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En la Legislatura porteña el PRO confirmó una vez más que no urbanizará las villas de la ciudad de Buenos Aires y volvió a poner al desnudo su postura ideológica sobre el rol del Estado.

La definición tuvo lugar en ocasión de la aprobación de la ley de reforma del Código Fiscal y de aquella que modifica la normativa urbanística del Código de Planeamiento Urbano para el Barrio Cildáñez. Ambas reformas son presentadas por los funcionarios macristas como iniciativas tendientes a resolver la problemática de vivienda en la Ciudad, pero en realidad no implican la realización de ninguna obra para las 275 mil personas que hoy viven en las villas ni para las 225 mil que atraviesan otras situaciones de déficit habitacional.

El propio ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, Francisco Cabrera, ya lo había expuesto cuando defendió en la Legislatura el presupuesto de su cartera para 2015: en esa ocasión sostuvo que la voluntad del PRO era la de consolidar un nuevo paradigma en las políticas de hábitat y vivienda, que impulsara el paso de un “Estado constructor” a un “Estado promotor”, que genere las condiciones para que el mercado actúe (aunque bien sabemos que, cuando el mercado actúa libremente, sólo interviene en las áreas donde hay rentabilidad).

Por su parte, la senadora Gabriela Michetti había ido un paso más el año pasado en el programa de Mirtha Legrand, cuando sostuvo que la tarea del Estado no es urbanizar la Villa 31, sino sólo hacer la regularización dominial para que los vecinos vendan sus propiedades a los desarrolladores inmobiliarios y compren una casa en otro lugar de la Ciudad (o fuera de ella).

El Gobierno de la Ciudad tiene presupuesto suficiente para urbanizar todas y cada una de las villas de nuestra ciudad y, sin embargo, decidió no hacerlo, habiendo incluso leyes que lo obligan a avanzar en ese sentido (como la Nº 403 del año 2000, de la Villa 1-11-14; la Nº 1770, del año 2005, de la Villa 20; y la Nº 3443 del año 2009, de la Villa 31, entre otras).

Además, esto ocurre en un contexto de sistemático desfinanciamiento de los programas de vivienda: mientras que en 2008, al asumir Macri en la Ciudad, el área de vivienda tenía asignado el 3,98 por ciento del presupuesto total, el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo para 2015 prevé que esa proporción se reduzca al 2,35 por ciento. Y a su vez, del total del presupuesto que el Poder Ejecutivo tuvo asignado entre 2008 y 2013 para solucionar la problemática habitacional, 1.466.431.692 de pesos no fueron utilizados, fondos con los que se podrían haber construido más de 18.500 viviendas.

En definitiva, queda cada vez más claro que durante la gestión de Mauricio Macri el Estado ha prescindido de una responsabilidad sustancial: la de resolver la problemática de todas y cada una de las villas de la ciudad y de todas y cada una de las familias que hoy viven en condiciones de hacinamiento, en barrios donde no hay apertura de calles, cloacas, tendido eléctrico, ventilación e iluminación. Y tan evidente como que no colocaron un solo ladrillo en las villas es el hecho de que tampoco hicieron nada para mejorar la situación de las miles de personas que viven en hoteles e inquilinatos, ni tuvieron una verdadera política de créditos para facilitar el acceso a la vivienda, ni mejoraron la situación de la gran cantidad de porteños que son inquilinos.

* Legislador porteño Nuevo Encuentro-FpV.