando ampararon o pisotearon las conquistas políticas y sociales de los argentinos”, dijo Peduto.
“No hay ningún problema en negociar, pero lo peor es discutir sin transparencia y ocultar la negociación hacia la sociedad”, había opinado el peronista César Torre, también candidato al puesto que ocupaba Alicia Oliveira.
Otra adjunta a quien operadores de Pierini querían tentar, Diana Maffía, también desmintió ayer en declaraciones radiales su vocación de participar de un acuerdo secreto, tanto para seguir en la adjuntía como para encabezar un Instituto de la Mujer.
Uno de los mencionados en las versiones sobre el acuerdo secreto es Roque Bellomo, del Frente Grande porteño. En los últimos días el pacto fue ganando además la irritación del gobierno nacional. Primero lo trataron los asesores más cercanos al presidente Néstor Kirchner, preocupados por la posibilidad de que una de las funcionarias predilectas de Menem pudiera construir poder a partir de la Defensoría.
Página/12 pudo saber que Eduardo Valdés, ex legislador y jefe de Gabinete del canciller Rafael Bielsa, dijo a funcionarios locales y nacionales que no tiene relación con ningún acuerdo porteño.
Lo mismo sucede con el jefe de Gabinete del Presidente, Alberto Fernández, que también pasó de la Legislatura al gobierno nacional. En conversaciones con dirigentes porteños del oficialismo y la oposición, Fernández dijo no querer estamparse a un pacto al estilo de los que se tejían en el viejo Concejo Deliberante. El jefe de Gabinete fue uno de los que impulsó el apoyo nacional a la reelección de Aníbal Ibarra y aunque no lo oficializó es conocido en el Gobierno su deseo de jugar a la sucesión para el 2007.
Sin acuerdo, el gobierno porteño quedaría en libertad de construir nuevos consensos en la Legislatura aprovechando el mapa político que le dio la victoria en las elecciones del 14 de septiembre último. Habrá evitado, de paso, un costo en términos de falta de transparencia.