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“Los justicialistas somos capaces de votar sin chistar cualquier cosa. Salvo si se trata de una intervención a una provincia. Costará mucho levantar la mano por el caso Santiago del Estero si es que no hay un proyecto con la firma del Presidente”, así graficó la posición del oficialismo uno de los diputados de mayor peso del bloque del PJ. Sin embargo, todo indica que en poco más deberán concentrarse en esta posibilidad. Sobre todo después de que anoche fuentes del gobierno central aseguraran que se está evaluando la posibilidad de intervenir –por ahora– el Poder Judicial de esa provincia.
Ayer, en la habitual reunión del bloque oficialista antes de una sesión, el tema logró colarse a pesar de los deseos de la conducción. No estaba en el orden del día, sobre todo porque hasta ese momento no había una señal clara en ese sentido desde la Rosada. “Mientras sólo recibamos declaraciones mediáticas, no hay razón para comenzar a debatir”, indicó un legislador bonaerense supuestamente desinformado.
De hecho, este mismo diputado aseguró que “hasta ahora la Justicia santiagueña está trabajando bien. Entonces hay que esperar. Hasta el momento no hay noticias de gobierno. Es más, se habló con el Ministerio de Justicia y se coincidió en esperar”.
Tal vez ignorantes de lo que se hablaba en el Ejecutivo, el caso Santiago se trató ayer de manera superficial. Por caso, el mismísimo jefe de la bancada, José María Díaz Bancalari, dijo en la reunión que si bien el “remedio federal” debe aplicarse sólo cuando hay razones “seriamente justificadas”, consideró que en general “no resuelve los problemas institucionales” y mucho menos los políticos. Por supuesto que el bonaerense aclaró que jamás se opondría si el pedido llega desde la Rosada: “Pero por ahora no hay novedades”, se escudó.
El intento de Bancalari por bajarle el perfil al caso tuvo como objetivo evitar ingresar en el espinoso terreno de las internas que se potencia cuando se trata de una intervención. El duhalde-kirchnerista sabe que los legisladores tienden a pensar que, de una manera u otra, la mayoría de los distritos pueden estar en condiciones de ser intervenidos y nadie quiere generar un peligroso antecedente. Salvo, eso sí, que a algunos sectores internos esta posibilidad les convenga. Al menos así creyeron entender varios diputados luego de escuchar la exposición del menemista santiagueño José Figueroa. El diminuto legislador denunció haber sido víctima de tres amenazas de muerte. No responsabilizó al gobernador Carlos Juárez, pero deslizó la posibilidad de que proviniera del entorno del mandatario.
La reunión terminó sin que avanzara más en el caso. Claro está, ayudada por hasta ese momento la ausencia de novedades desde el gobierno central. Sin embargo, pocas horas después, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, dijo que el Gobierno “está a la expectativa” de la situación que se vive en esa provincia. Pero aclaró que “no vemos variaciones desde el punto de vista político. Desde el punto de vista del Poder Judicial, hay algunas cosas que nos preocupan, pero seguimos atentamente la situación real”.