El fiscal y los abogados querellantes ratificaron ante los jueces de la Cámara de Casación el pedido para que se revoque el sobreseimiento del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y algunos de sus funcionarios por la represión ocurrida en el Hospital Borda, en abril de 2013. “Estamos conformes con esta audiencia y esperamos que los jueces se expidan lo antes posible. Hemos pedido que se mantenga firme el procesamiento del jefe de la Policía Metropolitana, Horacio Giménez, y que se revoquen los sobreseimientos de Macri y de tres funcionarios”, dijo al término de la audiencia Luciano Fernández, dirigente de ATE agredido durante la represión.

La audiencia que abrió la Sala IV de la Cámara de Casación para que las partes (fiscalía, querella y defensa) expusieran los respectivos reclamos comenzó al mediodía y terminó dos horas después, sin que los jueces se expidieran, lo que se presume ocurrirá antes de fin de año, señalaron los abogados de la querella.

Los reclamos apuntan a que los jueces mantengan la decisión del juez Adolfo López, quien el 23 de octubre de 2014 decretó el procesamiento del comisario inspector Horacio Alberto Giménez. También solicitan que se revoque el sobreseimiento que dispuso el juez a los funcionarios políticos. La querella había acusado a la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal; al jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y a los ministros de Seguridad, Guillermo Montenegro; de Salud, Graciela Reybaud, y de Planificación Urbana, Daniel Chaín, y también al policía Ricardo Pedace.

Por la mañana, trabajadores, profesionales, pacientes del Hospital Borda y organizaciones gremiales y sociales se concentraron frente a la Cámara de Casación Penal, ubicada en Cerrito y Viamonte, a tres cuadras del Obelisco, en apoyo a ese pedido. En ese momento, y antes de ingresar al edificio, Fernández dijo que “esperaban ser escuchados, que las autoridades vayan a un juicio oral y ejerzan su derecho a legítima defensa, pero que no-sotros despejemos toda duda sobre la connivencia entre el poder político local y judicial”.

El 26 de abril de 2013, el gobierno porteño ordenó demoler el taller protegido Nº 19 ubicado en el neuropsiquiátrico situado en el barrio de Barracas, a pesar de que existía una medida cautelar que impedía tirar abajo esa instalación. Ese día, trabajadores, pacientes, médicos y legisladores se concentraron en el lugar en oposición a la demolición y en defensa de la salud pública, y la respuesta fue una fuerte represión por parte de la Policía Metropolitana en el interior mismo del centro de salud.

Fernández aseguró que en base a las pruebas recogidas por ellos y a un informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad “se pudo constatar los apremios y las lesiones llevadas a cabo por la Policía Metropolitana el 26 de abril, conducidas y dirigidas en el lugar del hecho por Giménez, Pedace y Horacio García, subsecretario de Seguridad Ciudadana”, precisó ATE en los fundamentos del reclamo. En este sentido, aclaró que se encuentran constatadas en el expediente las numerosas llamadas realizadas durante todo el día de la represión entre el jefe de la Policía, ahora procesado, y el subjefe Pedace, ambos en el lugar de los hechos, con Montenegro y Vidal, “lo que supone no sólo una ausencia de delegación de funciones, sino un absoluto conocimiento, control y dominio de la situación represiva por parte de los funcionarios”.